Temor y confinamiento rondan en Magüí Payán

Cuando sonaron las balas ya no había tiempo para pensar en huir. Desde finales de agosto se sentía la tensión entre la población por los enfrentamientos entre el frente 30 de las Farc e integrantes de la columna móvil Óliver Sinisterra, pero con el pasar de los días el miedo se hizo realidad, y desde el pasado 28 de agosto las balas empezaron a cruzar la madera que cubre la fachada de las casas en las veredas Bolívar y Rosario, en la zona rural de Magüí Payán, municipio del departamento de Nariño, en el suroccidente del país.

Aunque en estos casos lo más seguro es tirarse al piso, como los enfrentamientos fueron en el casco urbano, muchos intentaron esquivar las balas resguardándose en el monte, pero esto no fue suficiente para todos, pues en medio de más de una semana de especulaciones se habla de que hubo cuatro muertos, que aparecen vestidos con camuflado en fotos difundidas en redes sociales, mientras que desde la Alcaldía se dice que fueron tres heridos, uno de los cuales murió por falta de atención, ya que los grupos armados han impedido el ingreso de la Fuerza Pública, así como en la zona se habla de seis muertos, entre los que habría una pareja que tenía una tienda, tres raspachines (recolectores de hoja de coca) y el líder social Juan Quiñones Angulo, quien era parte del consejo comunitario La Voz de los Negros y de los encuentros “Educación en el riesgo de minas antipersonal”, de la fundación Cirec.

La acción armada es solo uno de los tantos episodios que se han alertado en la zona y que causó la reacción de diferentes sectores. Ante esto, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) lanzó una alerta, porque además del enfrentamiento se presentó el desplazamiento forzado de 44 familias (132 personas) al municipio Olaya Herrera y el confinamiento de 940 familias (1.830 personas) que temen por nuevos enfrentamientos o caer en una mina antipersonal, ante un caso que se presentó el lunes pasado.

Lo problemático, reconoce el alcalde de Magüí, Alejandro Juvenal Quiñones Cabezas, es que el municipio nunca ha vivido en paz, tanto así que de los 11.769 personas que se han identificado en confinamiento este año en Nariño, el 66 % son de Magüí.

La difícil situación se debe a los enfrentamientos entre grupos armados por el control de las rutas del narcotráfico, además de la confrontación directa entre las disidencias de Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia, que se han venido advirtiendo desde por lo menos los últimos dos años. De hecho, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta en julio del año pasado sobre la región el Telembí (Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán) por el riesgo inminente para comunidades étnicas, negras y líderes sociales por presencia de disidencias en disputa, el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

“Las condiciones sociales de los municipios describen una población estructuralmente pobre y marginal. Si no se toman medidas urgentes frente a la presencia de grupos armados ilegales que incursionan en el territorio y la existencia de fenómenos como el narcotráfico, el cual ha encontrado en la región un escenario ideal para su fortalecimiento y producción, es muy probable que se sigan consumando, recrudeciendo e incrementando afectaciones masivas a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, indicó la Defensoría.

Es por esto que desde organizaciones, como Pensamiento y Acción Social, se habla de confinamiento de las comunidades negras que están sobre las riberas de los ríos y por donde transitan los grupos armados, por lo que han pedido nuevas verificaciones de la Personería y la Defensoría, así como la intervención del Gobierno Nacional.

Los indígenas awás también han hecho llamados y recientemente bloquearon la vía al mar, ya que así como ha ocurrido en Magüí Payán, denuncian una serie de acciones y asesinatos sistemáticos -en el último mes- contra integrantes de su comunidad en zona rural de Tumaco y, en general, donde se encuentran los resguardos, lo que ha limitado su movilidad, sostenimiento y perturba la educación de los niños y la pervivencia de la comunidad.

Por ello, el alcalde de Magüí Payán pidió “al Gobierno Central que se ordene el desminado de todas las zonas de nuestro municipio, es demasiado lo que está pasando en materia de seguridad y en municipios vecinos por las confrontaciones que generan situaciones de desplazamientos y demás”, dijo Quiñones Cabezas.

A la par, el gobernador John Rojas solicitó a los armados muestras de paz, mientras que el secretario de Gobierno de Nariño, Amílcar Pantoja, indicó que ocho de los 69 PMU anunciados por el ministro del Interior, Alfonso Prada, estarán en Nariño, pero reconoce que hay un trabajo de fondo con las comunidades. “Los enfrentamientos todavía continúan. Este año hemos registrado 14.700 confinamientos y la mayoría son en la zona de Telembí y Tumaco, por eso mostramos nuestro apoyo a la paz total, pero también solicitamos ayuda, porque tenemos la dualidad de que las comunidades piden protección, pero impiden el ingreso del Ejército a sus espacios rurales por represalias de los grupos armados, por lo que cuando ocurren hechos no hay quién los atienda”.

Lo cierto es que todos esperan acciones que reduzcan la violencia que no ha cesado en la zona, y la cuestión está en qué tan pronto esto se podrá materializar.

