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Para la justicia está probado que la Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) causó un daño a 6.000 personas que viven a orillas del río Anchicayá (Valle), al contaminar el afluente en junio de 2001, cuando abrieron las compuertas de su represa y dejaron correr toneladas de sedimentos, que afectaron sus fuentes de sustento y alimentación: los peces y los cultivos.
Sin embargo, cuando estaba todo listo para que esta comunidad recibiera la multimillonaria indemnización que ordenó el Tribunal Administrativo del Valle en septiembre de 2009, por casi $160.000 millones, un fallo de la Corte Constitucional echó para atrás los 10 años de lucha judicial que lleva esta comunidad buscando una compensación por la tragedia ambiental.
La decisión corresponde a un fallo de revisión de tutela, en el que los magistrados Juan Carlos Henao, Gabriel Mendoza Martillo, Jorge Iván Palacio y Martha Victoria Sáchica accedieron a la solicitud que hizo EPSA de declarar ilegal los estudios que ponían precio a los perjuicios. Con la decisión, de paso, revocaron el fallo que ordenó la indemnización.
Curiosamente, esta decisión fue la última carta que se jugó la hidroeléctrica, ya que este mismo reclamo lo había hecho ante las dos instancias del proceso administrativo y el Consejo de Estado a través de tutela. Al menos 10 jueces conocieron el proceso y todos coincidieron en mantener firme la sanción. El reclamo finalmente lo escuchó la Corte, que seleccionó el proceso para revisión, emitiendo un fallo que lo tumbó todo.
En este punto vale aclarar que la decisión no le resta responsabilidad a la electrificadora frente a la contaminación del río. Lo que hace es criticar la falta de diligencia de los jueces que previamente estudiaron el caso, por haber aprobado los estudios que, en su concepto, se hicieron sin el rigor que ameritaba este trascendental pleito.
Los estudios de los que habla la Corte Constitucional son nada más ni nada menos que los que tasaban los daños y establecían cuánto se le debía pagar a cada una de las familias afectadas. Éstos los hizo la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle, justo después de que ocurrió el desastre ambiental. De acuerdo con la tutela que presentó la hidroeléctrica, a la compañía se le violó el derecho al debido proceso, porque las irregularidades en el análisis llevaron a los jueces a calcular mal el valor que deben pagar a la comunidad.
La Corte le dio la razón a la compañía eléctrica al considerar que “el informe carece de motivación detallada, clara y suficiente. No tiene encuestas de prueba técnica que permitan establecer el estado de los suelos y las aguas antes y después de los hechos. Además, no tiene una base sólida de carácter técnico o científico. El estudio corresponde más bien a la apreciación empírica de un ingeniero agrónomo que a una metodología seria aplicada”, dice el fallo.
Y agrega: ”los jueces de primera y segunda instancia incurrieron en error, no en cuanto a la demostración de la ocurrencia del daño (aspecto que resulta indiscutible), sino frente a la tasación de la magnitud de éste y el monto de los perjuicios reclamados por el grupo”.
La Corte hizo una fuerte crítica a los jueces al decir que, pese a que la eléctrica advirtió la inconsistencia con tiempo, éstos mantuvieron su terca posición de omitir la verdad sobre el origen de la prueba y su ineptitud para probar los daños.
Aunque el fallo es un duro traspié para la comunidad del río Anchicayá, que ya hacía cuentas con ese dinero, algunos no pierden la esperanza. De acuerdo con el abogado Germán Ospina, quien representa a los afectados, afortunadamente la Corte Constitucional dejó una puerta abierta. En la decisión, los magistrados le ordenaron al Tribunal Administrativo del Valle practicar de nuevo las pruebas, pero esta vez a cargo de “una entidad de trayectoria técnica y científica, con el fin de que se demuestre el daño y el monto de los perjuicios”.
A pesar de esta opción, algunos no auguran un resultado esperanzador, ya que las pruebas se harán 10 años después de la tragedia ambiental y los efectos que soportaron en aquella ocasión no se reflejarán en la actualidad. Ante esto, la Corte dijo no desconocer la complejidad de la práctica de esta prueba por el paso del tiempo, pero que esto es el resultado de una “falta de lealtad procesal” de los jueces que analizaron el proceso con anterioridad.
Sin embargo, agrega que no todo está perdido, ya que en el expediente hay otras pruebas que muestran el plazo de recuperación del río como de los suelos, así como su cuantía, las cuales deben ser ponderadas en favor del grupo.
Por ahora, en medio de la pelea que han dado los 11 consejos comunitarios, que viven a orillas del afluente afectado, lo único claro es que tendrán que reiniciar la lucha que ya lleva 10 años por obtener una indemnización. Falta esperar los resultados de los nuevos estudios para establecer el monto que tendría que pagar EPSA por la tragedia ambiental que provocó en el río Anchicayá (Valle).
