Pueblos indígenas entregan informe a la ONU sobre impacto del COVID-19 en sus comunidades

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura y EarthRights International, presentaron un informe a José Francisco Cali, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el fin de explicar el impacto del COVID-19 en las diferentes comunidades del país. Esto para contribuir en la elaboración de un reporte que será presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre, donde se discutirá el impacto de la pandemia en los pueblos originarios.

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Las organizaciones advirtieron sobre la situación de riesgo, no sólo de las comunidades ubicadas en zonas de frontera, también en contexto de ciudad. Agregaron que en medio de la pandemia, los pueblos se encuentran en riesgo de exterminio debido al conflicto armado en el país. Según la ONIC, al 15 de junio se reportaron 906 casos positivos de COVID-19 en 33 pueblos indígenas, de los cuales 13 se encuentran en peligro de exterminio físico y/o cultural por el conflicto armado; 4 pueblos están en riesgo de extinción al contar con una población menor a 500 personas.

Además, resaltan que antes de la pandemia, las comunidades vivían con distintos factores de vulnerabilidad como la mortalidad infantil. “Por ejemplo, en condiciones previas a la coyuntura la tasa de mortalidad infantil en la población indígena es 2,79 veces más alta que la presentada en la población no indígena”, se lee en el comunicado emitido por las organizaciones. Agregaron que la situación es más preocupante en municipios como Leticia, donde el 26,9 % de su población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas.

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En el departamento del Amazonas fueron confirmados 2.220 casos de coronavirus, según el informe emitido por el Ministerio de Salud el 25 de junio. En el caso de Leticia, su capital, fueron diagnosticadas 2.113 personas, siendo este el municipio con más casos de COVID-19 por cada 100 mil habitantes en Colombia.

En el informe, las organizaciones mencionaron que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional no cuentan con un enfoque diferencial. Agregaron que en medio de la emergencia sanitaria, el Ministerio del Interior “intentó implementar escenarios de consulta previa a través de medios virtuales”.

Es importante recordar que el 20 de abril, Alicia Arango, ministra del Interior, derogó la circular CIR2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo, con la cual se suspendían las acciones y actuaciones presenciales de los procesos de consultas previas de los proyectos, obras y actividades con las comunidades indígenas, rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Pese a esta decisión, la comunidades insisten en el informe en que “no se reconoció el carácter inconstitucional de las consultas previas virtuales”.

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Aspectos como la atención en salud y la educación también fueron mencionados por parte de las organizaciones. “El acceso a la educación de los niños niñas y jóvenes indígenas no se ha garantizado debidamente ya que según datos del censo dane 2018 sólo el 6% de los hogares indígenas tiene cobertura internet”.

Para paliar la crisis, explicaron que desde diferentes comunidades indígenas se han diseñado implementos y estrategias de bioseguridad, y atención, “basados en el trabajo espiritual, los conocimientos sobre las plantas y el territorio; así mismo, han diseñado campañas de prevención, cuidado y mitigación a partir de la medicina tradicional y los saberes ancestrales que les son propios”.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura y EarthRights International, solicitaron al Gobierno Nacional atender estas recomendaciones para garantizar los derechos de las comunidades indígenas

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura y EarthRights International, presentaron un informe a José Francisco Cali, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el fin de explicar el impacto del COVID-19 en las diferentes comunidades del país. Esto para contribuir en la elaboración de un reporte que será presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre, donde se discutirá el impacto de la pandemia en los pueblos originarios.

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Las organizaciones advirtieron sobre la situación de riesgo, no sólo de las comunidades ubicadas en zonas de frontera, también en contexto de ciudad. Agregaron que en medio de la pandemia, los pueblos se encuentran en riesgo de exterminio debido al conflicto armado en el país. Según la ONIC, al 15 de junio se reportaron 906 casos positivos de COVID-19 en 33 pueblos indígenas, de los cuales 13 se encuentran en peligro de exterminio físico y/o cultural por el conflicto armado; 4 pueblos están en riesgo de extinción al contar con una población menor a 500 personas.

Además, resaltan que antes de la pandemia, las comunidades vivían con distintos factores de vulnerabilidad como la mortalidad infantil. “Por ejemplo, en condiciones previas a la coyuntura la tasa de mortalidad infantil en la población indígena es 2,79 veces más alta que la presentada en la población no indígena”, se lee en el comunicado emitido por las organizaciones. Agregaron que la situación es más preocupante en municipios como Leticia, donde el 26,9 % de su población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas.

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En el departamento del Amazonas fueron confirmados 2.220 casos de coronavirus, según el informe emitido por el Ministerio de Salud el 25 de junio. En el caso de Leticia, su capital, fueron diagnosticadas 2.113 personas, siendo este el municipio con más casos de COVID-19 por cada 100 mil habitantes en Colombia.

En el informe, las organizaciones mencionaron que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional no cuentan con un enfoque diferencial. Agregaron que en medio de la emergencia sanitaria, el Ministerio del Interior “intentó implementar escenarios de consulta previa a través de medios virtuales”.

Es importante recordar que el 20 de abril, Alicia Arango, ministra del Interior, derogó la circular CIR2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo, con la cual se suspendían las acciones y actuaciones presenciales de los procesos de consultas previas de los proyectos, obras y actividades con las comunidades indígenas, rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Pese a esta decisión, la comunidades insisten en el informe en que “no se reconoció el carácter inconstitucional de las consultas previas virtuales”.

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Aspectos como la atención en salud y la educación también fueron mencionados por parte de las organizaciones. “El acceso a la educación de los niños niñas y jóvenes indígenas no se ha garantizado debidamente ya que según datos del censo dane 2018 sólo el 6% de los hogares indígenas tiene cobertura internet”.

Para paliar la crisis, explicaron que desde diferentes comunidades indígenas se han diseñado implementos y estrategias de bioseguridad, y atención, “basados en el trabajo espiritual, los conocimientos sobre las plantas y el territorio; así mismo, han diseñado campañas de prevención, cuidado y mitigación a partir de la medicina tradicional y los saberes ancestrales que les son propios”.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura y EarthRights International, solicitaron al Gobierno Nacional atender estas recomendaciones para garantizar los derechos de las comunidades indígenas