Ser líder social en Colombia es una sentencia de muerte

Surge la pregunta de por qué el Estado y su aparato militar no han podido controlar la situación. La institucionalidad no responde y quienes deben dar la cara, dan respuestas ambiguas que generan mayor preocupación y desesperanza. Aunque las cifras muestran una problemática clara, el gobierno colombiano (o sus representantes), hace lo posible por negar o minimizar los asesinatos sistemáticos, se muestra sin intención “verdadera/creíble” por elaborar una política pública efectiva para proteger a esta población.

El gobierno tiene conocimiento de las características de la población vulnerable y en el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes sociales, comunales y periodistas (PAO) , reconoce que: “La pugna por el control territorial y social en zonas estratégicas para obtener el dominio de economías ilícitas que se ha intensificado en los últimos dos años, sumado a otros factores de ilegalidad específicos de cada territorio, ha puesto en riesgo la vida, integridad y seguridad de las comunidades que allí́ residen, en particular de los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas”.

Por lo anterior, el gobierno colombiano -en cabeza del presidente Iván Duque- ha concentrado la acción en el desarrollado diferentes estrategias, entre ellas el PAO.

Este plan tiene tres ejes estratégicos para lograr la formulación de política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial; estos son: articulación y reingeniería institucional; actuación estratégica en el territorio; estrategia de comunicaciones y capacitación. Sin embargo, parece ser que la estrategia diseñada por el gobierno Duque no ha funcionado, sino por el contrario ha estigmatizado y expuesto a mayor riesgo a la población.

Además, las fuerzas militares han perdido credibilidad en las regiones; por una parte, por los ya comprobados apoyos a grupos ilegales y por otro, por ser quienes han recurrido a la violencia. Esta situación incrementó el riesgo para quienes dedican su vida a la defensa de los DDHH o a liderar causas locales.

Así las cosas, la impotencia para defender sus vidas, la indignación causada por el doble discurso del gobierno -que por un lado anuncia medidas pero por el otro, es inoperante en sus declaraciones-, y llevados a la hoguera por la estigmatización, los líderes sociales encontraron una esperanza en la acción colectiva y deciden vincularse al paro nacional que inició el pasado 21 de noviembre de 2019; en esta movilización han encontrado la oportunidad de visibilizar la tragedia que viven ellos y sus familias; así mismo, han logrado fortalecer sus liderazgos y encontrar apoyo en diversos sectores que ignoraban lo que están viviendo. No obstante, los asesinatos y la inoperancia del gobierno continúan.

*Andrea del Pilar González Peña, PhD in Government. University of Essex; Instructora Asociada, Universidad Central.  iInvestgadora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)?

*Julio César Chamorro, estudiante de Doctorado en Ciencias Económicas, Universidad Nacional; Instructor Asociado, Universidad Central.  Investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)?

Encuentre aquí el análisis completo.

Surge la pregunta de por qué el Estado y su aparato militar no han podido controlar la situación. La institucionalidad no responde y quienes deben dar la cara, dan respuestas ambiguas que generan mayor preocupación y desesperanza. Aunque las cifras muestran una problemática clara, el gobierno colombiano (o sus representantes), hace lo posible por negar o minimizar los asesinatos sistemáticos, se muestra sin intención “verdadera/creíble” por elaborar una política pública efectiva para proteger a esta población.

El gobierno tiene conocimiento de las características de la población vulnerable y en el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes sociales, comunales y periodistas (PAO) , reconoce que: “La pugna por el control territorial y social en zonas estratégicas para obtener el dominio de economías ilícitas que se ha intensificado en los últimos dos años, sumado a otros factores de ilegalidad específicos de cada territorio, ha puesto en riesgo la vida, integridad y seguridad de las comunidades que allí́ residen, en particular de los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas”.

Por lo anterior, el gobierno colombiano -en cabeza del presidente Iván Duque- ha concentrado la acción en el desarrollado diferentes estrategias, entre ellas el PAO.

Este plan tiene tres ejes estratégicos para lograr la formulación de política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial; estos son: articulación y reingeniería institucional; actuación estratégica en el territorio; estrategia de comunicaciones y capacitación. Sin embargo, parece ser que la estrategia diseñada por el gobierno Duque no ha funcionado, sino por el contrario ha estigmatizado y expuesto a mayor riesgo a la población.

Además, las fuerzas militares han perdido credibilidad en las regiones; por una parte, por los ya comprobados apoyos a grupos ilegales y por otro, por ser quienes han recurrido a la violencia. Esta situación incrementó el riesgo para quienes dedican su vida a la defensa de los DDHH o a liderar causas locales.

Así las cosas, la impotencia para defender sus vidas, la indignación causada por el doble discurso del gobierno -que por un lado anuncia medidas pero por el otro, es inoperante en sus declaraciones-, y llevados a la hoguera por la estigmatización, los líderes sociales encontraron una esperanza en la acción colectiva y deciden vincularse al paro nacional que inició el pasado 21 de noviembre de 2019; en esta movilización han encontrado la oportunidad de visibilizar la tragedia que viven ellos y sus familias; así mismo, han logrado fortalecer sus liderazgos y encontrar apoyo en diversos sectores que ignoraban lo que están viviendo. No obstante, los asesinatos y la inoperancia del gobierno continúan.

*Andrea del Pilar González Peña, PhD in Government. University of Essex; Instructora Asociada, Universidad Central.  iInvestgadora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)?

*Julio César Chamorro, estudiante de Doctorado en Ciencias Económicas, Universidad Nacional; Instructor Asociado, Universidad Central.  Investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)?

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