Programa de sustitución de cultivos ha sido acordado con las Farc: Gobierno

El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el director para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, respondieron en una carta este jueves a las críticas del componente de las Farc en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) al Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Expresaron que este no se ha hecho de “espaldas” a la exguerrilla, sino en conjunto con esta.

Según expresaron Pardo y Díaz, desde el pasado 27 de enero, cuando se puso en marcha el PNIS, las decisiones que se han tomado respecto a este tema “han sido acordadas conjuntamente”.

“La Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto, ha garantizado la participación de delegados de las Farc-EP en las múltiples reuniones de socialización, foros y mesas de trabajo que se han realizado en diferentes territorios, además de mantener espacios de análisis con representantes de organizaciones campesinas con presencia a nivel nacional”, precisa la carta enviada a las Farc.

Así, se asegura que, por petición de las propias Farc, se han hecho “acercamientos” con la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y con la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), para dar cumplimiento a los acuerdos. También menciona los compromisos “suscritos con las comunidades para la implementación del PNIS en el municipio de Tumaco”.

La polémica empezó el pasado martes cuando el componente de las Farc en el CSIVI publicó un comunicado criticando el asesinato de seis campesinos en Tumaco, Nariño, y asegurando que la comunidad de este municipio había manifestado, en repetidas ocasiones, su interés de acogerse al programa de sustitución voluntaria, con el que el Gobierno espera reemplazar 50 mil hectáreas de cultivos de coca.

“Condenamos el asesinato de campesinos y miembros de las comunidades étnicas que habitan este territorio, víctimas de la arremetida desmedida de la Fuerza Pública. Estas acciones han dejado un profundo sentimiento de temor, indignación y tristeza, al tiempo que refuerza la desconfianza de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas en el compromiso del Gobierno Nacional frente a la implementación del Acuerdo Final de Paz”, aseguró la CSIVI en el comunicado del martes.

Los miembros de las Farc en la comisión también aseguraron que “las decisiones unilaterales del Gobierno van en contravía de lo acordado en el punto 4. Solución al Problema de Drogas Ilícitas (…) que implica un cambio en el enfoque de la política antidrogas anterior, centrado en acciones represivas y de criminalización de las comunidades rurales”.

Por último, las Farc terminaron su comunicado “exigiendo” que se cumpla lo acordado en el PNIS “garantizando condiciones reales, oportunas y efectivas a las comunidades rurales y desarrolle el principio de integralidad en los términos en que se acordó. Las decisiones unilaterales del Gobierno Nacional afectan la implementación del acuerdo de paz y la confianza del país”.

El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el director para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, respondieron en una carta este jueves a las críticas del componente de las Farc en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) al Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Expresaron que este no se ha hecho de “espaldas” a la exguerrilla, sino en conjunto con esta.

Según expresaron Pardo y Díaz, desde el pasado 27 de enero, cuando se puso en marcha el PNIS, las decisiones que se han tomado respecto a este tema “han sido acordadas conjuntamente”.

“La Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto, ha garantizado la participación de delegados de las Farc-EP en las múltiples reuniones de socialización, foros y mesas de trabajo que se han realizado en diferentes territorios, además de mantener espacios de análisis con representantes de organizaciones campesinas con presencia a nivel nacional”, precisa la carta enviada a las Farc.

Así, se asegura que, por petición de las propias Farc, se han hecho “acercamientos” con la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y con la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), para dar cumplimiento a los acuerdos. También menciona los compromisos “suscritos con las comunidades para la implementación del PNIS en el municipio de Tumaco”.

La polémica empezó el pasado martes cuando el componente de las Farc en el CSIVI publicó un comunicado criticando el asesinato de seis campesinos en Tumaco, Nariño, y asegurando que la comunidad de este municipio había manifestado, en repetidas ocasiones, su interés de acogerse al programa de sustitución voluntaria, con el que el Gobierno espera reemplazar 50 mil hectáreas de cultivos de coca.

“Condenamos el asesinato de campesinos y miembros de las comunidades étnicas que habitan este territorio, víctimas de la arremetida desmedida de la Fuerza Pública. Estas acciones han dejado un profundo sentimiento de temor, indignación y tristeza, al tiempo que refuerza la desconfianza de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas en el compromiso del Gobierno Nacional frente a la implementación del Acuerdo Final de Paz”, aseguró la CSIVI en el comunicado del martes.

Los miembros de las Farc en la comisión también aseguraron que “las decisiones unilaterales del Gobierno van en contravía de lo acordado en el punto 4. Solución al Problema de Drogas Ilícitas (…) que implica un cambio en el enfoque de la política antidrogas anterior, centrado en acciones represivas y de criminalización de las comunidades rurales”.

Por último, las Farc terminaron su comunicado “exigiendo” que se cumpla lo acordado en el PNIS “garantizando condiciones reales, oportunas y efectivas a las comunidades rurales y desarrolle el principio de integralidad en los términos en que se acordó. Las decisiones unilaterales del Gobierno Nacional afectan la implementación del acuerdo de paz y la confianza del país”.