Trans-feminicidios, del odio y la sevicia

Leidy Padilla Daza era mujer, trans y peluquera. Murió el pasado 11 de julio a los 41 años. Su agresor llegó hasta el local donde ella había levantado su propio negocio, la sacó a la calle y, delante de sus vecinos, la apuñaló con sevicia. El crimen ocurrió en el barrio Villa del Rosario de Valledupar, la misma ciudad donde meses atrás hombres en la vía pública acechaban a las trans con machetes. Leidy es una de las 19 mujeres trans que, según calcula la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), han fallecido víctimas de feminicidios desde noviembre de 2019, y una de las seis víctimas trans de este delito en la región Caribe durante este año, según reportes de la organización Caribe Afirmativo. (5 lecciones del caso Sergio Urrego | La Disidencia)

Leidy no es una cifra, pero su caso demuestra que la lista de trans asesinadas en el país, por el hecho de ser mujeres y trans, sigue engrosándose, y ni siquiera una pandemia mundial, como la generada por el nuevo coronavirus, las ha salvado de la violencia machista. Durante esta cuarentena los feminicidas las han perseguido hasta sus casas, hasta sus negocios. Al crimen, sin embargo, le sucede el olvido y la impunidad. Primero, porque no hay estadísticas oficiales que den cuenta de las características de los feminicidios sistemáticos contra las mujeres trans y, segundo, porque las pocas cifras que se encuentran no son confiables, ya que hay un subregistro. (Ser LGBT+ en medio del coronavirus)

En su mayoría, son las amigas de las víctimas, y no sus familiares, quienes exigen justicia en la investigación de los feminicidios y quienes los visibilizan. Así lo aseguró Laura Weinstein, directora ejecutiva de la Fundación GAAT. Si no fuera por esas redes de apoyo o esas familias sociales, los cuerpos de las víctimas muchas veces no tendrían dolientes. No en vano es que algunas organizaciones de la sociedad civil, de forma independiente, llevan sus propios conteos de feminicidios de mujeres trans, pese a que la Ley Rosa Elvira Cely, que en 2015 creó el delito de feminicidio en el Código Penal colombiano, estableció que se debía adoptar un Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia Basada en Género. (Marta Álvarez, la lesbiana que le ganó una pelea internacional al Estado)

La Ley Rosa Elvira Cely, cuyo nombre rememora a la mujer asesinada y violada en el Parque Nacional de Bogotá por un compañero de clase, tipificó hace cinco años el feminicidio como un delito autónomo y lo describió como aquel homicidio producto de la discriminación por género, es decir, que la víctima es asesinada por el hecho de ser mujer o por motivos de su identidad de género, y porque se le considera inferior o subordinada. Ejemplo de ello son los feminicidios de mujeres trans en los que, en su mayoría, los agresores consideran que sus cuerpos no coinciden con los estereotipos que la sociedad ha repetido equivocadamente durante décadas sobre qué es ser mujer.

“A las mujeres que son víctimas de feminicidios no las matan por las mismas razones que matan a una persona en la calle, como por robarle el carro. El feminicidio es resultado de una violencia basada en discriminación, de esa idea de la inferioridad femenina, de creer que las mujeres tienen que tener un rol específico en la sociedad y, si no lo cumplen, se les violenta o se les castiga por salirse de ese rol”, sostiene María Camila Correa Flórez, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. (Guacherna gay: la historia de la reina que soñó con ser psicóloga)

Así, por ejemplo, Johanna Alexandra Pérez Rincón, coordinadora de proyectos de la Red Comunitaria Trans, explica que “en este tipo de violencias los victimarios atacan con frecuencia las partes con las que las trans expresan su identidad. Por ejemplo, según Pérez, los feminicidas apuñalan a sus víctimas en los senos o los glúteos, y durante el conflicto armado les quitaban el pene y se los ponían en la boca o en la mano. Una manifestación clara de su odio y sevicia, motivada por la identidad de género. “No nos maten. Nos están matando simplemente por ser trans, por ser nosotras”, recalca Pérez.

