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Los focos de la opinión pública volvieron a centrar la atención en la violencia del Cauca tras el asesinato de Jesús Antonio Montano, líder indígena misak de 53 años, quien fue hallado sin vida en zona rural de Popayán, capital del Cauca, el pasado 13 de junio, después de estar más de una semana desaparecido.
Montano, quien militó en el Partido Centro Democrático e hizo campaña a favor de Federico Gutiérrez, había denunciado supuestas presiones del frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, para que las comunidades votaran por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro.
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El cuerpo de este líder, oriundo del resguardo indígena Guambia de Silvia, fue encontrado en la vereda La Rejoya, de la capital del Cauca, donde vivía desde que salió desplazado de su comunidad por presiones de grupos armados. Esto se suma al asesinato de su hijo, el 16 de mayo de 2011, en acciones presuntamente cometidas por milicianos del frente Sexto de las Farc. Desde que salió de su resguardo, trabajó en la defensa de las víctimas de este grupo armado y en la denuncia del reclutamiento forzado y del aumento de cultivos ilícitos en el Cauca.
Según indicó Sebastián Velásquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, a la que Montano perteneció desde su fundación en 2014, el último proyecto en el que participó fue en la ruta de prevención para el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el norte del Cauca. “Era un gestor comunitario en este tema. También venía trabajando en reparaciones administrativas a las víctimas, en el marco de la Ley 1448”, dijo a El Espectador.
Su compañero en la Federación y líder indígena nasa, José Antonio Vitonás, quien fue candidato al Senado por el Centro Democrático, aseguró a este medio que Montano ya no pertenecía al resguardo indígena Guambia, a raíz de sus reparos frente a algunas organizaciones que se agrupan en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). “Ya no participaba en las actividades de la comunidad, en asambleas y en los trabajos comunitarios. Su trabajo pasó a ser independiente”, precisó. “Su lucha fue contra el abuso de autoridad y malversación de recursos. Cuando él se va, lo consideran enemigo del proyecto indígena y lo desligan”, explicó.
Antes de su desaparición, el pasado 5 de junio, Jesús Antonio Montano aseguró en un video que estaba a punto de abandonar su finca. “Hace ocho días llegaron en busca mía para tomarle fotos a mi casa”, señaló, a la vez que denunció que las disidencias de las Farc estaban intimidando a la población campesina para que votara por Gustavo Petro a la Presidencia. “Para nosotros el tema de que las Farc sigan ejerciendo control territorial en el Cauca son hechos de repetición del conflicto (…) Jesús siempre decía: ‘Aquí no hay disidencias, aquí están las Farc’”, señaló Sebastián Velásquez.
Políticos y activistas lamentaron públicamente el asesinato del líder, entre ellos el excandidato a la Presidencia Federico Gutiérrez, campaña en la cual participó Montano. “Me acaban de confirmar una triste noticia. Fue encontrado sin vida Jesús Antonio Montano, perteneciente a la comunidad indígena misak y quien apoyaba desde el Cauca mi candidatura a la Presidencia. Estaba amenazado por disidencias de las Farc por apoyarme. Qué dolor tan grande”, expresó desde su cuenta de Twitter.
Entretanto, el cabildo indígena del resguardo Guambia manifestó en un comunicado que, aunque no desconocen que Jesús Antonio Montano pertenece a la etnia misak, “existen generaciones que no le distinguen porque no trabaja en nombre del pueblo hace más de 12 años”. Por su parte, el CRIC manifestó que “la democracia que promovemos reconoce contradictores y opositores acérrimos como lo pudiera haber sido este personaje”.
José Antonio Vitonás aseguró que, bajo su punto de vista, el Gobierno tendría responsabilidad en las pocas garantías con las que contaba el líder en el momento de su muerte. “Solo tenía un chaleco, un botón de pánico y un teléfono celular. Incluso tuvo que comprar una radio con frecuencia para poder hablar con la Policía (…) En algún momento se le otorgó una persona que lo protegiera, pero en su día a día permanecía solo”, señaló. Sebastián Velásquez también dijo que, entre 2021 y 2022, Montano le compartió dos denuncias que interpuso ante la Fiscalía por amenazas, así como la solicitud de revaluación del riesgo ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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Por su parte, la UNP comunicó que el líder indígena contaba con esquema de seguridad desde hace tres años, pero que al parecer no lo estaba cuidando nadie cuando fue raptado. Esto será parte de una investigación que adelantará la Fiscalía, con un equipo de peritos y policía judicial, la cual buscará establecer las causas y los responsables del asesinato de Montano. A menos de una semana de la elección presidencial en segunda vuelta, el peligro persiste en el departamento del Cauca, que según la Alerta temprana 004 de 2022, de la Defensoría del Pueblo, tiene 27 de 43 municipios en riesgo electoral (16 de ellos con peligro extremo).
Según comunicó la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con el homicidio de Montano ya son 88 los líderes asesinados en Colombia en lo que va de 2022 y 1.315 desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc. “Estaremos atentos para que las investigaciones permitan la pronta judicialización de los responsables de este crimen. Exigimos a los grupos armados ilegales respetar la vida y el trabajo de los líderes sociales y defensores de derechos humanos”, aseveró la Defensoría del Pueblo.
