“Retención de soldados en Tibú responde a una protesta de los campesinos”
Los campesinos de la zona denuncian que uniformados del Ejército les han impedido la movilidad en el lugar, han hurtado pertenencias y que presuntamente intentaron violar una mujer.
A raíz de la situación que se presenta en Tibú, Norte de Santander, donde cerca de 600 campesinos retuvieron a más de 100 soldados, la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCCAM, respondieron a los señalamientos que se han hecho en su contra por parte del Ejército.
Las dos instituciones manifestaron su preocupación ante la tensa situación que se vive en la vereda Chiquinquirá, en el municipio de Tibú. Según ellos, miembros del Ejército Nacional se encuentran desde el 26 de octubre “realizando acciones de erradicación manual, violenta y forzada de cultivos de uso ilícitos”. A raíz de esta situación, las comunidades campesinas de la zona decidieron “manifestarse de manera pacífica y espontánea”.
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Pese a esto, el comandante de la Segunda División del Ejército, general Omar Sepúlveda, sostuvo que lo que están haciendo los campesinos responde a un secuestro. En las primeras declaraciones que dio el uniformado manifestó públicamente que tanto ASCAMCAT y COCCAM secuestraron a los uniformados y que además “son asociaciones campesinas pero dedicadas al negocio ilícito del narcotráfico”.
En respuesta a las afirmaciones hechas por el comandante las asociaciones respondieron que lo dicho es “desproporcionado dado que es imposible el supuesto hecho punible en contra de 180 hombres que portan armas de fuego de largo alcance y cuentan con entrenamiento especial para este tipo de situaciones”.
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El general Sepúlveda había explicado anteriormente que solo hacen “uso legítimo de las armas cuando somos agredidos de la misma manera’. Un flujo de 600 campesinos rodea las unidades y ellos pensarán que van a responder con sus armas. En defensa de los derechos humanos no vamos a usar nuestras armas contra los campesinos”.
Para ASCAMCAT y COCCAM, las afirmaciones que se han hecho a raíz de la situación “configuran calumnia en contra de ambas organizaciones sociales y de las comunidades campesinas que reclaman ante los cumplimientos del Gobierno Nacioanal”. Asimismo, denunciaron que los militares en el lugar han “impedido la libre locomoción, han hurtado las pertenencias y se han registrado un intento de violación en contra de una mujer campesina en el sector”.
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Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander hace presencia en el lugar tratando de mediar con los campesinos y así dejar libres a los más de 100 uniformados (la alcaldía de Tibú dice que son 104, mientras que el Ejército afirma que son 180).
El Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo, rechazó la situación y señaló que se trata de “un hecho que es repudiable porque bajo ninguna circunstancia a ninguna persona se le puede restringir la movilidad, la circulación. Vamos avanzando en las mesas de diálogo para que se avance también en la erradicación manual”.
ASCAMCAT y COCCAM le solicitan al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, que convoque a una mesa campesina, agropecuaria, minera y de paz, con presencia de entidades locales y nacionales que suscribieron los acuerdos del Programa Nacional Integral de Sustitución- PNIS. Según ellos, no se ha hecho el seguimiento respectivo para verificar el cumplimiento de la sustitución de los cultivos ilícitos en el lugar.
A raíz de la situación que se presenta en Tibú, Norte de Santander, donde cerca de 600 campesinos retuvieron a más de 100 soldados, la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCCAM, respondieron a los señalamientos que se han hecho en su contra por parte del Ejército.
Las dos instituciones manifestaron su preocupación ante la tensa situación que se vive en la vereda Chiquinquirá, en el municipio de Tibú. Según ellos, miembros del Ejército Nacional se encuentran desde el 26 de octubre “realizando acciones de erradicación manual, violenta y forzada de cultivos de uso ilícitos”. A raíz de esta situación, las comunidades campesinas de la zona decidieron “manifestarse de manera pacífica y espontánea”.
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En respuesta a las afirmaciones hechas por el comandante las asociaciones respondieron que lo dicho es “desproporcionado dado que es imposible el supuesto hecho punible en contra de 180 hombres que portan armas de fuego de largo alcance y cuentan con entrenamiento especial para este tipo de situaciones”.
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El Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo, rechazó la situación y señaló que se trata de “un hecho que es repudiable porque bajo ninguna circunstancia a ninguna persona se le puede restringir la movilidad, la circulación. Vamos avanzando en las mesas de diálogo para que se avance también en la erradicación manual”.
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