![Es posible denunciar ante la Fiscalía por el delito de inasistencia alimentaria, si se ha fijado previamente la cuota.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/WTUOQ5C2YBBQ7G6APFCNNI3V2Y.png?auth=a8fafb781e808947f168f8fd2ad74513419ca2282a143f51fbb4e825bf61959c&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
En un proceso de divorcio en el que ambos padres son responsables del sostenimiento de uno o varios hijos, es importante establecer una cuota alimentaria par garantizar el desarrollo integral de los menores. Esta obligación legal puede acordarse por medio de una conciliación entre padres o en un proceso judicial tras el divorcio.
El pago de la cuota se genera a partir del momento en el que se solicita y se acuerda por las partes interesadas. Si a partir de ese momento se incumple, es posible cobrar tanto el dinero que se debe, como el interés legal contemplado en el Código Civil. No obstante, mientras la cuota no esté fijada, no se podrá cobrar sino hasta el momento en que se solicite.
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¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?
La ley establece que la cuota alimentaria puede ser hasta el 50 % del salario mensual y se reparte proporcionalmente según el número de hijos que tenga el padre o madre obligado a pagar. Esta no solo incluye alimentos, sino también costos de vivienda (arriendo y servicios), educación, salud, vestuario, recreación, transporte y todo lo que el menor de edad necesite para para su desarrollo integral.
Su valor se puede incrementar o disminuir si cambian las circunstancias y necesidades del niño o si las condiciones económicas del padre o la madre se modifican.
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¿Qué ocurre si alguno de los padres se queda sin trabajo?
Si la persona que debe pagar la cuota alimentaria se queda sin trabajo o si sus ingresos se ven reducidos, debe acudir al centro zonal del ICBF más cercano al lugar en el que se encuentre el niño y solicitar una revisión de la cuota, teniendo en cuenta sus ingresos reales y las necesidades mensuales del menor.
Es importante resaltar que la inasistencia alimentaria es un delito tipificado en el Código Penal y puede generar una multa de entre 13 y 30 salarios mínimos vigentes, e incluso una pena de cárcel entre los 16 y los 54 meses.