Ser LGBT+ en medio del coronavirus

A medida que se acerca el tan anunciado pico de contagios por COVID-19 en Colombia, crece la preocupación de organizaciones LGBT+, que en muchas zonas del país sufren el impacto que ha tenido la pandemia en la población diversa.

Son varios los puntos que inquietan. Desde que empezó la pandemia, varios sectores de esta población históricamente discriminada han tenido que enfrentar, entre otras cosas, mayores barreras para el acceso a la salud, agudización en las formas de violencia y más dificultades para conseguir empleo.

El pasado 17 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la Organización de Naciones Unidas pidió a los Estados tomar en cuenta, “de manera urgente”, las repercusiones del COVID-19 en las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o de género diverso. De acuerdo con el organismo multilateral, “las medidas adoptadas por algunos Estados para contener el COVID-19 han intensificado la discriminación”. La pandemia, agrega Naciones Unidas, ha creado un contexto que conduce a la persecución intensificada contra las personas LGBT+.

Nixon Ortiz, presidente de la Fundación Arcoíris en Nariño, asegura que en junio fueron asesinados en zona rural de Tumaco dos gais. “Los mataron por su orientación sexual. Venían recibiendo amenazas por parte de grupos al margen de la ley, pero como lastimosamente en esta región las amenazas se han normalizado, ninguna entidad hizo nada para protegerles la vida”.

Según el líder, en los últimos dos meses al menos 10 personas que pertenecen a la población LGBT+ han sido víctimas de desplazamiento forzado en varias zonas del Pacífico nariñense. “En esta pandemia los violentos han aprovechado el confinamiento para agredir a la población diversa y ejercer amenazas “, agrega Ortiz.

“Al quedarse en casa para colaborar con la lucha contra la pandemia, personas LGBT+ se ven obligadas a soportar una exposición prolongada a miembros de la familia que pueden no aceptarlos, lo que aumenta las tasas de violencia doméstica, abuso físico y daños a la salud mental”, explica Naciones Unidas.

Otra de las problemáticas tiene que ver con las medidas que algunas administraciones han adoptado para controlar la pandemia, pero que ponen en riesgo a las personas LGBT+. Una de ellas es el “pico y género”, medida que se adoptó por algún tiempo en algunas ciudades como Bogotá, Cartagena y Cali. “El problema más evidente de esta medida es la vulnerabilidad en la que deja a las personas no binarias, a la población trans y a todos quienes no se ajustan al modelo tradicional de hombre y mujer”, explica en una columna publicada en El Espectador Macarena Sáez Torres, profesora y directora académica del Centro de Derechos Humanos de American University Washington College of Law.

Adicional a esto, de acuerdo con un análisis de Caribe Afirmativo, las personas LGBT+, además de lidiar con las condiciones físicas que pueden facilitar un contagio y con las que el resto de la población convive, como la preexistencia de enfermedades crónicas, las afecciones respiratorias, ser un adulto mayor o poseer un sistema inmune débil, entre otras, “deben enfrentar la estigmatización social por pertenecer a un grupo poblacional cuyos estereotipos han construido prejuicios y exclusión social”.

Esta situación crea escenarios que, en medio de la crisis, agudizan la vulnerabilidad de las personas LGBT+. Por eso, dice Caribe Afirmativo, es necesario hablar de “interseccionalidad” y aplicar un enfoque diferencial en las medidas adoptadas por los gobiernos.

Según comenta Santiago Carvajal, investigador de Dejusticia, la población de adultos mayores es la más vulnerable al COVID-19. “Por lo tanto, personas LGBT+ de la tercera edad se exponen a un riesgo aun mayor que sus pares. Son dos veces más propensas a ser solteras, vivir solas, en condiciones de pobreza y cuentan con una red de apoyo más limitada que sus análogos heterosexuales y cisgénero”.

El enfoque diferencial que recomiendan los expertos no es tenido en cuenta por el Gobierno de Colombia para la toma de decisiones públicas en el marco de la pandemia. Eso se deduce porque el Ministerio de Salud identificó, desde el inicio de la propagación del virus, unas poblaciones vulnerables, entre las que se encuentran adultos mayores, habitantes de calle, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos, población migrante y población con discapacidad.

Dentro de las personas LGBT+ no todas se ven afectadas por los efectos del COVID-19 de la misma manera. Entre quienes se enfrentan a los mayores riesgos, según Caribe Afirmativo, está la población LGBT+ mayor de 70 años, las personas con VIH, las trabajadoras sexuales e informales, habitantes de calle, mujeres (LBT) en situación de violencia en sus hogares y la ciudadanía venezolana en condición de movilidad humana.

