Resguardando a los emberas

Un nuevo capítulo parece abrirse camino en la historia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El Tribunal Superior de Antioquia profirió hace tres días una sentencia histórica en favor de las comunidades indígenas: más de 50.000 hectáreas tendrán que ser restituidas al resguardo embera katío del Alto Andágueda, en el Chocó.

La decisión judicial tiene tres aspectos que la hacen trascendental: primero, porque protege los derechos de una comunidad indígena de más de 7 mil habitantes; segundo, porque afecta los intereses de poderosas empresas mineras; y tercero, porque constituye la restitución más grande ordenada desde que se promulgó la ley 1448 de 2011. Incluso, esta sola determinación devuelve a sus dueños originales casi el doble de lo restituido en todo el país a través de 500 sentencias.

Hasta el pasado miércoles, en los tres años que lleva la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se habían restituido 28.582 hectáreas en todo el país, hoy la cifra llega a 78.582 hectáreas, por cuenta de la decisión tomada por tres magistrados de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, con ponencia del magistrado Vicente Landínez Lara.

Son 33 las comunidades beneficiadas y están divididas en tres zonas que albergan 1.454 familias y representan 7.270 personas. El resguardo embera katío del río Andágueda está ubicado en el municipio de Bagadó (Chocó), una región selvática rica en recursos hídricos y oro. A finales de los años 70 el resguardo se constituyó mediante resolución del Incora (hoy Incoder), que le asignó 50.000 hectáreas, que corresponden al 50% del territorio del municipio de Bagadó.

Sin embargo, la riqueza de la zona trajo la guerra. Primero fueron las guerrillas. Las Farc, el Ejercito de Revolución Guevarista y especialmente el Eln dominaron la zona por años. En los años 90, con la aparición de los paramilitares, los territorios sagrados de los emberas se convirtieron en un campo de batalla. Las violaciones a los derechos humanos son extensas y abrumadoras. Masacres, desplazamientos, asesinatos selectivos, torturas, violaciones y cuanta práctica horrorosa se conoció en Colombia, se aplicaron allí.

La guerra en Bagadó fue implacable. Guerrillas, narcotraficantes y hasta miembros de las Fuerzas Armadas sometieron a la población indígena a una sangrienta presión. Y fue en 1999 cuando está violencia llegó a su punto máximo, con la llegada de los bloques Élmer Cárdenas y Calima de las Auc. Los combates se volvieron el diario vivir de los emberas. Los asesinatos de sus líderes ocurrieron con mayor frecuencia y la minería ilegal y el narcotráfico amenazaron las tradiciones de una de las más extensas familias indígenas.

La situación se hizo insostenible y empezaron los desplazamientos. Muchas familias se fueron para Medellín, otras a Bogotá y pocas se dispersaron por el Chocó. Con los territorios del resguardo abandonados vino el interés de la empresas mineras, que se repartieron el territorio.

Según consta en la sentencia, desde 2008 el gobierno del presidente Álvaro Uribe empezó una intensa concesión de títulos mineros y entregó el 62% del resguardo (31.000 hectáreas) a firmas como Leo, Anglogold Ashanti, Exploraciones Chocó Colombia, Costa, El Molino, Sociedad Góngora, Anglogold American Colombia, Capricornio, Negocios Mineros y Enoc Efraín Maturana Rivas y Óscar Andrés Hortúa.

Durante el proceso jurídico, los emberas fueron acompañados por la Unidad de Restitución de Tierras y varias de las empresas anteriormente mencionadas se presentaron como opositores. Alegaron que consiguieron los títulos mineros conforme a la ley, que nada tuvieron que ver con el conflicto armado y hasta argumentaron que el subsuelo es del Estado y no de los pueblos indígenas. Como era de esperarse, la Procuraduría respaldó las pretensiones de los empresarios, pero el fallo cayó del otro lado del río.

Para Ricardo Sabogal, director de la Unidad para la Restitución de Tierras, este “es un fallo sin precedentes en la historia del país, porque estas comunidades han sido victimizadas durante muchos años y desgraciadamente no tenían el mecanismo mediante el cual pudieran proteger sus tierras. Este pronunciamiento es el primero en que un juez de la República ordena restituir un territorio a una comunidad étnica que ha sufrido mucho”.

Sabogal también explicó que “en esa zona, todos los males del mundo se juntaron para afectar a esta comunidad: los desplazó la violencia, luego llegó la minería criminal ilegal y esto los obligó a estar fuera de sus territorios. Gracias a esta sentencia, ellos van a poder regresar a sus tierras. Ahora bien, si va a haber intervención minera, se va a hacer de acuerdo con la ley. Si van a intervenir, ya tendrán que hacer una consulta previa con la comunidad para que ellos puedan participar de las decisiones que afectan su territorio. Llegó el momento de tomarnos los derechos en serio, los derechos de las comunidades indígenas”, refirió el funcionario.

En la histórica sentencia, que ordena más de 30 medidas para proteger a las comunidades y garantizar su efectivo retorno, los magistrados ordenaron suspender los títulos y concesiones mineras que operan dentro del resguardo, llevar los programas sociales del Estado, construir puestos de salud, casas, albergues temporales y hasta presentar un plan de protección de los principales líderes de las comunidades; sacar a los particulares que desarrollan actividades mineras y determinar cuáles son actividades de minería legal o ilegal, entre otras decisiones. 

amolano@elespectador.com

@AlfredoMolanoJI

Un nuevo capítulo parece abrirse camino en la historia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El Tribunal Superior de Antioquia profirió hace tres días una sentencia histórica en favor de las comunidades indígenas: más de 50.000 hectáreas tendrán que ser restituidas al resguardo embera katío del Alto Andágueda, en el Chocó.

