"Tengo a los mejores investigadores"

Hace dos años, con la evidencia de que era necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia a los tributos, rentas y contribuciones parafiscales, todos amenazados por la corrupción, el Ministerio de Hacienda decidió crear una agencia con facultades de policía judicial y capacidad de adelantar procesos disciplinarios a corto plazo. Esta unidad administrativa especial ya lleva ocho meses operando, tiene andando 352 procesos, brega por no dejar prescribir otros que ya iban camino a la impunidad y hasta ahora ha destituido a 14 funcionarios.

Se trata de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), que está operando con un objetivo básico: que las quejas de la gente tengan efectos. En otras palabras, sus beneficiarios son los ciudadanos que, cansados de pagar sobornos o constatar falsedades, tienen ahora dónde denunciar. La prueba es que ya van 541 reclamos y la certeza de que la lucha es contra verdaderas mafias que han desplegado sus tentáculos para lucrarse con millonarios recursos públicos.

Al frente de este nuevo organismo está la abogada Carmen Maritza González, una experimentada investigadora judicial que desde 1989 empezó a consolidar en el departamento del Huila una sólida carrera en el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. La prueba es que entre septiembre de 2010 y abril de 2011 llegó a ser su directora nacional. Con recorrido de asesora legal de la DEA o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se trata de una experta en la lucha contra el delito, ahora con una misión crucial para el país.

Su campo de acción son la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales —que regula los derechos económicos de exfuncionarios de las empresas públicas en liquidación— y Coljuegos —que vigila las actividades de suerte y azar—. Tres escenarios donde se han detectado múltiples mecanismos para desviar o apropiarse de recursos del Estado. El objetivo de la ITRC es que las faltas gravísimas detectadas en los tres organismos puedan ser castigadas en procesos sumarios sin afectar el debido proceso.

“Yo necesitaba investigadores de oficio que supieran de técnicas en policía judicial y puedo decir que tengo los mejores”, comentó Carmen Maritza González, quien aclaró que ya tiene detectados los frentes donde es urgente aplicar medidas de vigilancia. Al menos en lo que respecta a impuestos y aduanas, en especial por temas de contrabando, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Maicao y las zonas de frontera son puntos críticos. La Guajira, Ipiales o Arauca son escenarios muy complicados, que requieren medidas extremas.

“En particular en la DIAN es notable el trabajo que ha venido desarrollando su director, Juan Ricardo Ortega, pero al igual que en las otras entidades bajo supervisión, sus oficinas de control disciplinario interno no tienen la fuerza suficiente para enfrentar a un enemigo tan poderoso como la corrupción”, recalcó la directora de la ITRC, quien admitió que tiene serios indicios de que las bandas criminales rondan donde hay contrabando y que por eso ya se diseñaron objetivos de alto valor donde no se ahorrarán esfuerzos para combatir el delito.

Los mecanismos ilegales detectados van desde simples cobros de horas extras no laboradas o levantes de carga en los puertos con documentos que no corresponden a lo que se reporta, hasta episodios de falsedades, cohecho, concusión, prevaricato, lavado de activos o asesoramiento ilegal. En algunos casos porque los sistemas son muy vulnerables o porque, a pesar de los avances tecnológicos, aún prevalecen los procedimientos manuales. En otros casos porque hay verdaderas mafias que han convertido el robo en una costumbre.

“Estamos para ayudarle a la DIAN, a Coljuegos y a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Yo sé que entre todos podemos hacer mucho contra la corrupción. Cuando uno se entera de que el Estado deja de percibir $40 billones en impuestos, que podrían servirle a tantos colombianos, es ineludible actuar. Yo sé hasta dónde puedo ir y le puedo garantizar al país que soy más legalista que el papa, pero ya les dije a mis funcionarios que si bien los procesos penales son distintos, lo que necesitamos es decisión”, aclaró González.

Con la aplicación de procesos verbales para sacar adelante casos en dos meses, auditorías de la mano con la tecnología para detectar los focos de corrupción y el apoyo de autoridades extranjeras, la ITRC quiere dar la pelea. Lo suyo es lo disciplinario, eso sí, respetando el poder preferente de la Procuraduría. Pero la idea también es que se puedan compulsar copias a la Fiscalía en aquellos casos que ameriten adelantar investigaciones penales. La idea es tomar decisiones con prontitud para que el ciudadano crea en sus denuncias.

“Muchos comerciantes estaban desesperanzados porque no pasaba nada. Muchas veces, cuando se ponía una queja, a los dos años llamaban a la gente. Lo que queremos hacer es marcar la diferencia y decirles a los corruptos que con nosotros no van a poder”, puntualizó la directora de la ITRC. Por ahora, con el apoyo de 122 funcionarios, esta nueva entidad quiere alcanzar un objetivo mayúsculo: “desarticular las organizaciones criminales que quieren infiltrarse en tres frentes del Estado muy sensibles para la consecución de recursos que necesitan muchos colombianos”.

