Relleno sanitario El Carrasco: el cierre que no se ha dado

Una nueva fecha límite se cumplió esta semana para el cierre definitivo del relleno sanitario El Carrasco y, sin embargo, el botadero sigue operando. Se trata de una larga batalla que debió saldarse hace tres meses, cuando un juez determinó el 14 de agosto como plazo máximo para el cierre, debido a los problemas estructurales que presentaba el lugar. De los 16 municipios que normalmente disponían las basuras en el lugar, 11 lo continúan haciendo, entre esos los municipios de Bucaramanga y el área metropolitana. Por esto, una vez más el juez 15 administrativo de la capital santandereana había reiterado el pasado 27 de octubre el llamado a los mandatarios a cumplir con el cierre y a entregar información del funcionamiento del sitio antes del 10 de noviembre. De acuerdo con el juez, en caso de que ocurra algún impacto ambiental negativo, la responsabilidad deberá ser asumida por quienes continúan disponiendo allí.

En agosto, de los 16 municipios que normalmente disponían sus basuras en El Carrasco, ocho notificaron en sus planes de contingencia que enviarían los residuos a Aguachica. Sin embargo, tanto los habitantes, como el alcalde des este municipio, Róbinson Manosalva, impidieron el ingreso de las basuras, por lo que nuevamente estas fueron a dar a El Carrasco, en medio de declaratorias de calamidad pública. Los argumentos de los mandatarios se basan en que por el momento no hay otro lugar que pueda reemplazar el relleno sanitario, que normalmente recibía 1.000 toneladas de basuras al día.

La Procuraduría también manifestó su preocupación, luego de realizar una visita técnica al relleno sanitario liderada por la procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Olga Lucía Patín Cure, quien evidenció “falencias e improvisaciones en las adecuaciones para continuar disponiendo en el relleno sanitario”. En entrevista con El Espectador, la procuradora dio detalles de la situación de El Carrasco.

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¿Qué encontraron en la visita técnica a El Carrasco?

Primero se corroboró que, a pesar de la orden del juez que dio como última fecha para disponer residuos el 14 de agosto de 2021, los municipios continuaron llevando los residuos sólidos a El Carrasco. Este sitio hace muchos años tiene esa orden de cierre, sin embargo, en 2018 hubo un derrumbe que generó una serie de afectaciones al medio ambiente y la salud pública, los sistemas para el control de gases y lixiviados se vieron afectados. Dicha situación forzó a continuar disponiendo residuos sólidos, pero con el único propósito de estabilizar la celda. La ANLA, en atención al seguimiento y control que venía realizando, manifestó en su momento que la celda ya se encontraba estable, por lo tanto, actualmente no existe razón alguna para continuar disponiendo, situación que también fue advertida por el juez popular. Continuar con la disposición pone en riesgo la estabilización alcanzada. Resulta pertinente advertir que El Carrasco no tiene la infraestructura completa, con todas las disposiciones técnicas que la ley exige para que pueda recibir residuos sólidos.

¿Qué consecuencias hay para los alcaldes y las empresas prestadoras del servicio de aseo al incumplir la orden judicial?

Las decisiones judiciales son de obligatorio cumplimiento tanto para los particulares como para las autoridades públicas. Estamos frente a una orden de un juez y precisamente incumplirla acarrea multas y sanciones a nivel general. Actualmente, para el caso específico, estamos a la espera de que el juez resuelva el incidente de desacato, es decir, si declara o no el incumplimiento. Si llegase a declararlo, están expuestos a la imposición de multas. En materia disciplinaria, por el momento no podemos hablar de sanciones específicas, porque se está evaluando un informe de todas las acciones que ha adelantado la Procuraduría en esfera preventiva y en este sentido establecer cuáles son las eventuales conductas reprochables disciplinariamente.

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¿Se abrió una investigación disciplinaria al alcalde de Aguachica por presuntamente oponerse a recibir las basuras de Santander?