La decisión judicial tiene tres aspectos que la hacen trascendental: primero, porque protege los derechos de una comunidad indígena de más de 7 mil habitantes; segundo, porque afecta los intereses de poderosas empresas mineras; y tercero, porque constituye la restitución más grande ordenada desde que se promulgó la ley 1448 de 2011. Incluso, esta sola determinación devuelve a sus dueños originales casi el doble de lo restituido en todo el país a través de 500 sentencias.

Hasta el pasado miércoles, en los tres años que lleva la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se habían restituido 28.582 hectáreas en todo el país, hoy la cifra llega a 78.582 hectáreas, por cuenta de la decisión tomada por tres magistrados de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, con ponencia del magistrado Vicente Landínez Lara.

Son 33 las comunidades beneficiadas y están divididas en tres zonas que albergan 1.454 familias y representan 7.270 personas. El resguardo embera katío del río Andágueda está ubicado en el municipio de Bagadó (Chocó), una región selvática rica en recursos hídricos y oro. A finales de los años 70 el resguardo se constituyó mediante resolución del Incora (hoy Incoder), que le asignó 50.000 hectáreas, que corresponden al 50% del territorio del municipio de Bagadó.

Sin embargo, la riqueza de la zona trajo la guerra. Primero fueron las guerrillas. Las Farc, el Ejercito de Revolución Guevarista y especialmente el Eln dominaron la zona por años. En los años 90, con la aparición de los paramilitares, los territorios sagrados de los emberas se convirtieron en un campo de batalla. Las violaciones a los derechos humanos son extensas y abrumadoras. Masacres, desplazamientos, asesinatos selectivos, torturas, violaciones y cuanta práctica horrorosa se conoció en Colombia, se aplicaron allí.

La guerra en Bagadó fue implacable. Guerrillas, narcotraficantes y hasta miembros de las Fuerzas Armadas sometieron a la población indígena a una sangrienta presión. Y fue en 1999 cuando está violencia llegó a su punto máximo, con la llegada de los bloques Élmer Cárdenas y Calima de las Auc. Los combates se volvieron el diario vivir de los emberas. Los asesinatos de sus líderes ocurrieron con mayor frecuencia y la minería ilegal y el narcotráfico amenazaron las tradiciones de una de las más extensas familias indígenas.

La situación se hizo insostenible y empezaron los desplazamientos. Muchas familias se fueron para Medellín, otras a Bogotá y pocas se dispersaron por el Chocó. Con los territorios del resguardo abandonados vino el interés de la empresas mineras, que se repartieron el territorio.

Según consta en la sentencia, desde 2008 el gobierno del presidente Álvaro Uribe empezó una intensa concesión de títulos mineros y entregó el 62% del resguardo (31.000 hectáreas) a firmas como Leo, Anglogold Ashanti, Exploraciones Chocó Colombia, Costa, El Molino, Sociedad Góngora, Anglogold American Colombia, Capricornio, Negocios Mineros y Enoc Efraín Maturana Rivas y Óscar Andrés Hortúa.

Durante el proceso jurídico, los emberas fueron acompañados por la Unidad de Restitución de Tierras y varias de las empresas anteriormente mencionadas se presentaron como opositores. Alegaron que consiguieron los títulos mineros conforme a la ley, que nada tuvieron que ver con el conflicto armado y hasta argumentaron que el subsuelo es del Estado y no de los pueblos indígenas. Como era de esperarse, la Procuraduría respaldó las pretensiones de los empresarios, pero el fallo cayó del otro lado del río.

Para Ricardo Sabogal, director de la Unidad para la Restitución de Tierras, este “es un fallo sin precedentes en la historia del país, porque estas comunidades han sido victimizadas durante muchos años y desgraciadamente no tenían el mecanismo mediante el cual pudieran proteger sus tierras. Este pronunciamiento es el primero en que un juez de la República ordena restituir un territorio a una comunidad étnica que ha sufrido mucho”.

Sabogal también explicó que “en esa zona, todos los males del mundo se juntaron para afectar a esta comunidad: los desplazó la violencia, luego llegó la minería criminal ilegal y esto los obligó a estar fuera de sus territorios. Gracias a esta sentencia, ellos van a poder regresar a sus tierras. Ahora bien, si va a haber intervención minera, se va a hacer de acuerdo con la ley. Si van a intervenir, ya tendrán que hacer una consulta previa con la comunidad para que ellos puedan participar de las decisiones que afectan su territorio. Llegó el momento de tomarnos los derechos en serio, los derechos de las comunidades indígenas”, refirió el funcionario.

En la histórica sentencia, que ordena más de 30 medidas para proteger a las comunidades y garantizar su efectivo retorno, los magistrados ordenaron suspender los títulos y concesiones mineras que operan dentro del resguardo, llevar los programas sociales del Estado, construir puestos de salud, casas, albergues temporales y hasta presentar un plan de protección de los principales líderes de las comunidades; sacar a los particulares que desarrollan actividades mineras y determinar cuáles son actividades de minería legal o ilegal, entre otras decisiones. 

amolano@elespectador.com

@AlfredoMolanoJI