Hace dos años, con la evidencia de que era necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia a los tributos, rentas y contribuciones parafiscales, todos amenazados por la corrupción, el Ministerio de Hacienda decidió crear una agencia con facultades de policía judicial y capacidad de adelantar procesos disciplinarios a corto plazo. Esta unidad administrativa especial ya lleva ocho meses operando, tiene andando 352 procesos, brega por no dejar prescribir otros que ya iban camino a la impunidad y hasta ahora ha destituido a 14 funcionarios.

Se trata de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), que está operando con un objetivo básico: que las quejas de la gente tengan efectos. En otras palabras, sus beneficiarios son los ciudadanos que, cansados de pagar sobornos o constatar falsedades, tienen ahora dónde denunciar. La prueba es que ya van 541 reclamos y la certeza de que la lucha es contra verdaderas mafias que han desplegado sus tentáculos para lucrarse con millonarios recursos públicos.

Al frente de este nuevo organismo está la abogada Carmen Maritza González, una experimentada investigadora judicial que desde 1989 empezó a consolidar en el departamento del Huila una sólida carrera en el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. La prueba es que entre septiembre de 2010 y abril de 2011 llegó a ser su directora nacional. Con recorrido de asesora legal de la DEA o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se trata de una experta en la lucha contra el delito, ahora con una misión crucial para el país.

Su campo de acción son la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales —que regula los derechos económicos de exfuncionarios de las empresas públicas en liquidación— y Coljuegos —que vigila las actividades de suerte y azar—. Tres escenarios donde se han detectado múltiples mecanismos para desviar o apropiarse de recursos del Estado. El objetivo de la ITRC es que las faltas gravísimas detectadas en los tres organismos puedan ser castigadas en procesos sumarios sin afectar el debido proceso.

“Yo necesitaba investigadores de oficio que supieran de técnicas en policía judicial y puedo decir que tengo los mejores”, comentó Carmen Maritza González, quien aclaró que ya tiene detectados los frentes donde es urgente aplicar medidas de vigilancia. Al menos en lo que respecta a impuestos y aduanas, en especial por temas de contrabando, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Maicao y las zonas de frontera son puntos críticos. La Guajira, Ipiales o Arauca son escenarios muy complicados, que requieren medidas extremas.

“En particular en la DIAN es notable el trabajo que ha venido desarrollando su director, Juan Ricardo Ortega, pero al igual que en las otras entidades bajo supervisión, sus oficinas de control disciplinario interno no tienen la fuerza suficiente para enfrentar a un enemigo tan poderoso como la corrupción”, recalcó la directora de la ITRC, quien admitió que tiene serios indicios de que las bandas criminales rondan donde hay contrabando y que por eso ya se diseñaron objetivos de alto valor donde no se ahorrarán esfuerzos para combatir el delito.

Los mecanismos ilegales detectados van desde simples cobros de horas extras no laboradas o levantes de carga en los puertos con documentos que no corresponden a lo que se reporta, hasta episodios de falsedades, cohecho, concusión, prevaricato, lavado de activos o asesoramiento ilegal. En algunos casos porque los sistemas son muy vulnerables o porque, a pesar de los avances tecnológicos, aún prevalecen los procedimientos manuales. En otros casos porque hay verdaderas mafias que han convertido el robo en una costumbre.

“Estamos para ayudarle a la DIAN, a Coljuegos y a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Yo sé que entre todos podemos hacer mucho contra la corrupción. Cuando uno se entera de que el Estado deja de percibir $40 billones en impuestos, que podrían servirle a tantos colombianos, es ineludible actuar. Yo sé hasta dónde puedo ir y le puedo garantizar al país que soy más legalista que el papa, pero ya les dije a mis funcionarios que si bien los procesos penales son distintos, lo que necesitamos es decisión”, aclaró González.

Con la aplicación de procesos verbales para sacar adelante casos en dos meses, auditorías de la mano con la tecnología para detectar los focos de corrupción y el apoyo de autoridades extranjeras, la ITRC quiere dar la pelea. Lo suyo es lo disciplinario, eso sí, respetando el poder preferente de la Procuraduría. Pero la idea también es que se puedan compulsar copias a la Fiscalía en aquellos casos que ameriten adelantar investigaciones penales. La idea es tomar decisiones con prontitud para que el ciudadano crea en sus denuncias.

“Muchos comerciantes estaban desesperanzados porque no pasaba nada. Muchas veces, cuando se ponía una queja, a los dos años llamaban a la gente. Lo que queremos hacer es marcar la diferencia y decirles a los corruptos que con nosotros no van a poder”, puntualizó la directora de la ITRC. Por ahora, con el apoyo de 122 funcionarios, esta nueva entidad quiere alcanzar un objetivo mayúsculo: “desarticular las organizaciones criminales que quieren infiltrarse en tres frentes del Estado muy sensibles para la consecución de recursos que necesitan muchos colombianos”.