“Se perdió una oportunidad de oro con la sustitución de cultivos”

Los miembros del Ejército estuvieron más de 24 horas en zona rural de Tibú y fue solo tras la mediación de la Personería y la Defensoría del Pueblo que los campesinos acordaron levantar el cerco humanitario y retirarse. “Se deja constancia de que el Ejército Nacional no fue víctima de ningún tipo de violencia o secuestro, pues recibieron buen trato”, expresaron en un documento firmado.

Los miembros del Ejército estuvieron más de 24 horas en zona rural de Tibú y fue solo tras la mediación de la Personería y la Defensoría del Pueblo que los campesinos acordaron levantar el cerco humanitario y retirarse. “Se deja constancia de que el Ejército Nacional no fue víctima de ningún tipo de violencia o secuestro, pues recibieron buen trato”, expresaron en un documento firmado.

Al pronunciarse sobre los hechos, el general Ómar Sepúlveda, comandante de la Segunda División del Ejército, aseguró que “los seis pelotones fueron secuestrados por más de 600 campesinos que les cumplen las tareas a los cocaleros de la región, amparados sobre la asociación Ascamcat y Coccam, que son asociaciones campesinas, pero dedicadas al negocio ilícito del narcotráfico”.

El Espectador entrevistó a Juan Carlos Quintero, miembro de la junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), quien habla de la estigmatización que sufren diversos grupos sociales en el Catatumbo, la fallida implementación del Acuerdo de Paz y la política del Gobierno para combatir el narcotráfico.

¿Cuál es la postura de Ascamcat frente a lo sucedido la semana pasada con la retención de 180 soldados?

En medio de una movilización espontánea e impulsada por la comunidad, la semana pasada el Ejército, el ministro de Defensa y el presidente arremetieron, de manera falsa e irresponsable, contra las organizaciones campesinas del territorio. Nos tildaron de secuestradores y nos asociaron a organizaciones dedicadas al narcotráfico. Estas acusaciones son supremamente graves, nunca las habíamos visto. Existía la estigmatización, pero no señalamientos tan directos en los que se pone en riesgo nuestra labor, nuestra legitimidad, nuestra honra y nuestra vida.

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El hecho hace parte de los problemas que se han generado por las fallas en el programa de sustitución de cultivos. ¿Cómo está el panorama?

Mientras el gobierno de Iván Duque es rudo con los productores de hoja de coca, que la siembran por las causas estructurales que ya todo el mundo conoce, es frágil con el narcotráfico. Tibú pasó de ser el segundo municipio productor de hoja de coca a ser el primero, siendo uno de los municipios más militarizados —incluso con presencia del comando sur de EE. UU—. En la medida en la que se intensifica esa política equivocada de erradicación forzada y violatoria del Acuerdo de Paz, la gente empieza a movilizarse para exigir que se cumpla con lo prometido y para salvaguardar ese producto, como mecanismo de subsistencia. En esas acciones algunos miembros del Ejército han incurrido en delitos; el año pasado fueron asesinados dos campesinos en el marco de estos procesos: Emérito Buendía y Alejandro Carvajal.

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¿Cuáles han sido los problemas del Plan Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) en el Catatumbo?

Frente al PNIS se puede decir que se perdió una oportunidad de oro de convertir al Catatumbo y al municipio de Tibú en un proyecto piloto de construcción de paz. Hay que recordar que, de los cuatro pilotos que lanzó Santos en 2017 para lanzar el PNIS, nosotros empezamos con uno acá en el Catatumbo, llamado Caño Indio. Este proyecto involucraba cuatro veredas que coincidían con el asentamiento de lo que para ese entonces eran las zonas veredales. Posteriormente, impulsamos la firma del Acuerdo Colectivo de Sustitución, que involucró a más de 3.000 familias de Tibú y, finalmente el Acuerdo de Sustitución en el municipio de Sardinata. Es decir, estamos hablando de cerca de 5.000 familias, que beneficiarían un promedio de 15.000 personas en el proceso de sustitución. Con el tiempo, eso se fue perdiendo y se generó una sensación de desconfianza hacia el Estado por varios factores. Primero, quienes impulsamos esos acuerdos de sustitución fuimos desplazados por grupos armados; es decir que el Estado no cumplió con los mecanismos de seguridad. Segundo, nunca se cumplió con los cronogramas establecidos en el PNIS y fueron modificados por el Gobierno de manera unilateral. Tercero, no se han convocado los escenarios que tienen los decretos creados por el Acuerdo para hacerle seguimiento al proceso del PNIS. Finalmente, a cuatro años de firmar los acuerdos de sustitución, no han llegado los proyectos productivos para las familias.