La historia de la comunidad del río Anchicayá (que nace en Cali y desemboca en Buenaventura) dice que hasta el 22 de junio de 2001 derivaba su sustento de la riqueza del afluente. Al día siguiente el caudal se convirtió en una espesa colada de lodo y comenzó su calvario.
El 23 de junio de ese año la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) abrió las compuertas de la represa del bajo Anchicayá, como parte de una tardía labor de mantenimiento que planeaba desde 1999, liberando 500 mil metros cúbicos de sedimentos que llevaban 50 años represados en el embalse. Todos los peces murieron, los cultivos se dañaron y seis mil personas (asociadas en 11 consejos comunitarios y 9 títulos colectivos) resultaron afectadas.
Tras el desastre ambiental, la Corporación Autónoma del Valle (CVC), autoridad ambiental en el departamento, se declaró impedida para investigar el problema ecológico, por ser accionista de la empresa eléctrica, junto a la Unión Fenosa Colombia (63,82%), Emcali (18,02%), el Municipio de Morales (0,93%), Central de Inversiones (0,91%) y el Ministerio de Hacienda (0,35%). Por esta razón, el caso pasó a manos del Ministerio de Ambiente que, tras corroborar el daño, sancionó a EPSA con una multa de $200 millones, a redoblar las especies de peces afectadas y suministrar alimentación diaria a los afectados.
La comunidad no se conformó con esta sanción y empezaron la guerra jurídica por un resarcimiento económico. En 2009 ganaron dos batallas: la primera, el 20 de mayo, en el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura, y la otra, el 7 de septiembre, en el Tribunal Administrativo del Valle.
En ambas instancias se condenó a la Empresa de Energía y a la Corporación Autónoma del Valle a pagar una indemnización que la comunidad a la fecha no ha podido cobrar. La hidroeléctrica, que cuenta con un patrimonio cercano a los $3 billones, ha alegado que no causó la tragedia ambiental.
Su defensa se ha basado en que las labores de mantenimiento no causaron perjuicios , que no vertieron la cantidad de sedimentos que les atribuyen y que fue una simple turbiedad y una mortandad de peces. Además, que el mantenimiento fue lícito, porque en el Plan de Ordenamiento y Manejo, elaborado por la Corporación Autónoma Regional del Valle en 1998 (socia de la empresa), se estableció que la principal destinación del río Anchicayá es la generación de energía.
A pesar de esos argumentos, la justicia administrativa, en primera y segunda instancia, ratificó el daño. Indicó que el deterioro social y económico sufrido por la comunidad se debe a los problemas que afectaron cultivos y peces. “Se expuso a los habitantes al deterioro de su calidad de vida y a serias dificultades de supervivencia. Aunque los cultivos muestran indicios de querer recuperarse, su productividad no es rentable. Además, persiste la insalubridad asociada a la calidad del agua, lo que se agrava por la falta de alcantarillado y sistemas de tratamiento”, indicó el Tribunal del Valle en su decisión.
Hoy resulta que, a pesar de que el daño se pudo comprobar, la mala práctica de la prueba que ponía precio a los daños que sufrió la comunidad del río Anchicayá obliga volver a realizarla.
Los afectados son casi 6.000
Las comunidades que presentaron la acción de grupo contra la Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) fueron el Consejo Mayor de la Comunidad Negra del Río Anchicayá, representado por Benjamín Mosquera; el Consejo Comunitario de Tapara y Humane, por Luis Antonio Valencia, y el Consejo Comunitario de Bracito y Amazonas, por Luis Venito Valencia González.
También los habitantes del corregimiento El Danubio, representados por Eleuterio Saa; la Corporación Mar Pacífico, por Otoniel Zamora; la Asociación Civil Pescomertil, por Cruz Elodia Aragón; la Asociación de Plataneras Las Tintoreras, por Rafael Hurtado Colorado, y el Consejo Comunitario de Sabaletas, por Caicedo Angulo y Stella Hinestroza.
En total, estas comunidades negras suman casi 6.000 afectados, entre los que se iban a repartir la indemnización. Por ahora deben esperar.
Cronología del tiempo
2001
Junio
La Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) hizo mantenimiento a su represa, descargando al río toneladas de sedimentos.
Octubre
La comunidad instauró una acción de grupo contra EPSA y sus socios por los perjuicios que se derivaron del mantenimiento.
2009
Mayo
El Juzgado Administrativo de Buenaventura accedió a las pretensiones de los demandantes y ordenó a EPSA indemnizar a la comunidad. La eléctrica apeló.
Septiembre
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión.
2010
Diciembre
La Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó la tutela que presentó EPSA invocando el amparo del debido proceso.
2012
Septiembre
La Corte Suprema revoca la decisión del Consejo de Estado y ordena repetir las pruebas en el proceso.