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Las autoridades anunciaron que reforzarán la seguridad en Córdoba, tras el ataque a siete sucursales de la cadena de droguerías La Economía, que se presentaron en Montería, San Pelayo, San Carlos, Cereté y Ciénaga de Oro, luego de que, al parecer, los propietarios se negaron a pagar extorsiones.
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Los ataques se presentaron simultáneamente, en la mañana del pasado lunes 22 de abril. Sujetos armados dispararon contra las fachadas de los establecimientos y en algunos casos intimidaron a los empleados y los obligaron a cerrar las droguerías. No hubo personas heridas, pero la acción violenta generó temor en la comunidad.
“Los hechos están relacionados con temas de extorsión y la responsabilidad de estos eventos corresponde a la subestructura Javier Yepes Cantero del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo”, dijo el coronel Carlos García Suárez, comandante de la Policía Metropolitana de Montería.
Sumado a esto, las autoridades indicaron que alrededor de 100 uniformados fueron desplegados en las zonas donde se presentaron los ataques, así como García Suárez aseguró que las autoridades ya adelantan las investigaciones para dar con los responsables de los hechos.
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“Desde el primer día de este año se han venido generando acciones contra de la extorsión, teniendo resultados significantes en el desarrollo de operaciones que ha realizado el Gaula de la Policía, como también hemos desarrollado operaciones con el Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación, en las jurisdicciones de Montería, Ciénaga de Oro, Cereté, San Carlos y Pelayo”, argumentó el comandante de la Policía de Montería.
Adicionalmente, el secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba, Gabriel Méndez, señaló que para este martes se tiene previsto un consejo de seguridad para tomar acciones conjuntas para enfrentar los problemas de extorsiones en el departamento.
Una alerta de la Defensoría del Pueblo ya había llamado la atención por la expansión de la estructura Javier Yepes Cantero por los municipios de Montería, Cereté y Planeta Rica, así como por el Medio Sinú y Sabanas, donde tienen el control de las rentas criminales.