¿Y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?

El PDET ha tenido falencias de participación, desde el punto de vista diferencial a los movimientos sociales. En lo que Duque ha llamado la hoja de ruta del PDET, las comunidades no volvieron a participar y fueron excluidas de ese proceso. Nosotros hemos venido cuestionando que el Gobierno haya desnaturalizado el PDET y el PNIS, partiendo del hecho de que se insertó una nueva política cívico-militar llamada las Zonas Futuro. Esto no es más que entregarle al Consejo de Seguridad Nacional de Colombia estas herramientas de construcción de paz; es decir, al Ejército. En resumidas cuentas, se priorizó la militarización sobre la construcción de paz, lo que impide que se cumplan el PDET y el PNIS.

¿Qué lectura hacen de la insistencia del Gobierno de continuar con la fumigación de cultivos ilícitos?

El Gobierno asumió la alineación hegemónica de Trump de mantener las fumigaciones con glifosato y la erradicación forzada. Esta es una política fracasada de cuarenta años, que precisamente el Acuerdo de Paz había planteado dejar atrás, porque no había traído ningún resultado; por el contrario, vulnera los derechos humanos de las comunidades. Este Gobierno decidió mantenerla, en una muestra de fracaso total —las hectáreas de cultivos lo demuestran—, y eso trae consecuencias fatales para los procesos de reconciliación y paz. Primero, en la gente hay niveles de desconfianza peores que los que había antes del Acuerdo, porque cuando inició su implementación se dio un proceso de construcción de confianza que el Gobierno rompió. Segundo, hay un problema de seguridad jurídica, porque hubo personas que se inscribieron y hoy pueden ser judicializadas porque están en los procesos que no cumplió el Gobierno. Finalmente, el tiempo está dando la razón de que eso es un fracaso; salió un primer concepto de lo que sería la política antidrogas de Estados Unidos, y se plantea precisamente tratar de desechar las fumigaciones y priorizar la política pública del Acuerdo. Por ahora, lamentablemente, esto nos va a costar mucha sangre, muchos presos y muchas vulneraciones de derechos hacia comunidades afros, campesinas e indígenas.

¿En qué consiste la iniciativa de Pacto Humanitario del nororiente que propuso Ascamcat en conjunto con otras organizaciones?

Después de la firma del Acuerdo final de Paz, se generó una expectativa sobre la posibilidad de cerrar el conflicto armado y de que, por fin, el Estado llegara de la forma en la que nunca ha llegado. Lamentablemente, esta expectativa se fue a pique y el Catatumbo es una muestra de que el conflicto armado no ha terminado. Primero, por la diversidad de actores armados del territorio y, además, porque a partir del 2018 se empezaron a generar enfrentamientos atípicos que no se habían dado antes entre grupos armados y entre grupos armados y las fuerzas del Estado. Esto ha generado una situación humanitaria de grandes proporciones. Con la actitud del actual presidente de cerrar toda posibilidad de diálogo, lo que surgió de aquí como propuesta fue, en primer lugar, construir un espacio de confluencia llamado la Mesa Humanitaria de Construcción de Paz del Catatumbo, conformada por una multiplicidad de actores sociales, comunidades campesinas, indígenas, institucionales, y acompañados por la comunidad internacional. A través de ese escenario, propusimos a las fuerzas que están en la contienda militar unos mínimos humanitarios, como el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Este ejercicio generó un resultado importante el año pasado, porque se logró que los actores armados ilegales se pronunciaran públicamente, reconociendo a la Mesa Humanitaria y expresando su intención de acogerse a los mínimos humanitarios. Este año, en vista de que la violencia política está a flor de piel, estamos proponiendo un pacto humanitario para la contienda electoral enfocado en las elecciones de las Mesas de Víctimas, las Juntas de Acción Comunal, las elecciones de los Consejos de Juventud y las curules de paz del Congreso de la República.

