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La Procuraduría delegada para la Moralidad Pública prescribió la investigación que adelantaba en contra del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. La investigación había empezado el 31 de julio del 2014, por la contratación de cuatro pozos profundos en Santa Marta cuando el mandatario fue alcalde de esa ciudad. El fallo se dio por prescripción de la acción disciplinaria, debido a que pasaron cinco años y no se pudo comprobar responsabilidad alguna en contra de los investigados.
Las pesquisas habían dejado una sanción preliminar que consistió en una inhabilidad por 12 años a Caicedo, dictada en abril de 2019, cuando apenas arrancaba su carrera por la gobernación de Magdalena. La decisión fue por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de cuatro pozos profundos, que suministrarían agua potable a la capital del Magdalena, por un valor de $1.460 millones. Sin embargo, esa decisión fue apelada en segunda instancia por la defensa del gobernador, por lo que no presentó inconvenientes para su campaña electoral en 2019.
El argumento de la Procuraduría se basó en un contrato que se adjudicó de manera directa, en el marco de la declaratoria de calamidad pública que se declaró el 27 de marzo de 2014, por la sequía que afrontaba Santa Marta. De acuerdo con el ente, la firma contratada por Caicedo, al parecer, no tenía la idoneidad ni la experiencia requerida para cumplir con las características técnicas que exigía esa obra. Por esa razón, se dijo que el contratista incumplió el contrato, ya que uno de los pozos no podría entrar en funcionamiento por graves deficiencias en su construcción. La firma a la que se le adjudicó el contrato fue Ingeniería del Caribe LTDA.
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Para la Procuraduría esa presunta situación vulneró los principios de la función administrativa y de la contratación con recursos públicos. Por esos hechos también fue destituido e inhabilitado por 11 años el exgerente de Proyectos de Infraestructura de Santa Marta, Efraín de Jesús Vargas Corvacho, quien tuvo a cargo la realización de los estudios previos. El ente calificó la conducta cometida por los exfuncionarios “como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima”.
Entre tanto, la procuradora delegada para la Moralidad Pública, Olga Lucía Alfonso Velásquez, declaró la prescripción de la acción disciplinaria. Como consecuencia “terminar la actuación adelantada contra Carlos Caicedo (...), y Efraín Vargas, en sus condiciones de Alcalde y de Gerente de Infraestructura del Distrito”.
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