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A través de redes sociales se ha hecho viral un video que muestra el momento en el que miembros de la Policía de Risaralda y la Comisaría de Familia ingresan a una vivienda en el barrio San Vicente, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde encuentran a dos niños de 4 y 5 años que eran maltratados por su madre y su padrastro. Los hechos ocurrieron a finales del mes de enero de este año.
En el operativo se encontró que la niña presentaba quemaduras en sus brazos y hematomas en diferentes partes del cuerpo; el niño fue hallado con las manos atadas tras la espalda y varios golpes en su rostro y en el cuerpo. Tanto la madre, de 26 años, como el padrastro, de 28 años, fueron enviados a la cárcel.
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Según informó la Policía de Risaralda, en ese momento, ambos padres “fueron trasladados a las instalaciones de la Estación de Policía Santa Rosa de Cabal, con el fin de dar continuidad a la judicialización”.
La captura fue realizada el 25 de enero de este año, gracias a la denuncia realizada por allegados de la familia, quienes se percataron de los constantes maltratos a los que eran sometidos.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICFB) acompañó el procedimiento de judicialización de los padres y realizó entrevistas a los niños para adelantar el proceso de restablecimiento de derechos de los niños. Los menores fueron atendidos en un centro asistencial.
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“Tras la detención de los responsables del hecho, los niños fueron trasladados de manera inmediata al centro de salud local para recibir la valoración médica necesaria y garantizar el restablecimiento de sus derechos”, añadió la Policía de Risaralda.
La directora regional del ICBF, en Risaralda, Claudia Patricia Serna señaló que “el proceso de restablecimiento de derechos está siendo llevado por parte de la comisaría familiar del municipio y en este momento los padres fueron cobijados con medida de aseguramiento, mientras que los niños ubicados en redes familiares”.
La Fiscalía imputó a la mujer y su pareja por los delitos de tortura agravada y lesiones personales en calidad de cómplice. Ninguno de los implicados aceptó los cargos, sin embargo, debido a la contundencia de las pruebas que fueron recolectadas por las autoridades, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento carcelario.