La fachada de la casa verde de Erminda Baldonado se ve intacta. A simple vista parece una vivienda regular, no muy diferente a cualquier otra de las casas construidas en la isla de San Andrés; sin embargo, al entrar, los detalles comienzan a hacerse evidentes: huecos en el techo, tapados con plástico, en un intento de detener el paso del agua; además de baldes y recipientes dispuestos en el suelo para contener las goteras. El primer cuarto tuvo que ser desocupado, en el baño quitaron la electricidad, para evitar un corto por la humedad, y solo una habitación está ocupada por el esposo de Erminda, quien fue diagnosticado con cáncer y está en un tratamiento que requiere que tenga un espacio separado en la casa. Por eso ella duerme en la sala. Muebles, ropa y enseres permanecen arrumados en otra habitación. “Me han visitado más de cinco veces de la Gobernación, pero nada que empieza la obra. Pusimos una carpa y un parche, pero igual entra el agua, entonces cuando llueve me toca sacarla y después pongo las cosas donde estaban”, cuenta Erminda Baldonado.
Su casa está en el sector de Loma Cove, uno de los más afectados por dos huracanes: el Eta, que llegó al archipiélago entre el 2 y 3 de noviembre de 2020, y el Iota, que pasó el 16 del mismo mes, alcanzando categoría cinco (la máxima en la escala Saffir-Simpson). Ambos fenómenos tuvieron más impacto en el costado occidental y sur del archipiélago y en conjunto dejaron un saldo de 2.505 casas afectadas, como la de Erminda. En la mayoría de los casos la afectación fue intermedia; es decir, si bien la estructura no quedó destruida, hubo daños significativos.
Y aunque en principio los cálculos oficiales daban cuenta de una reparación más acelerada para atender a las familias afectadas, a pocos días de que se cumpla un año del paso de los huracanes por la isla, el avance en la reconstrucción de las viviendas ha sido mínimo. Lo dijo la misma Contraloría General el pasado miércoles 20 de octubre, al señalar que de las 2.505 casas afectadas apenas han intervenido 209 (el 8,34 %). Del total de las viviendas, 2.438 deben ser reparadas integralmente y solo 177 ya lo están; es decir, el 7,26 %. Mientras que hay 32 viviendas nuevas de las 67 que se deben hacer, lo que representa un 47,76 %.
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De acuerdo con Jared Manuel Niño, coordinador de Planeación de obras de infraestructura en San Andrés, una de las razones de las demoras es que no hay mano de obra. “Hemos mandado circulares y los salarios son buenos para las personas que quieran participar en la reconstrucción, pero es muy difícil conseguir personas que quieran trabajar con la Gobernación o que tengan la experiencia que se requiere”, señala Niño. Sin embargo, para Augusto Francis, pastor y líder de la comunidad, esta dificultad con el personal se debe, en buena medida, a lo mucho que se demora la administración en pagarles a las personas, por lo que prefieren trabajar con otras empresas.
Niño sostiene, además, que la Gobernación de San Andrés y Providencia no ha recibido los recursos que necesita para realizar la intervención de las viviendas: “Llegamos al acuerdo de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encarga de conformar y traer un banco de materiales, de eso hemos recibido del 3 al 5 % de lo pactado. El dinero que necesitamos es para contratar, para que la reconstrucción marche bien y hacer una mejor proyección, pero hasta ahora tenemos tres desembolsos, el más reciente fue del 25 de octubre. Esto representa aproximadamente el 35 % del total del presupuesto que necesitamos para la reconstrucción y con ello podemos hacer un trabajo significativo”.
Esta situación llevó a que la Contraloría emitiera una alerta en el marco del seguimiento a la reconstrucción en el archipiélago. Javier Reyes Bustamante, contralor delegado para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, explica que el propósito es “decirle a la UNGRD que haga, lo más pronto posible, la disposición de recursos para el proceso de reconstrucción de la isla de San Andrés y que la Gobernación ejecute esos recursos de manera eficiente y rápida. Evidentemente hay un rezago entendible, porque priorizaron la isla de Providencia, que fue devastada en un 98 %, pero la alerta dice que ya va para un año desde la emergencia por el Iota y la cifra de reparación de vivienda en San Andrés es crítica”.
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Si bien el avance de las casas nuevas está cerca de llegar a la mitad, la construcción de estas ha sido posible por donaciones de empresas o entidades privadas. “Nosotros de lo que nos encargamos con la Gobernación es hacer todo el proceso logístico para que se construyan esas viviendas e invertimos. Los contratistas verifican que esta haya sido colapsada por el huracán y que el terreno no sea una zona de riesgo. Por ejemplo, en Punta Sur golpeó más fuerte el huracán y la mayoría de las casas colapsaron, pero no podemos volverlas a construir ahí porque es una zona de riesgo. A esas personas las vamos a reubicar en un predio de la Gobernación que está en estudio de suelos. En esta situación tenemos a trece familias”, cuenta Niño.
Otra de las dificultades en la reconstrucción de las viviendas está relacionada con la Evaluación de Daños, Análisis y Necesidades (EDAN), un registro que se hizo tras el paso de los huracanes para establecer y caracterizar las viviendas que serían intervenidas, que está a cargo de la UNGRD. Algunas personas denuncian que, aunque al principio estuvieron incluidas en el EDAN, ya no aparecen. Ese es el caso de Margarita Hooker, quien tiene que permanecer la mayor parte del día en la entrada de su casa porque la humedad no le permite estar adentro, e incluso tuvo que quitar la electricidad, por seguridad. Tiene un plástico para reforzar lo que quedó del techo, pero este no impide la entrada del agua a la vivienda, tanto así que ha ido deteriorando las paredes y oxidado sus electrodomésticos. En estas condiciones ha vivido por casi un año. “Llegaron, midieron, me tomaron fotos y ahora me dicen que no estoy en la EDAN, cuando me prometieron que mi casa sería una de las primeras. La casa se me está cayendo y me estoy mojando”, relata Margarita. Como su caso no es el único, la Gobernación le pidió a la UNGRD que reabriera el registro de la EDAN para que de esta forma todos los damnificados estén incluidos, asegura Augusto Francis. Para este proceso se tendrá en cuenta que las personas estén en el Registro Único de Damnificados y se validará que efectivamente hayan sido afectados por los huracanes, aunque estas obras se realizarían en otra fase del proyecto.
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Francis también advierte que en el listado que envió la Secretaría de Gobierno con las familias que fueron atendidas aparecen cerca de veinte casos de personas que no recibieron ayuda del gobierno departamental, sino que arreglaron sus viviendas con recursos propios. Frente a esta situación la Contraloría dice no tener conocimiento, puesto que no se entabló una denuncia formal. “Para nosotros es muy importante la información de la ciudadanía, pueden hacerlo por la página web o mediante un correo. El llamado es a que denuncien y nos cuenten formalmente”, puntualiza el contralor Reyes.
Los reclamos y denuncias de los habitantes de la isla se escuchan con más fuerza a pocos días de cumplirse un año del paso del Iota. Piden soluciones y que la reconstrucción sea más rápida, sobre todo porque las lluvias se intensifican entre octubre y noviembre. “Si tuviéramos la plata la habríamos arreglado hace tiempo, pero no la tenemos. Por eso pedimos que agilicen el proceso, porque llevamos así mucho tiempo y ya estoy cansada de sacar agua”, finaliza Erminda Baldonado.