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La Red Departamental de Veedurías Ciudadanas de Mujeres del Meta presentó un informe de seguimiento a la implementación de la ley 1257 del 2008. En este documento la organización denuncia que esta disposición no ha sido cumplida a cabalidad, pues los casos de violencia en contra de las mujeres sigue siendo elevando. Además, denuncia que en muchos casos no hay un acompañamiento psicosocial adecuado para las víctimas.
“Han pasado 12 años de expedición de la ley 1257 de 2008 que busca prevenir, sancionar y garantizar una vida libre de violencias para las mujeres. Su aplicabilidad real y efectiva aún es una utopía, especialmente para las mujeres del Meta que se ha ubicado en los últimos años dentro de los primeros lugares como uno de los más inseguros y violentos para cada una de nosotras”, asegura el informe.
Los datos utilizados para generar el informe fueron tomadas de organizaciones como el Observatorio de Feminicidios de Colombia, así como por entidades como Medicina Legal y la Secretaría de la Mujer del Meta. La veeduría tomó como referencia los anos 2019 y 2020 para hacer este seguimiento a la ley 1257 de 2008.
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“En el departamento del Meta el aumento de casos de violencia intrafamiliar se elevó en el marco del aislamiento obligatorio por COVID-19. Los tipos de delito más predominantes en el 2019, reportados en otras infografías de la Secretaría de la Mujer, dan cuenta que la violencia intrafamiliar para ese mismo año contó con 1.166. En el 2020 fueron 1.456 casos. Hay una reducción de los casos de lesiones personales, amenazas y homicidios para el año pasado. Sin embargo el delito del feminicidio se ha disparado en el año 2020 respecto del año 2019″, se lee en el informe.
En el documento también está retratado el contexto a nivel nacional sobre violencia contra la mujer. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia entre enero y septiembre de 2020 hubo 445 feminicidios en Colombia, siendo septiembre el mes que más casos presentó con 111 mujeres víctimas de violencia feminicida. Según el informe de dicha organización, el Valle del Cauca y Antioquia fueron los departamentos donde más homicidios de mujeres hubo con 19 cada uno.
“De acuerdo a la información suministrada por el Observatorio Colombiano de Mujeres en el 2020 se incrementaron en un 116% las llamadas a la línea 155 respecto al mismo periodo de reporte del año 2019. En promedio se recibieron 109 llamadas diarias. Esto indica que la pandemia por COVID-19 efectivamente representó un factor determinante para el incremento de la violencia intrafamiliar”, aseguró la Red Departamental de Veedurías Ciudadanas de Mujeres del Meta.
Acciones institucionales
Uno de los capítulos del informe está dedicado a qué han hecho las entidades para hacer cumplir esta ley y que los casos de feminicidios y violencia en contra de la mujer disminuyan. La Defensoría del Pueblo, Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Secretaria de la Mujer, la Familia y Equidad de Género del departamento, la Policía de Villavicencio y las Comisarías de Familia son las instituciones a las que les hicieron seguimiento con respecto a estos temas.
En cuanto a la Defensoría, el informe asegura que la entidad está revisando los planes departamentales de desarrollo para establecer de cara a las advertencias, los programas, proyectos, estrategias o acciones que contribuyen a minimizar o erradicar estas situaciones de violencia en las niñas, niños y adolescentes.
Uno de los proyectos que está adelantando la Defensoría del Pueblo es la creación de una guía para el desarrollo de conversatorios virtuales con niñas, niños y adolescentes refugiados, migrantes y retornados. Este proceso estará a cargo de las regionales de esta institución mientras haya medidas restrictivas por la pandemia. El propósito de esta estrategia es hace visible los derechos de la niñez y la adolescencia durante las cuarentenas.
“Con base en el alarmante incremento de situaciones de maltrato y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, después de la declaratoria de la emergencia sanitaria, se han realizado capacitaciones con instituciones públicas en el marco del Comité de Atención sobre las Violencias de Género” aseguró la veeduría en el informe.
