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Tras considerar que la medida del Gobierno Nacional es arbitraria por no haber realizado una consulta previa con las comunidades ancestrales afiliadas a la EPS Manexka, en su mayoría perteneciente a la etnia “Zenú”, las autoridades y los resguardos indígenas anunciaron una minga indefinida, lo que ha generado que las principales vías de los departamentos de Córdoba y Sucre se encuentren incomunicados.
No obstante, las comunidades advierten que los indígenas pertenecientes a estas etnias fueron trasladados a EPS ubicadas en otras ciudades, razón por la cual, pacientes con enfermedades del corazón, renales o diálisis estarían en riesgo por falta de atención, pues en la región son pocos los centros de atención médica.
“Se nos han violado los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso, se está desconociendo la Constitución, los acuerdos internacionales y la obligatoriedad de la aplicación de la ley indígena que por bloque Constitucional se debe adoptar”, dijo Celedonio Padilla, Capitán Mayor del pueblo indígena Zenú de Córdoba y Sucre.
Por otro lado, el Paniagua del pueblo indígena Zenú, Misael Suárez, anunció que la minga indígena seguirá de manera indefinida y advirtió que detrás de la liquidación de la EPS de propiedad indígena, hay intereses políticos.
“Nos quieren ver cómo hace 30 años atrás, cargando a nuestros enfermos en hamacas, los políticos decían que nos tenían en el bolsillo, pero nos levantamos y ya no es así. No permitiremos que a través del servicio de salud nos vuelvan a suprimir” dijo el Paniagua indígena, quien además aseguró, que las marchas seguirán extendiéndose en diferentes puntos del departamento hasta que se tomen las medidas necesarias.
Finalmente, cabe destacar que la guardia indígena le pide al Gobierno Nacional, la comunidad internacional y a las autoridades respeto por la dignidad humana, la tradición ancestral y los derechos fundamental consagrados en la constitución, donde cabe precisar que se contempla la autonomía de la autoridad indígena.
Aunque los indígenas protestas por considerar que se les violaron los derechos como minoría étnica y reclama la consulta previa para esta decisión. La Superintendencia y las autoridades desde hace varios meses estaban vigilando las irregularidades que se presentan en esta entidad. Por ejemplo, el cartel de las cirugías por el cual fueron detenidos algunos directivos de la EPS.
Además, señalan las autoridades, se han presentado casos de falsos afiliados lo que le garantizaba a la EPS el giro de recursos de la Unidad de Precio por Capitación, que es el presupuesto que gira el Estado por cada uno de los afiliados.