Sobre las trabajadoras sexuales trans, Dejusticia asegura que al no poder teletrabajar, la forma de transmisión del virus se suma a la larga lista de riesgos a los que se enfrentan los trabajadores sexuales permanentemente.

Yina Katherine Mejía, representante de las mujeres trans ante la Alcaldía de Ibagué, afirma que cuando se tomaron las medidas de aislamiento para frenar el contagio los administradores de las residencias en las que vivían cerca de 30 mujeres trans decidieron expulsarlas. “No pasó lo mismo con otras mujeres en ejercicio de la prostitución. Solo sacaron a las mujeres trans que vivían en esos lugares”. Extrañamente, dice, los administradores de las casas en las que se ejerce la prostitución solo están dejando trabajar a las mujeres cisgénero.

De acuerdo con la líder de las mujeres trans, “es imposible” cumplir con el lema que las invita a quedarse en casa. “Muchas viven del día a día. Nos piden quedarnos en casa, pero no nos han explicado cómo nos van a ayudar para pagar el arriendo o la alimentación (…) prefiero exponerme a pagar una multa que quedarme en casa. Nos ha tocado exponernos para trabajar a domicilio y ponernos a vender tapabocas”.

Pese a que hay un respaldo mayoritario para que exista un enfoque diferencial en atención en salud para la población LGBT+, Juan Carlos Archila, enfermero, psicólogo en formación y director de la Fundación Censurados, de Cúcuta, se muestra en desacuerdo, pues asevera que “somos humanos de hechos y derechos. No nos pueden diferenciar por una orientación sexual en estos momentos, eso no sirve. En este momento de pandemia tenemos que reconocer que estamos siendo afectados mundialmente y cualquiera está expuesto. Sin distinciones de credo, religión u orientación sexual. Lo que debería hacer el Estado es mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud de todos los colombianos. Hacer enfoques diferenciales no me parece lo óptimo. La atención debería ser buena para todos. Y todos deberíamos ser conscientes de que estamos en riesgo y debemos cuidarnos.”.

Sin embargo, la mayoría de líderes de la población LGBT+ en las regiones consideran que, aunque el Gobierno se ha demorado en incluir políticas públicas diferenciales, aún está a tiempo para impedir que cuando termine la crisis pasen cuenta de cobro otras debilidades institucionales. Y piden con urgencia ser tenidos en cuenta a la hora de formular medidas para combatir el COVID-19.

A medida que se acerca el tan anunciado pico de contagios por COVID-19 en Colombia, crece la preocupación de organizaciones LGBT+, que en muchas zonas del país sufren el impacto que ha tenido la pandemia en la población diversa.

Son varios los puntos que inquietan. Desde que empezó la pandemia, varios sectores de esta población históricamente discriminada han tenido que enfrentar, entre otras cosas, mayores barreras para el acceso a la salud, agudización en las formas de violencia y más dificultades para conseguir empleo.

El pasado 17 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la Organización de Naciones Unidas pidió a los Estados tomar en cuenta, “de manera urgente”, las repercusiones del COVID-19 en las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o de género diverso. De acuerdo con el organismo multilateral, “las medidas adoptadas por algunos Estados para contener el COVID-19 han intensificado la discriminación”. La pandemia, agrega Naciones Unidas, ha creado un contexto que conduce a la persecución intensificada contra las personas LGBT+.

Nixon Ortiz, presidente de la Fundación Arcoíris en Nariño, asegura que en junio fueron asesinados en zona rural de Tumaco dos gais. “Los mataron por su orientación sexual. Venían recibiendo amenazas por parte de grupos al margen de la ley, pero como lastimosamente en esta región las amenazas se han normalizado, ninguna entidad hizo nada para protegerles la vida”.

Según el líder, en los últimos dos meses al menos 10 personas que pertenecen a la población LGBT+ han sido víctimas de desplazamiento forzado en varias zonas del Pacífico nariñense. “En esta pandemia los violentos han aprovechado el confinamiento para agredir a la población diversa y ejercer amenazas “, agrega Ortiz.

“Al quedarse en casa para colaborar con la lucha contra la pandemia, personas LGBT+ se ven obligadas a soportar una exposición prolongada a miembros de la familia que pueden no aceptarlos, lo que aumenta las tasas de violencia doméstica, abuso físico y daños a la salud mental”, explica Naciones Unidas.

Otra de las problemáticas tiene que ver con las medidas que algunas administraciones han adoptado para controlar la pandemia, pero que ponen en riesgo a las personas LGBT+. Una de ellas es el “pico y género”, medida que se adoptó por algún tiempo en algunas ciudades como Bogotá, Cartagena y Cali. “El problema más evidente de esta medida es la vulnerabilidad en la que deja a las personas no binarias, a la población trans y a todos quienes no se ajustan al modelo tradicional de hombre y mujer”, explica en una columna publicada en El Espectador Macarena Sáez Torres, profesora y directora académica del Centro de Derechos Humanos de American University Washington College of Law.