El informe asegura que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Villavicencio cuenta con cuatro médicos forenses, un psiquiatra, dos psicólogas y tres asistentes forenses para atención de usuarios. Para el caso de los municipios de Acacias y Granada cuentan con un médico y un asistente forenses en cada uno. En Puerto López solo hay un médico forense.
En el caso de Icbf, la veeduría asegura que el objetivo de la institución es promover “en las familias y cuidadores la promoción y la garantía de los derechos, prevenir su vulneración y gestionar la activación de las rutas de restablecimiento, a partir del empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos”.
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Desde al área misional de familia y comunidad del Icbf también está la modalidad ‘Mi Familia’, la cual busca fortalecer a los núcleos familiares para promover la protección integral de niños, niñas y adolescentes de la región para prevenir la violencia, negligencia y abusos en su contra. En cuanto a la primera infancia, el instituto realiza contrataciones a entidades administradora de servicio, las cuales son las responsables de actuar frente a los posibles casos de amenazas y vulneración de derechos, y activan rutas de atención.
En cuanto a la Secretaría de la Mujer, “en pandemia se habilitó la “Línea Violeta”, donde se prestaba asesoría jurídica y psicológica, así como asistencia para la activación de la ruta de atención. Sin embargo, se nos dio a conocer de manera constante, quejas porque no contestaban las llamadas de las mujeres que requerían estos servicios. En algunas ocasiones, se presentaron casos de mala atención”, informaron desde la veeduría.
La Policía de Villavicencio estableció grupos de patrulla en casa conformados por las especialidades de investigación criminal de la SIJIN, inteligencia policial, grupo de infancia y adolescencia, y otras instituciones con el fin de atender los hechos de violencia basadas en el género.
Por último, existen tres Comisarías de Familia en la capital del Meta, las cuales durante las restricciones por la pandemia cambiaron sus horario. Según el informe, esto generó confusión en la comunidad e impidió muchas veces el acceso a los servicios que se ofrecen en las mismas.
“Desde la Red Departamental de Veedurías Ciudadanas de Mujeres y junto a la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal) y la Defensoría del Pueblo, se adelantó el primer módulo de capacitación a Comisarías de Familia para la inclusión del enfoque diferencial y de género en la atención y prestación de sus servicios”, se lee en el informe.
Seguimiento a la ley 1257 del 2008
En junio de 2020 la veeduría presentó un informe al comité de seguimiento. En este presentaron los hallazgos, debilidades y avances de la implementación de la ley. A raíz de esto construyeron el pacto por la garantía del derechos a una vida libre de violencia para las niña, adolescentes y mujeres del Meta. Dicho documento fue firmado por las 29 Alcaldías del departamento, por la Gobernación y algunas de las instituciones mencionadas en el apartado anterior. En este hay más de 50 compromisos para avanzar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres.
Después de hacer un seguimiento a los compromisos y al cumplimiento de los mismos, la Red Departamental de Veedurías Ciudadanas de Mujeres aseguró que observan que las entidades otorgan respuestas tímidas que impiden evaluar que sus acciones realmente contribuyen a la superación de las violencias contra las mujeres y niñas así como la prevención de las mismas.
“Reconocemos que algunas entidades territoriales han dispuesto de mayores recursos presupuestales para hacerles frente. Preocupa el retroceso que observamos en otras por las pocas acciones, inversión presupuestal y voluntad para promover espacios decisivos para la planeación de la política social en los municipios”, reza el informe.
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En el informe le hacen un llamado especial a las Comisarías de Familia, las cuales son la puerta de ingreso para que las mujeres víctimas puedan tener justicia. Además, aseguran que durante la pandemia no hubo una comunicación directa con el Ministerio de Salud para poder implementar las acciones necesarias para que prestaran el servicio tomando las medidas de bioseguridad.
“Desde la Red hacemos un llamado para que las instituciones avancen en el cumplimiento del pacto y hagan monitoreo sobre sus procesos para evaluar el impacto y eficacia de estos. Hacemos un llamado para articular con las organizaciones de mujeres y las veedurías del departamento para fortalecer las acciones que desarrollan y promover estrategias novedosas que permitan cumplir y avanzar en el disfrute de una vida libre de violencias para las mujeres y niñas del departamento del Meta.