Pero la discriminación no se reduce solo al feminicida, sino que permanece incluso después en la investigación del crimen, en cabeza de funcionarios del Estado. Johanna Pérez agrega que la Red Comunitaria Trans ha detectado que las mujeres trans no son identificadas como tal en las diligencias de levantamiento de cadáveres y, desde un comienzo, son consideradas como hombres. “A través de derechos de petición nos hemos dado cuenta de que llenan el papeleo de la víctima como hombre, pero en la descripción del levantamiento del cuerpo, por ejemplo, afirman que el cuerpo vestía prendas femeninas o que tenía implantes mamarios. En otros casos los funcionarios dicen que la víctima se llamaba Javier y se hacía llamar alias Isabella, negándole por completo su identidad”, concluye Johanna Pérez. (Rolando Pérez, el profesor asesinado que avivó la lucha LGBT en el Caribe)

No obstante, la Fiscalía General de la Nación asegura estar comprometida con la investigación de feminicidios de mujeres trans. Carmen Torres Malaver, delegada para la Seguridad Ciudadana, respondió a El Espectador que se viene adelantando una estrategia transversal de investigación y análisis de las violencias dirigidas a las personas LGBTI. Ejemplo de ello es que todo delito que sea tipificado como “feminicidio” se encuentra priorizado, especialmente aquellos causados por la orientación sexual y la identidad de género diversa. Y, a la par de esto, se realizan otras acciones, como la instalación de mesas de trabajo y seguimiento, y las capacitaciones sobre violencias de género dirigidas a fiscales en el territorio.

“Los fiscales destacados por la delegada para la Seguridad Ciudadana revisan los radicados suministrados semanalmente por los sistemas de información, con el fin de verificar que la caracterización con que en principio son registrados los radicados se ajuste a la realidad procesal, a los hechos, a la orientación sexual y a la identidad de género diversa de las víctimas. En las investigaciones por feminicidio se vela por la recolección de elementos materiales probatorios y evidencias que visibilicen la violencia por prejuicio, los usos de las violencias (simbólica, excluyente, jerárquica e instrumental) y a su vez se analizan las situaciones con evidente exceso de violencia (overkill), símbolos homofóbicos y transfóbicos, entre otros, para su análisis contextual”, afirmó a este diario la delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía. (“No mató a una mujer, mató a una familia”: familia de trans asesinada)

La Fiscalía tiene registrados solo dos casos de feminicidio de mujeres trans, uno de ellos se encuentra en etapa de juicio y el otro con sentencia condenatoria. “Sin embargo, se evidencia que las mujeres trans son vulnerables a otros tipos de violencia, por ello la Fiscalía General de la Nación ha identificado otros tipos de violencias dirigidas a las mujeres trans por su identidad de género, encontrando situaciones de discriminación, violencia policial, violencia sexual, violencia intrafamiliar, entre otras. Para un total de 177 investigaciones activas por violencias dirigidas a las mujeres trans”, añadió la Fiscalía a El Espectador. Las cifras, no obstante, no coinciden con los conteos independientes de las organizaciones civiles.

Otro de los cambios más relevantes de la Ley Rosa Elvira Cely fue el aumento de las penas para el feminicida: hasta 60 años de prisión. La única condena en Colombia por el feminicidio de una mujer trans se profirió en diciembre de 2018 en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Garzón (Huila). El juez sentenció a un hombre de 23 años por asesinar a Ányela Ramos Claros. Un fallo histórico que hoy se estudia a la par de la primera sentencia por feminicidio en contra de una mujer trans en toda América Latina: Diana Sacayán, activista por los derechos humanos asesinada en Argentina en octubre de 2015. “En este caso se incorporó por primera vez en la historia de este país la noción de “travesticidio” al hablar de odio a la identidad de género”, informó Colombia Diversa.