Cuando sonaron las balas ya no había tiempo para pensar en huir. Desde finales de agosto se sentía la tensión entre la población por los enfrentamientos entre el frente 30 de las Farc e integrantes de la columna móvil Óliver Sinisterra, pero con el pasar de los días el miedo se hizo realidad, y desde el pasado 28 de agosto las balas empezaron a cruzar la madera que cubre la fachada de las casas en las veredas Bolívar y Rosario, en la zona rural de Magüí Payán, municipio del departamento de Nariño, en el suroccidente del país.

Aunque en estos casos lo más seguro es tirarse al piso, como los enfrentamientos fueron en el casco urbano, muchos intentaron esquivar las balas resguardándose en el monte, pero esto no fue suficiente para todos, pues en medio de más de una semana de especulaciones se habla de que hubo cuatro muertos, que aparecen vestidos con camuflado en fotos difundidas en redes sociales, mientras que desde la Alcaldía se dice que fueron tres heridos, uno de los cuales murió por falta de atención, ya que los grupos armados han impedido el ingreso de la Fuerza Pública, así como en la zona se habla de seis muertos, entre los que habría una pareja que tenía una tienda, tres raspachines (recolectores de hoja de coca) y el líder social Juan Quiñones Angulo, quien era parte del consejo comunitario La Voz de los Negros y de los encuentros “Educación en el riesgo de minas antipersonal”, de la fundación Cirec.

La acción armada es solo uno de los tantos episodios que se han alertado en la zona y que causó la reacción de diferentes sectores. Ante esto, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) lanzó una alerta, porque además del enfrentamiento se presentó el desplazamiento forzado de 44 familias (132 personas) al municipio Olaya Herrera y el confinamiento de 940 familias (1.830 personas) que temen por nuevos enfrentamientos o caer en una mina antipersonal, ante un caso que se presentó el lunes pasado.

Lo problemático, reconoce el alcalde de Magüí, Alejandro Juvenal Quiñones Cabezas, es que el municipio nunca ha vivido en paz, tanto así que de los 11.769 personas que se han identificado en confinamiento este año en Nariño, el 66 % son de Magüí.

La difícil situación se debe a los enfrentamientos entre grupos armados por el control de las rutas del narcotráfico, además de la confrontación directa entre las disidencias de Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia, que se han venido advirtiendo desde por lo menos los últimos dos años. De hecho, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta en julio del año pasado sobre la región el Telembí (Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán) por el riesgo inminente para comunidades étnicas, negras y líderes sociales por presencia de disidencias en disputa, el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

“Las condiciones sociales de los municipios describen una población estructuralmente pobre y marginal. Si no se toman medidas urgentes frente a la presencia de grupos armados ilegales que incursionan en el territorio y la existencia de fenómenos como el narcotráfico, el cual ha encontrado en la región un escenario ideal para su fortalecimiento y producción, es muy probable que se sigan consumando, recrudeciendo e incrementando afectaciones masivas a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, indicó la Defensoría.

Es por esto que desde organizaciones, como Pensamiento y Acción Social, se habla de confinamiento de las comunidades negras que están sobre las riberas de los ríos y por donde transitan los grupos armados, por lo que han pedido nuevas verificaciones de la Personería y la Defensoría, así como la intervención del Gobierno Nacional.

Los indígenas awás también han hecho llamados y recientemente bloquearon la vía al mar, ya que así como ha ocurrido en Magüí Payán, denuncian una serie de acciones y asesinatos sistemáticos -en el último mes- contra integrantes de su comunidad en zona rural de Tumaco y, en general, donde se encuentran los resguardos, lo que ha limitado su movilidad, sostenimiento y perturba la educación de los niños y la pervivencia de la comunidad.

Por ello, el alcalde de Magüí Payán pidió “al Gobierno Central que se ordene el desminado de todas las zonas de nuestro municipio, es demasiado lo que está pasando en materia de seguridad y en municipios vecinos por las confrontaciones que generan situaciones de desplazamientos y demás”, dijo Quiñones Cabezas.

A la par, el gobernador John Rojas solicitó a los armados muestras de paz, mientras que el secretario de Gobierno de Nariño, Amílcar Pantoja, indicó que ocho de los 69 PMU anunciados por el ministro del Interior, Alfonso Prada, estarán en Nariño, pero reconoce que hay un trabajo de fondo con las comunidades. “Los enfrentamientos todavía continúan. Este año hemos registrado 14.700 confinamientos y la mayoría son en la zona de Telembí y Tumaco, por eso mostramos nuestro apoyo a la paz total, pero también solicitamos ayuda, porque tenemos la dualidad de que las comunidades piden protección, pero impiden el ingreso del Ejército a sus espacios rurales por represalias de los grupos armados, por lo que cuando ocurren hechos no hay quién los atienda”.

Lo cierto es que todos esperan acciones que reduzcan la violencia que no ha cesado en la zona, y la cuestión está en qué tan pronto esto se podrá materializar.