Al alcalde de Aguachica se le abrió una investigación disciplinaria por la presunta violación a las normas que regulan la materia, especialmente el decreto 1077 de 2015, que establece que los prestadores del servicio público de aseo, los entes territoriales y las autoridades ambientales no pueden negar el acceso a los rellenos sanitarios, salvo por razones técnicas que así lo justifiquen. Por otro lado, también tenemos unos videos donde el alcalde está manifestando que se va a oponer al ingreso de los camiones que venían con las basuras de los diferentes municipios, eso también es una eventual falta disciplinaria porque estaría infringiendo la libre circulación de los camiones en vías públicas y el acceso a un predio privado como es el relleno sanitario de allá.

¿Cómo materializar el cierre de El Carrasco?

A lo que tenemos que apostarle en estos momentos es a la búsqueda de un sitio de disposición final que cumpla con todos los requisitos legales, así como lo ha ordenado el juez y se lo han manifestado los diferentes entes a los alcaldes. Ya se han hecho estudios que han arrojado diferentes alternativas, sin embargo, no ha habido la voluntad política por parte de los alcaldes de materializar esas otras opciones viables. Los alcaldes tienen que trabajar conjuntamente en pro de la búsqueda de otro sitio de disposición final al que se le otorgue la licencia ambiental para poder operar.

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¿Cuáles son esas otras alternativas?

Nos han manifestado que hay un sitio en Girón que ya tiene una licencia ambiental por parte de un operador privado, pero desafortunadamente está suspendido por una tutela. Hay otro sitio en Lebrija, pero no ha habido acciones en torno al trámite que involucra poder iniciar un relleno sanitario. Hay algo que no podemos desconocer y es que siempre va a existir una negativa de las comunidades alrededor de un relleno. Por eso los alcaldes deben construir una socialización que le permita a la comunidad conocer de primera mano el proyecto. Tenemos la idea de que un relleno es un basurero a cielo abierto y no, actualmente las normas y las autoridades son muy exigentes para que la gente no se vea afectada por tener cerca un relleno sanitario. Ningún alcalde quiere rellenos sanitarios en sus municipios, pero entonces esos municipios generan residuos sólidos, así que no pueden seguir con la negativa toda vez que tiene el deber de garantizar una eficiente prestación de los servicios públicos.

Una nueva fecha límite se cumplió esta semana para el cierre definitivo del relleno sanitario El Carrasco y, sin embargo, el botadero sigue operando. Se trata de una larga batalla que debió saldarse hace tres meses, cuando un juez determinó el 14 de agosto como plazo máximo para el cierre, debido a los problemas estructurales que presentaba el lugar. De los 16 municipios que normalmente disponían las basuras en el lugar, 11 lo continúan haciendo, entre esos los municipios de Bucaramanga y el área metropolitana. Por esto, una vez más el juez 15 administrativo de la capital santandereana había reiterado el pasado 27 de octubre el llamado a los mandatarios a cumplir con el cierre y a entregar información del funcionamiento del sitio antes del 10 de noviembre. De acuerdo con el juez, en caso de que ocurra algún impacto ambiental negativo, la responsabilidad deberá ser asumida por quienes continúan disponiendo allí.

En agosto, de los 16 municipios que normalmente disponían sus basuras en El Carrasco, ocho notificaron en sus planes de contingencia que enviarían los residuos a Aguachica. Sin embargo, tanto los habitantes, como el alcalde des este municipio, Róbinson Manosalva, impidieron el ingreso de las basuras, por lo que nuevamente estas fueron a dar a El Carrasco, en medio de declaratorias de calamidad pública. Los argumentos de los mandatarios se basan en que por el momento no hay otro lugar que pueda reemplazar el relleno sanitario, que normalmente recibía 1.000 toneladas de basuras al día.

La Procuraduría también manifestó su preocupación, luego de realizar una visita técnica al relleno sanitario liderada por la procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Olga Lucía Patín Cure, quien evidenció “falencias e improvisaciones en las adecuaciones para continuar disponiendo en el relleno sanitario”. En entrevista con El Espectador, la procuradora dio detalles de la situación de El Carrasco.

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¿Qué encontraron en la visita técnica a El Carrasco?