Hace dos años los activistas de derechos humanos celebraron el fallo judicial del juez en Huila y el del caso Sacayán en Argentina, pero ahora piden celeridad en las investigaciones, así como crear un sistema confiable de estadísticas que permita dimensionar la violencia por prejuicio y los feminicidios de las trans. Esa es una promesa que desde 2017 hizo la política pública LGBTI, expedida por el expresidente Juan Manuel Santos semanas antes de terminar su mandato, pero que no fue reglamentada y hoy no tiene dientes, pese a que un juez de tutela ordenó al Ministerio del Interior ponerla en marcha.

¿Cuántos fiscales han sido capacitados en violencias de género?

A través de cursos sobre violencias basadas en género se capacitaron 475 servidores en 2018 y 562 en 2019. Para el presente año, en atención a la situación de emergencia sanitaria, se programaron unas series de conferencias virtuales que brindaron herramientas basadas en buenas prácticas que contribuyen a que los servidores puedan ejercer de manera efectiva su labor con enfoque de género durante las medidas de aislamiento.

Las estadísticas arrojan que los servidores de todo el país se conectaron en 27.609 oportunidades. En el marco de las teleconferencias que se realizaron durante el primer semestre se incluyó el tema de buenas prácticas en la investigación de violencias fundadas en orientación sexual e identidad de género, que contó con la asistencia de más de 1.400 servidores.

“En atención específica a población LGBTI, la Fiscalía cuenta con un curso anual de violencias fundadas en orientación sexual e identidad de género, que tiene como propósito fortalecer las competencias de investigadores y fiscales de todo el país para la investigación de este tipo de delitos. De igual forma, durante el II Congreso Internacional de Buenas Prácticas para Abordar las Violencias Basadas en Género se desarrolló un panel denominado “Feminicidio de mujeres lesbianas, bisexuales y trans”. En noviembre de 2020 se llevará a cabo la tercera edición de este congreso internacional, que tiene como tema central el transfeminicidio”, aseguró Carmen Torres Malaver, delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía a El Espectador.

Leidy Padilla Daza era mujer, trans y peluquera. Murió el pasado 11 de julio a los 41 años. Su agresor llegó hasta el local donde ella había levantado su propio negocio, la sacó a la calle y, delante de sus vecinos, la apuñaló con sevicia. El crimen ocurrió en el barrio Villa del Rosario de Valledupar, la misma ciudad donde meses atrás hombres en la vía pública acechaban a las trans con machetes. Leidy es una de las 19 mujeres trans que, según calcula la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), han fallecido víctimas de feminicidios desde noviembre de 2019, y una de las seis víctimas trans de este delito en la región Caribe durante este año, según reportes de la organización Caribe Afirmativo. (5 lecciones del caso Sergio Urrego | La Disidencia)

Leidy no es una cifra, pero su caso demuestra que la lista de trans asesinadas en el país, por el hecho de ser mujeres y trans, sigue engrosándose, y ni siquiera una pandemia mundial, como la generada por el nuevo coronavirus, las ha salvado de la violencia machista. Durante esta cuarentena los feminicidas las han perseguido hasta sus casas, hasta sus negocios. Al crimen, sin embargo, le sucede el olvido y la impunidad. Primero, porque no hay estadísticas oficiales que den cuenta de las características de los feminicidios sistemáticos contra las mujeres trans y, segundo, porque las pocas cifras que se encuentran no son confiables, ya que hay un subregistro. (Ser LGBT+ en medio del coronavirus)

En su mayoría, son las amigas de las víctimas, y no sus familiares, quienes exigen justicia en la investigación de los feminicidios y quienes los visibilizan. Así lo aseguró Laura Weinstein, directora ejecutiva de la Fundación GAAT. Si no fuera por esas redes de apoyo o esas familias sociales, los cuerpos de las víctimas muchas veces no tendrían dolientes. No en vano es que algunas organizaciones de la sociedad civil, de forma independiente, llevan sus propios conteos de feminicidios de mujeres trans, pese a que la Ley Rosa Elvira Cely, que en 2015 creó el delito de feminicidio en el Código Penal colombiano, estableció que se debía adoptar un Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia Basada en Género. (Marta Álvarez, la lesbiana que le ganó una pelea internacional al Estado)

