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Durante un operativo realizado entre lunes y martes, la Policía de Infancia y Adolescencia de Bucaramanga rescató a 28 menores que se encontraban en situación de mendicidad en varios semáforos de la ciudad, según informó el personero Rafael Picón, quien además indicó que las edades de los niños oscilan entre los 0 y los 24 meses.
Los menores, en su mayoría de nacionalidad venezolana, fueron llevados al Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), que les brinda asistencia. Luego de la verificación de derechos adelantada por las Defensorías de Familia del Centro Zonal Luis Carlos Galán, fueron abiertos procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD) por diferentes vulneraciones a 13 menores de edad. De los que siete están en su medio familiar, cinco fueron ubicados en hogares sustitutos y uno ingresó a otra institución de protección.
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Los 15 menores faltantes fueron devueltos a sus familias, luego de que sus padres fueran amonestados por el Defensor de Familia. Esto significa que deberán asistir a un curso de buenas prácticas de crianza.
"Los profesionales de la Regional Santander del ICBF harán seguimiento a cada uno de estos casos. Vale aclarar que no se requiere abrir PARD a un menor cuando se verifica que la familia es un entorno protector. Hacemos un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho que pueda vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes o que ponga en riesgo su integridad y su vida", manifestó la institución.
El operativo se hace luego de que el exconcejal Jaime Andrés Beltrán, tras una investigación de seis meses, dijera públicamente a principio de semana que se trata de un negocio de alquiler de menores para la mendicidad.
“Estamos frente al delito de trata de personas bajo la modalidad de mendicidad ajena, que consiste en utilizar a terceros para pedir limosna y usar ese dinero para el beneficio propio”, expresó Beltrán.
El exfuncionario agregó que además de los niños, también alquilan lugares. “A eso se suma el método de uso de drogas no prescritas para que los niños se mantengan en calma. Revelamos esta denuncia porque queremos que el ICBF y la Policía asuman acciones directas”.
Por su parte, el personero de la capital de Santander sostuvo que se trata de una situación que no tiene nacionalidad. "No importa de qué parte del mundo sean los menores, pero sus derechos son intocables y es algo imperdonable”, dijo.
Según Picón, ya habrían identificado a una red de personas que se dedican al alquiler de menores, así como la droguería que supuestamente facilita el comercio de los medicamentos sin fórmula médica o restricción alguna.
Este miércoles 23 de julio se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que participó Personería, Fiscalía, Ejército, Migración Colombia e ICBF. Al finalizar, la subsecretaria del Interior, Luz Esperanza Bernal, desmintió las denuncias.
“En la reunión se analizó con las autoridades competentes el tema de los menores venezolanos con el fin de continuar con las estrategias que estamos aplicando desde el año pasado. Es importante aclarar que en la información dada no encontramos casos de trata de personas para la mendicidad”, señaló.
La funcionaria enfatizó en que los menores encontrados en las calles y semáforos estaban con sus padres y familiares, y no a mano de terceros como lo aseguraron anteriormente.
Luego del Consejo, el personero manifestó su preocupación por la falta de integración entre la Policía y el ICBF. “El Instituto culmina labores a las 5:00 p.m. Si la Policía encuentra un niño con sus derechos vulnerados después de esa hora, no tiene a dónde conducirlo. Lo mismo ocurre los fines de semana. Cuando la Policía encuentra un niño vulnerado un viernes, le toca esperar hasta el lunes que vuelve a dar atención. Mientras tanto, el niño se ve obligado a quedarse en alguna comisaría. Por ley, el ICBF debe disponer un grupo de atención y reacción para estos casos las 24 horas”.
Por lo pronto, la Policía de Bucaramanga y la Personería continuarán con el desarrollo de tres operativos semanales denominados “Plan semáforos”, “Plan Parques” y “Plan Establecimientos de Comercio”, con los que, aseguró Picón, no se vulnerará los derechos de la población migrante en estado de mendicidad.