Adicional a esto, de acuerdo con un análisis de Caribe Afirmativo, las personas LGBT+, además de lidiar con las condiciones físicas que pueden facilitar un contagio y con las que el resto de la población convive, como la preexistencia de enfermedades crónicas, las afecciones respiratorias, ser un adulto mayor o poseer un sistema inmune débil, entre otras, “deben enfrentar la estigmatización social por pertenecer a un grupo poblacional cuyos estereotipos han construido prejuicios y exclusión social”.

Esta situación crea escenarios que, en medio de la crisis, agudizan la vulnerabilidad de las personas LGBT+. Por eso, dice Caribe Afirmativo, es necesario hablar de “interseccionalidad” y aplicar un enfoque diferencial en las medidas adoptadas por los gobiernos.

Según comenta Santiago Carvajal, investigador de Dejusticia, la población de adultos mayores es la más vulnerable al COVID-19. “Por lo tanto, personas LGBT+ de la tercera edad se exponen a un riesgo aun mayor que sus pares. Son dos veces más propensas a ser solteras, vivir solas, en condiciones de pobreza y cuentan con una red de apoyo más limitada que sus análogos heterosexuales y cisgénero”.

El enfoque diferencial que recomiendan los expertos no es tenido en cuenta por el Gobierno de Colombia para la toma de decisiones públicas en el marco de la pandemia. Eso se deduce porque el Ministerio de Salud identificó, desde el inicio de la propagación del virus, unas poblaciones vulnerables, entre las que se encuentran adultos mayores, habitantes de calle, mujeres víctimas de violencia, grupos étnicos, población migrante y población con discapacidad.

Dentro de las personas LGBT+ no todas se ven afectadas por los efectos del COVID-19 de la misma manera. Entre quienes se enfrentan a los mayores riesgos, según Caribe Afirmativo, está la población LGBT+ mayor de 70 años, las personas con VIH, las trabajadoras sexuales e informales, habitantes de calle, mujeres (LBT) en situación de violencia en sus hogares y la ciudadanía venezolana en condición de movilidad humana.

Sobre las trabajadoras sexuales trans, Dejusticia asegura que al no poder teletrabajar, la forma de transmisión del virus se suma a la larga lista de riesgos a los que se enfrentan los trabajadores sexuales permanentemente.

Yina Katherine Mejía, representante de las mujeres trans ante la Alcaldía de Ibagué, afirma que cuando se tomaron las medidas de aislamiento para frenar el contagio los administradores de las residencias en las que vivían cerca de 30 mujeres trans decidieron expulsarlas. “No pasó lo mismo con otras mujeres en ejercicio de la prostitución. Solo sacaron a las mujeres trans que vivían en esos lugares”. Extrañamente, dice, los administradores de las casas en las que se ejerce la prostitución solo están dejando trabajar a las mujeres cisgénero.

De acuerdo con la líder de las mujeres trans, “es imposible” cumplir con el lema que las invita a quedarse en casa. “Muchas viven del día a día. Nos piden quedarnos en casa, pero no nos han explicado cómo nos van a ayudar para pagar el arriendo o la alimentación (…) prefiero exponerme a pagar una multa que quedarme en casa. Nos ha tocado exponernos para trabajar a domicilio y ponernos a vender tapabocas”.

Pese a que hay un respaldo mayoritario para que exista un enfoque diferencial en atención en salud para la población LGBT+, Juan Carlos Archila, enfermero, psicólogo en formación y director de la Fundación Censurados, de Cúcuta, se muestra en desacuerdo, pues asevera que “somos humanos de hechos y derechos. No nos pueden diferenciar por una orientación sexual en estos momentos, eso no sirve. En este momento de pandemia tenemos que reconocer que estamos siendo afectados mundialmente y cualquiera está expuesto. Sin distinciones de credo, religión u orientación sexual. Lo que debería hacer el Estado es mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud de todos los colombianos. Hacer enfoques diferenciales no me parece lo óptimo. La atención debería ser buena para todos. Y todos deberíamos ser conscientes de que estamos en riesgo y debemos cuidarnos.”.

Sin embargo, la mayoría de líderes de la población LGBT+ en las regiones consideran que, aunque el Gobierno se ha demorado en incluir políticas públicas diferenciales, aún está a tiempo para impedir que cuando termine la crisis pasen cuenta de cobro otras debilidades institucionales. Y piden con urgencia ser tenidos en cuenta a la hora de formular medidas para combatir el COVID-19.