La Ley Rosa Elvira Cely, cuyo nombre rememora a la mujer asesinada y violada en el Parque Nacional de Bogotá por un compañero de clase, tipificó hace cinco años el feminicidio como un delito autónomo y lo describió como aquel homicidio producto de la discriminación por género, es decir, que la víctima es asesinada por el hecho de ser mujer o por motivos de su identidad de género, y porque se le considera inferior o subordinada. Ejemplo de ello son los feminicidios de mujeres trans en los que, en su mayoría, los agresores consideran que sus cuerpos no coinciden con los estereotipos que la sociedad ha repetido equivocadamente durante décadas sobre qué es ser mujer.

“A las mujeres que son víctimas de feminicidios no las matan por las mismas razones que matan a una persona en la calle, como por robarle el carro. El feminicidio es resultado de una violencia basada en discriminación, de esa idea de la inferioridad femenina, de creer que las mujeres tienen que tener un rol específico en la sociedad y, si no lo cumplen, se les violenta o se les castiga por salirse de ese rol”, sostiene María Camila Correa Flórez, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. (Guacherna gay: la historia de la reina que soñó con ser psicóloga)

Así, por ejemplo, Johanna Alexandra Pérez Rincón, coordinadora de proyectos de la Red Comunitaria Trans, explica que “en este tipo de violencias los victimarios atacan con frecuencia las partes con las que las trans expresan su identidad. Por ejemplo, según Pérez, los feminicidas apuñalan a sus víctimas en los senos o los glúteos, y durante el conflicto armado les quitaban el pene y se los ponían en la boca o en la mano. Una manifestación clara de su odio y sevicia, motivada por la identidad de género. “No nos maten. Nos están matando simplemente por ser trans, por ser nosotras”, recalca Pérez.

Pero la discriminación no se reduce solo al feminicida, sino que permanece incluso después en la investigación del crimen, en cabeza de funcionarios del Estado. Johanna Pérez agrega que la Red Comunitaria Trans ha detectado que las mujeres trans no son identificadas como tal en las diligencias de levantamiento de cadáveres y, desde un comienzo, son consideradas como hombres. “A través de derechos de petición nos hemos dado cuenta de que llenan el papeleo de la víctima como hombre, pero en la descripción del levantamiento del cuerpo, por ejemplo, afirman que el cuerpo vestía prendas femeninas o que tenía implantes mamarios. En otros casos los funcionarios dicen que la víctima se llamaba Javier y se hacía llamar alias Isabella, negándole por completo su identidad”, concluye Johanna Pérez. (Rolando Pérez, el profesor asesinado que avivó la lucha LGBT en el Caribe)

No obstante, la Fiscalía General de la Nación asegura estar comprometida con la investigación de feminicidios de mujeres trans. Carmen Torres Malaver, delegada para la Seguridad Ciudadana, respondió a El Espectador que se viene adelantando una estrategia transversal de investigación y análisis de las violencias dirigidas a las personas LGBTI. Ejemplo de ello es que todo delito que sea tipificado como “feminicidio” se encuentra priorizado, especialmente aquellos causados por la orientación sexual y la identidad de género diversa. Y, a la par de esto, se realizan otras acciones, como la instalación de mesas de trabajo y seguimiento, y las capacitaciones sobre violencias de género dirigidas a fiscales en el territorio.