Primero se corroboró que, a pesar de la orden del juez que dio como última fecha para disponer residuos el 14 de agosto de 2021, los municipios continuaron llevando los residuos sólidos a El Carrasco. Este sitio hace muchos años tiene esa orden de cierre, sin embargo, en 2018 hubo un derrumbe que generó una serie de afectaciones al medio ambiente y la salud pública, los sistemas para el control de gases y lixiviados se vieron afectados. Dicha situación forzó a continuar disponiendo residuos sólidos, pero con el único propósito de estabilizar la celda. La ANLA, en atención al seguimiento y control que venía realizando, manifestó en su momento que la celda ya se encontraba estable, por lo tanto, actualmente no existe razón alguna para continuar disponiendo, situación que también fue advertida por el juez popular. Continuar con la disposición pone en riesgo la estabilización alcanzada. Resulta pertinente advertir que El Carrasco no tiene la infraestructura completa, con todas las disposiciones técnicas que la ley exige para que pueda recibir residuos sólidos.

¿Qué consecuencias hay para los alcaldes y las empresas prestadoras del servicio de aseo al incumplir la orden judicial?

Las decisiones judiciales son de obligatorio cumplimiento tanto para los particulares como para las autoridades públicas. Estamos frente a una orden de un juez y precisamente incumplirla acarrea multas y sanciones a nivel general. Actualmente, para el caso específico, estamos a la espera de que el juez resuelva el incidente de desacato, es decir, si declara o no el incumplimiento. Si llegase a declararlo, están expuestos a la imposición de multas. En materia disciplinaria, por el momento no podemos hablar de sanciones específicas, porque se está evaluando un informe de todas las acciones que ha adelantado la Procuraduría en esfera preventiva y en este sentido establecer cuáles son las eventuales conductas reprochables disciplinariamente.

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¿Se abrió una investigación disciplinaria al alcalde de Aguachica por presuntamente oponerse a recibir las basuras de Santander?

Al alcalde de Aguachica se le abrió una investigación disciplinaria por la presunta violación a las normas que regulan la materia, especialmente el decreto 1077 de 2015, que establece que los prestadores del servicio público de aseo, los entes territoriales y las autoridades ambientales no pueden negar el acceso a los rellenos sanitarios, salvo por razones técnicas que así lo justifiquen. Por otro lado, también tenemos unos videos donde el alcalde está manifestando que se va a oponer al ingreso de los camiones que venían con las basuras de los diferentes municipios, eso también es una eventual falta disciplinaria porque estaría infringiendo la libre circulación de los camiones en vías públicas y el acceso a un predio privado como es el relleno sanitario de allá.

¿Cómo materializar el cierre de El Carrasco?

A lo que tenemos que apostarle en estos momentos es a la búsqueda de un sitio de disposición final que cumpla con todos los requisitos legales, así como lo ha ordenado el juez y se lo han manifestado los diferentes entes a los alcaldes. Ya se han hecho estudios que han arrojado diferentes alternativas, sin embargo, no ha habido la voluntad política por parte de los alcaldes de materializar esas otras opciones viables. Los alcaldes tienen que trabajar conjuntamente en pro de la búsqueda de otro sitio de disposición final al que se le otorgue la licencia ambiental para poder operar.

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¿Cuáles son esas otras alternativas?

Nos han manifestado que hay un sitio en Girón que ya tiene una licencia ambiental por parte de un operador privado, pero desafortunadamente está suspendido por una tutela. Hay otro sitio en Lebrija, pero no ha habido acciones en torno al trámite que involucra poder iniciar un relleno sanitario. Hay algo que no podemos desconocer y es que siempre va a existir una negativa de las comunidades alrededor de un relleno. Por eso los alcaldes deben construir una socialización que le permita a la comunidad conocer de primera mano el proyecto. Tenemos la idea de que un relleno es un basurero a cielo abierto y no, actualmente las normas y las autoridades son muy exigentes para que la gente no se vea afectada por tener cerca un relleno sanitario. Ningún alcalde quiere rellenos sanitarios en sus municipios, pero entonces esos municipios generan residuos sólidos, así que no pueden seguir con la negativa toda vez que tiene el deber de garantizar una eficiente prestación de los servicios públicos.