Procuraduría pide traslado de 27 miembros de la comunidad Emberá Chamí en Huila
Hay que garantizar derechos fundamentales de comunidad Emberá Chamí ubicada en Campoalegre, Huila, advierte el Ministerio Público.
Acelerar las gestiones para trasladar a un albergue transitorio de Pitalito, Huila, a 27 miembros de la comunidad indígena Emberá Chamí en condición de vulnerabilidad en el municipio de Campoalegre, Huila, es la petición perentoria de la Procuraduría General de la Nación al Ministerio del Interior y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas – UARIV-.
En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Provincial de Neiva realizó la petición ante el riesgo de una posible afectación a sus derechos, pues no cuentan con acceso a la salud, alimentación y educación, teniendo en cuenta que desde finales de junio pasado permanecen en una casa donde solo les proveen los servicios básicos de agua, luz y gas.
En la misma acción preventiva, el Ministerio Público solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional activar las rutas y programas de protección y prevención que se requieran para garantizar su seguridad, debido a que el pasado 16 de junio fue asesinado uno de sus integrantes y otro más fue herido.
Además, requirió a la Gobernación del Huila adelantar las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones de alimentación de esa comunidad, integrada por siete familias, toda vez que el auxilio “que les ha venido entregando la alcaldía de Campoalegre no es suficiente para satisfacer sus requerimientos”.
Acelerar las gestiones para trasladar a un albergue transitorio de Pitalito, Huila, a 27 miembros de la comunidad indígena Emberá Chamí en condición de vulnerabilidad en el municipio de Campoalegre, Huila, es la petición perentoria de la Procuraduría General de la Nación al Ministerio del Interior y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas – UARIV-.
En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Provincial de Neiva realizó la petición ante el riesgo de una posible afectación a sus derechos, pues no cuentan con acceso a la salud, alimentación y educación, teniendo en cuenta que desde finales de junio pasado permanecen en una casa donde solo les proveen los servicios básicos de agua, luz y gas.
En la misma acción preventiva, el Ministerio Público solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional activar las rutas y programas de protección y prevención que se requieran para garantizar su seguridad, debido a que el pasado 16 de junio fue asesinado uno de sus integrantes y otro más fue herido.
Además, requirió a la Gobernación del Huila adelantar las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones de alimentación de esa comunidad, integrada por siete familias, toda vez que el auxilio “que les ha venido entregando la alcaldía de Campoalegre no es suficiente para satisfacer sus requerimientos”.