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Fueron ocho palcos, de los 44 que se armaron en la plaza de toros Gilberto Charry en El Espinal, los que se vinieron abajo el domingo. Levantados de forma improvisada por los llamados “palqueros”, personas que heredaron este oficio de sus padres y que durante años vienen construyendo estas estructuras en guadua y madera para las fiestas de San Pedro y San Juan, que se han celebrado históricamente en Tolima. Este año, sin embargo, las tradicionales fiestas se convirtieron en un drama cuando parte de esa estructura construida de manera artesanal se vino abajo y se llevó la vida de cuatro personas, entre ellas un bebé, y mandó al hospital a cerca de 322, 17 menores de edad. ¿Qué pasó? Hoy todos evaden responsabilidades.
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“Esto se viene realizando hace 141 años y siempre se viene haciendo esta estructura. Por tradición celebramos unas corralejas, que le llamamos palcos, una estructura hecha en guadua con madera. Esto no había sucedido, no tiene un antecedente, desafortunadamente sucedió hoy”, dijo en diálogo con Caracol Radio el alcalde de El Espinal, Juan Carlos Tamayo. Entrevistado por otros medios, el funcionario agregó que “se hicieron las pruebas respectivas por parte de los funcionarios de la Alcaldía municipal, como se hacían todos los años”.
Explicaciones insuficientes para la Procuraduría General de la Nación, que informó que abrirá investigación disciplinaria en contra del alcalde de El Espinal por la tragedia. “El mandatario no respondió los requerimientos sobre planes de acción de atención de desastres realizados. Nos solidarizamos con familiares de heridos y fallecidos”, señaló el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
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Por su parte, el gobernador de Tolima, Ricardo Orozco, aseguró que “las competencias constitucionales sobre el territorio lo tienen los alcaldes en su municipio. Como gobernador soy coordinador, regulo muchas cosas, pero por eso hemos definido sacar un decreto instando a los alcaldes y con beneplácito del Gobierno, pero de fondo es el Congreso el que debe legislar lo que son cabalgatas y corralejas en el país”.
Los alcaldes tienen la capacidad de desincentivar las corralejas o no dar los permisos si no se cumple con la normatividad que establece las condiciones bajo las cuales se pueden permitir las prácticas taurinas. “Podrán celebrarse en aquellos territorios en los que sean una tradición regular, periódica e ininterrumpida, (...) en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización de estas actividades”, ordena la Sentencia 666 de 2010, de la Corte Constitucional.
Para la congresista electa Andrea Padilla (Alianza Verde), aunque el camino ideal sería que estas prácticas se prohibieran, “el camino jurídico posible es que los municipios, a través de sus alcaldías, vayan regulando, mientras que en el Congreso logramos avanzar en la discusión de la prohibición. Este debe ser un gran debate nacional, pues sigue habiendo un número importante de miradas conservadoras. Por esto, no sabemos a ciencia cierta si vamos a lograr la prohibición con el nuevo Congreso, probablemente no, pero sí tenemos que pensar en vías estratégicas e intermedias”, argumentó.
Tras la tragedia, Padilla se pronunció por medio de su cuenta de Twitter, asegurando que el 20 de julio radicará un proyecto de ley que prohíba dichas actividades, y solicitó el apoyo del Congreso. “Es una tragedia, son espectáculos grotescos. Pero siempre me pregunto, ¿cuál es la cifra de tolerancia de los alcaldes, ¿cuál es el número para que digan que no van a autorizar más estas cosas? (…) la Procuraduría se quedó dormida, la Gobernación dice “esto no es mío”, la Alcaldía no lo prohíbe y le echa la culpa al Congreso”, aseveró. “Esto es de norma, pero también de voluntad política”, agregó Padilla.
La ley establece que los organizadores deben garantizar estándares mínimos de seguridad, así como desde las alcaldías se deben instalar Puestos de Mando Unificado para atender las emergencias, no obstante, no parece suficiente, pues a las personas en estado de embriaguez se le suma el ingreso de menores de edad, a pesar de que Colombia se acogió a las recomendaciones de la ONU para proteger a los niños de la violencia de las prácticas taurinas, así como en la Resolución 1796 de 2018 se prohibió la presencia de menores de 18 años en actividades que tengan relación con el sufrimiento animal.