Sur de Bolívar: familias desplazadas inician el retorno pero denuncian inseguridad
Las más de 2.600 personas que se encontraban en Santa Rosa del Sur, emprendieron su regreso al corregimiento de Mina Piojo en el municipio de Montecristo.
Desde el 1º de agosto más de 2.600 personas habían llegado desplazadas a Santa Rosa del Sur, un municipio ubicado al sur del departamento de Bolívar. Las familias, provenientes de un corregimiento cercano a Montecristo, venían huyendo de los enfrentamientos que sostienen los grupos armados en su territorio.
Además, la comunidad de Mina Piojo, denunció que entre abril y julio de este año fue asesinado el señor Oswaldo de Jesús Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de su vereda. Otras cuatro personas fueron asesinadas en este mismo periodo de tiempo en Montecristo, según la Defensoría.
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Once días después inician el regreso a sus hogares, aunque manifiestan que las condiciones de seguridad no están garantizadas. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le hizo un llamado a las autoridades para que “escuchen a las comunidades, que nos manifiestan que han decidido retornar por su propia cuenta a pesar de que no existen condiciones de seguridad”.
Precisamente hoy, mientras la Defensoría acompaña el proceso de retorno de estas familias desplazadas, la entidad emitirá una alerta de inminencia por la acción de los grupos armados en esta región del departamento. Los municipios contemplados en el documento son Montecristo, Morales, Arenal y Santa Rosa del Sur.
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En la región, según las autoridades, hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocidas como el Clan del Golfo, el frente 37 de las disidencias de las Farc y el Eln. La presencia de estos actores en el territorio “incrementan el riesgo de enfrentamientos armados con interposición de la sociedad civil, homicidios; amenazas a líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos; reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y desplazamientos forzados”, según lo expresó la Defensoría.
El interés de los grupos armados en esta región tiene que ver con “la posibilidad de asegurar el corredor de movilidad que conecta con el Golfo de Morrosquillo, ruta estratégica para el tráfico de sustancias alucinógenas a través de trochas y redes fluviales”, además de querer “incidir en los presupuestos municipales, capturar rentas provenientes del comercio y otras economías lícitas”, como lo ha indicado la Defensoría del Pueblo.
Desde el 1º de agosto más de 2.600 personas habían llegado desplazadas a Santa Rosa del Sur, un municipio ubicado al sur del departamento de Bolívar. Las familias, provenientes de un corregimiento cercano a Montecristo, venían huyendo de los enfrentamientos que sostienen los grupos armados en su territorio.
Además, la comunidad de Mina Piojo, denunció que entre abril y julio de este año fue asesinado el señor Oswaldo de Jesús Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de su vereda. Otras cuatro personas fueron asesinadas en este mismo periodo de tiempo en Montecristo, según la Defensoría.
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Once días después inician el regreso a sus hogares, aunque manifiestan que las condiciones de seguridad no están garantizadas. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le hizo un llamado a las autoridades para que “escuchen a las comunidades, que nos manifiestan que han decidido retornar por su propia cuenta a pesar de que no existen condiciones de seguridad”.
Precisamente hoy, mientras la Defensoría acompaña el proceso de retorno de estas familias desplazadas, la entidad emitirá una alerta de inminencia por la acción de los grupos armados en esta región del departamento. Los municipios contemplados en el documento son Montecristo, Morales, Arenal y Santa Rosa del Sur.
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En la región, según las autoridades, hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocidas como el Clan del Golfo, el frente 37 de las disidencias de las Farc y el Eln. La presencia de estos actores en el territorio “incrementan el riesgo de enfrentamientos armados con interposición de la sociedad civil, homicidios; amenazas a líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos; reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y desplazamientos forzados”, según lo expresó la Defensoría.
El interés de los grupos armados en esta región tiene que ver con “la posibilidad de asegurar el corredor de movilidad que conecta con el Golfo de Morrosquillo, ruta estratégica para el tráfico de sustancias alucinógenas a través de trochas y redes fluviales”, además de querer “incidir en los presupuestos municipales, capturar rentas provenientes del comercio y otras economías lícitas”, como lo ha indicado la Defensoría del Pueblo.