“Los fiscales destacados por la delegada para la Seguridad Ciudadana revisan los radicados suministrados semanalmente por los sistemas de información, con el fin de verificar que la caracterización con que en principio son registrados los radicados se ajuste a la realidad procesal, a los hechos, a la orientación sexual y a la identidad de género diversa de las víctimas. En las investigaciones por feminicidio se vela por la recolección de elementos materiales probatorios y evidencias que visibilicen la violencia por prejuicio, los usos de las violencias (simbólica, excluyente, jerárquica e instrumental) y a su vez se analizan las situaciones con evidente exceso de violencia (overkill), símbolos homofóbicos y transfóbicos, entre otros, para su análisis contextual”, afirmó a este diario la delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía. (“No mató a una mujer, mató a una familia”: familia de trans asesinada)

La Fiscalía tiene registrados solo dos casos de feminicidio de mujeres trans, uno de ellos se encuentra en etapa de juicio y el otro con sentencia condenatoria. “Sin embargo, se evidencia que las mujeres trans son vulnerables a otros tipos de violencia, por ello la Fiscalía General de la Nación ha identificado otros tipos de violencias dirigidas a las mujeres trans por su identidad de género, encontrando situaciones de discriminación, violencia policial, violencia sexual, violencia intrafamiliar, entre otras. Para un total de 177 investigaciones activas por violencias dirigidas a las mujeres trans”, añadió la Fiscalía a El Espectador. Las cifras, no obstante, no coinciden con los conteos independientes de las organizaciones civiles.

Otro de los cambios más relevantes de la Ley Rosa Elvira Cely fue el aumento de las penas para el feminicida: hasta 60 años de prisión. La única condena en Colombia por el feminicidio de una mujer trans se profirió en diciembre de 2018 en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Garzón (Huila). El juez sentenció a un hombre de 23 años por asesinar a Ányela Ramos Claros. Un fallo histórico que hoy se estudia a la par de la primera sentencia por feminicidio en contra de una mujer trans en toda América Latina: Diana Sacayán, activista por los derechos humanos asesinada en Argentina en octubre de 2015. “En este caso se incorporó por primera vez en la historia de este país la noción de “travesticidio” al hablar de odio a la identidad de género”, informó Colombia Diversa.

Hace dos años los activistas de derechos humanos celebraron el fallo judicial del juez en Huila y el del caso Sacayán en Argentina, pero ahora piden celeridad en las investigaciones, así como crear un sistema confiable de estadísticas que permita dimensionar la violencia por prejuicio y los feminicidios de las trans. Esa es una promesa que desde 2017 hizo la política pública LGBTI, expedida por el expresidente Juan Manuel Santos semanas antes de terminar su mandato, pero que no fue reglamentada y hoy no tiene dientes, pese a que un juez de tutela ordenó al Ministerio del Interior ponerla en marcha.

¿Cuántos fiscales han sido capacitados en violencias de género?

A través de cursos sobre violencias basadas en género se capacitaron 475 servidores en 2018 y 562 en 2019. Para el presente año, en atención a la situación de emergencia sanitaria, se programaron unas series de conferencias virtuales que brindaron herramientas basadas en buenas prácticas que contribuyen a que los servidores puedan ejercer de manera efectiva su labor con enfoque de género durante las medidas de aislamiento.

Las estadísticas arrojan que los servidores de todo el país se conectaron en 27.609 oportunidades. En el marco de las teleconferencias que se realizaron durante el primer semestre se incluyó el tema de buenas prácticas en la investigación de violencias fundadas en orientación sexual e identidad de género, que contó con la asistencia de más de 1.400 servidores.

“En atención específica a población LGBTI, la Fiscalía cuenta con un curso anual de violencias fundadas en orientación sexual e identidad de género, que tiene como propósito fortalecer las competencias de investigadores y fiscales de todo el país para la investigación de este tipo de delitos. De igual forma, durante el II Congreso Internacional de Buenas Prácticas para Abordar las Violencias Basadas en Género se desarrolló un panel denominado “Feminicidio de mujeres lesbianas, bisexuales y trans”. En noviembre de 2020 se llevará a cabo la tercera edición de este congreso internacional, que tiene como tema central el transfeminicidio”, aseguró Carmen Torres Malaver, delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía a El Espectador.