¿Qué ha pasado tras el cierre del botadero de basura de Riohacha?
Hace un mes Corpoguajira ordenó el cierre ante las afectaciones a comunidades y el fin de su vida útil. Líderes denuncian que se sigue usando el relleno, mientras que operador busca comprobar que aun el espacio tiene capacidad.
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira ordenó el pasado 12 de agosto suspender la disposición de basuras de Riohacha, ante las afectaciones “contra el medio ambiente, los recursos naturales y la salud humana, debido a que las celdas actuales ya no cuentan con vida útil”, según indicó en su momento Samuel Lanao Robles, director de la entidad.
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Sumado a esto, el ente ambiental también advirtió que la ciudad no tiene autorización ni viabilidad ambiental para construir nuevas celdas, por lo que la empresa encargada de la recolección de la basura tendría que buscar un nuevo espacio para disponer de los residuos.
Ante esto, el operador Interaseo comenzó a llevar la basura hasta Maicao, por lo que se aumentaron los tiempos de recolección, así como se dio un alza en las tarifas del aseo. A la par, la alcaldía de Riohacha intentó, a través de una acción de tutela, pedir la suspensión de la medida preventiva, pero la acción fue negada.
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Los líderes de las comunidades aledañas al botadero han advertido que no todas las condiciones puestas por Corpoguajira se han cumplido, ya que varios de los vehículos de la empresa seguirían entrando al botadero a dejar basuras y no se estarían realizando las obras de mitigación, ni la reparación de los daños ambientales y a los vecinos, según explicó a El Heraldo el abogado José Silva, representante de la organización de Derechos Humanos Nación Wayuu.
En respuesta, el operador señala que ha subsanado todos los puntos bajo los cuales se tomó la decisión de establecer la medida preventiva en el botadero, así como tendrían estudios que comprobarían la posibilidad de ampliar la vida útil dos o tres años más.
Mientras que con respecto a la disposición de basuras en el relleno clausurado, indica que no es verdad y manifestaron que los vehículos sí siguen entrando al botadero, pero al sistema de lavado de llantas, que no tiene el relleno de Maicao.
La lucha que han dado las comunidades aledañas al botadero tiene como principal argumento las afectaciones en la salud de los indígenas a las que se suman las culturales, sociales y ambientales que ha implicado la disposición final de basuras en la capital de La Guajira.
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira ordenó el pasado 12 de agosto suspender la disposición de basuras de Riohacha, ante las afectaciones “contra el medio ambiente, los recursos naturales y la salud humana, debido a que las celdas actuales ya no cuentan con vida útil”, según indicó en su momento Samuel Lanao Robles, director de la entidad.
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Ante esto, el operador Interaseo comenzó a llevar la basura hasta Maicao, por lo que se aumentaron los tiempos de recolección, así como se dio un alza en las tarifas del aseo. A la par, la alcaldía de Riohacha intentó, a través de una acción de tutela, pedir la suspensión de la medida preventiva, pero la acción fue negada.
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Los líderes de las comunidades aledañas al botadero han advertido que no todas las condiciones puestas por Corpoguajira se han cumplido, ya que varios de los vehículos de la empresa seguirían entrando al botadero a dejar basuras y no se estarían realizando las obras de mitigación, ni la reparación de los daños ambientales y a los vecinos, según explicó a El Heraldo el abogado José Silva, representante de la organización de Derechos Humanos Nación Wayuu.
En respuesta, el operador señala que ha subsanado todos los puntos bajo los cuales se tomó la decisión de establecer la medida preventiva en el botadero, así como tendrían estudios que comprobarían la posibilidad de ampliar la vida útil dos o tres años más.
Mientras que con respecto a la disposición de basuras en el relleno clausurado, indica que no es verdad y manifestaron que los vehículos sí siguen entrando al botadero, pero al sistema de lavado de llantas, que no tiene el relleno de Maicao.
La lucha que han dado las comunidades aledañas al botadero tiene como principal argumento las afectaciones en la salud de los indígenas a las que se suman las culturales, sociales y ambientales que ha implicado la disposición final de basuras en la capital de La Guajira.