Desde la conformación de Ascamcat, en 2005, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que han afrontado como organización?

Desde que nos fundamos, y como es natural en Colombia con las organizaciones sociales y populares, los hechos más relevantes que hemos tenido que enfrentar son la estigmatización, sobre todo por parte de funcionarios públicos; la judicialización de algunos de nuestros miembros; el asesinato de varios de nuestros compañeros en el marco del paro nacional, por parte de la Policía; y los ataques de diferentes formas, por apoyar la implementación del Acuerdo de Paz en la región del Catatumbo.

Ascamcat denunció amenazas tras el anuncio de las curules de paz. ¿Cuál es la situación de la organización?

Las amenazas, homicidios, desplazamientos y hostigamientos han sido una constante desde la firma del Acuerdo. Pero el caso más grave es el del comandante de la Segunda División del Ejército, quien señaló a Ascamcat como una organización de secuestradores y narcotraficantes. La situación es muy compleja; ser líder social en este territorio es una labor supremamente peligrosa y estas acciones de actores legales e ilegales obedecen a nuestro compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz. Hay una serie de causas que generan riesgos para nuestro colectivo: la sustitución de cultivos de coca, el seguimiento a la implementación del PDET, nuestro papel en la JEP frente al tema de los falsos positivos, nuestra labor para la aprobación de las curules de paz, la defensa de los derechos humanos y la exigencia de los mínimos humanitarios.

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¿Cómo explicaría el crecimiento de la violencia y del crimen organizado en el Catatumbo, y particularmente en Tibú?

Si lo relacionamos con los cultivos de coca, el acuerdo de drogas de La Habana tiene tres aspectos. Primero, superar las problemáticas sociales y darle una alternativa de solución social a los cultivos; para eso se creó el PNIS, si no se cumplió, la coca se sigue manteniendo y el problema estructural no se soluciona. Segundo, el Estado se había comprometido con combatir las redes del narcotráfico y el lavado de activos; como el Estado no los combate, se dirige al eslabón más débil y las redes del narcotráfico se fortalecen —que va de la mano con el vacío que dejaron las Farc—. En esos vacíos generados por la desmovilización, se produjeron otros fenómenos como la deforestación, y la expansión de cultivos de coca. Finalmente, habría que determinar la responsabilidad por acción u omisión de las fuerzas militares; estamos hablando de que el Catatumbo es la zona más militarizada del país. En su última visita institucional, Duque anunció la creación del Comando Específico de Norte de Santander (CENOR) con 14.000 soldados. Uno no se explica cómo con esta cantidad de fuerza pública se fortalece el narcotráfico, llevando a unos niveles de violencia muy grandes contra los movimientos sociales, los defensores de derechos humanos y los excombatientes de las Farc.

¿Cuáles son las principales necesidades que se deben resolver para la población del Catatumbo?

Lo que se tiene que hacer de manera inmediata es implementar el Acuerdo de Paz de forma genuina —como está en el texto final—, habilitar un canal de diálogo que permita terminar el conflicto armado con el Eln y desmontar el paramilitarismo. Cuando uno habla de implementar el Acuerdo de Paz, no es abstracto. Ahí está toda la política pública: el componente de tierras, la participación política, la sustitución de cultivos, la reconciliación, la justicia, la jurisdicción agraria y los PDET. La arquitectura social está acordada: el Estado tiene unos compromisos constitucionales, internacionales y sociales. ¿Qué es lo que falta? Voluntad política para impulsarla.