Víctor Carranza, el 'gambeteador' de la justicia

En personaje central de la violencia colombiana de los últimos 50 años que sobrevivió al menos a tres guerras, a incontables atentados de sus enemigos, y a varios cercos de la justicia, pero que solo pudo ser derrotado por un cáncer de próstata y pulmón. Para algunos un héroe, para otros un genocida. De cualquier manera, un protagonista de la guerra y la paz.

Nacido el 8 de octubre de 1935 en el municipio de Guateque (Boyacá), desde temprana edad su vida empezó a trascurrir en la zona esmeraldífera del occidente del mismo departamento. De hecho, a los 11 años ya escarbaba entre las minas en busca de alguna gema. Por eso, no solo se volvió un experto en la explotación y búsqueda de esmeraldas, sino que fue testigo de excepción de como con el paso de los años la región se fue convirtiendo en un hervidero de violencia. No demoraría en estallar la primera “guerra verde” entre quienes se disputaron el control de las minas.

Fue la época en que desde los municipios de Jesús María, Puente Nacional y La Belleza, en el departamento de Santander, surgió un despiadado bandolero que llegó a imponer su ley en la zona esmeraldífera. Se trataba de Efraín González, quien alentado por la violencia partidista que ya hacía estragos en buena parte de la zona andina colombiana, impuso su imperio criminal junto a su hermano Valentín y otros malhechores. Los años finales de la década de los cincuenta y la primera mitad de los años sesenta dejaron innumerables víctimas en la región.

Durante esta época, según lo recordaba el propio Carranza, mientras Efraín González y sus opositores liberaban una guerra a muerte por el control de las minas en Muzo, Otanche, Quipama o Chiquinquirá, él y sus amigos encontraron al mina “Peñas Blancas”, que les permitió consolidarse económicamente en la zona. Inmerso en el mundo de los túneles, la geología y la búsqueda de las esmeraldas, Víctor Carranza, ya convertido en un audaz negociante, emprendió la búsqueda de la legalización de la actividad minera, sin apartarse de la confrontación armada.

La prueba de una y otra faceta quedó registrada en documentos oficiales. Así como Víctor Carranza, asociado con Juan Beetar, tramitó a principios de los años sesenta su primera licencia para explotar esmeraldas con permiso gubernamental, también por la misma época surgieron las primeras evidencias de su vinculación con acciones ilegales. En concreto, en 1964, el entonces presidente Guillermo León Valencia divulgó una investigación en la cual el nombre de Carranza, junto a Isauro Murcia o Gilberto Molina, apareció asociado a las mafias de las esmeraldas.

En aquel tiempo, luego de la baja de Efraín González en Bogotá tras sus andanzas criminales en varios departamentos, en la región esmeraldífera se impuso un nuevo capo: Humberto Ariza, apodado “El Ganso”. Un antiguo lugarteniente de González que nunca se cansó de apretar el gatillo u ordenar que sus hombres lo hicieran. Con el paso de los años logró ser detenido y condenado por la justicia. Cuando obtuvo su libertad, fue asesinado a tiros en Bogotá. Ya su poder había pasado a otras manos y reinaba otro esquema en la zona esmeraldífera de Boyacá.

En efecto, durante el gobierno de Misael Pastrana, el ejecutivo decidió poner reglas claras en la región y promovió una licitación pública para distribuir las zonas de explotación de gemas. Una de las beneficiarias de esta iniciativa gubernamental fue la empresa Tecminas, de propiedad de Víctor Carranza. A través de este procedimiento, el “zar de las esmeraldas” logró hacerse a concesiones para monopolizar el negocio en varias minas de Muzo y Quipama. El esquema resultó eficaz durante algunos años, pero a la vuelta de la esquina ya se asomaban nuevos factores de violencia.

Mientras en otras regiones del territorio nacional, los grupos guerrilleros y las nacientes organizaciones de autodefensas empezaban a configurar su guerra aparte, en la región esmeraldífera todo parecía controlado. Sin embargo, desde sus propias entrañas, por iniciativa de algunos de los mandamás de la región, comenzó a abrirse paso una nueva actividad: combinar la búsqueda, comercialización y exportación de esmeraldas con la producción de cocaína. De esta manera, se fueron formando nuevas bandas de asesinos, esta vez pugnando por el control de ambos negocios.

Inicialmente, al margen de la actividad minera de Víctor Carranza, su amigo Gilberto Molina, también de enorme influencia en la región, decidió mezclarle coca a su proyección económica. Y en este giro mucho tuvo que ver otro personaje que llegó a la región como un simple ayudante de bus intermunicipal o comerciante y llegó a convertirse en un verdadero capo. Se trataba de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, un personaje oriundo de Pacho (Cundinamarca) que llegó a ser uno de los principales capos del denominado cartel de Medellín.

En una entrevista concedida al periódico El Espectador en febrero de 2010, el propio Carranza manifestó que “El Mexicano” llegó a la región esmeraldífera de Boyacá por razones estratégicas. Según él ya estaba asociado con los grupos de autodefensa y al negocio de la cocaína. Apareció por el municipio de La Dorada, donde le había comprado una finca a Gilberto Molina, pero en ese tiempo andaba tranquilamente con la Policía y las autoridades civiles. Lo cierto es que pronto se convirtió en el capo de la región aunque Carranza sostuvo que ni él ni Molina aceptaron que fuera su socio en actividad alguna.
Lo cierto es que a mediados de los años ochenta, según Carranza por su negativa para entrar en tratos con Rodríguez Gacha, estalló una nueva guerra en la zona esmeraldífera. Carranza siempre dijo que él se encerró en sus minas, pero que la guerra de “El Mexicano” contra él y sus socios dejó más de tres mil personas muertas. Una guerra que principalmente se libró en el occidente de Boyacá, pero que pronto se trasladó a las propias calles de Bogotá. La sede de Tecminas fue blanco de un atentado terrorista y un sobrino de Víctor Carranza murió asesinado.

El episodio que puso en alerta a las autoridades sobre las dimensiones que estaba alcanzando esta guerra ocurrió el 27 de febrero de 1989, cuando cayó asesinado en una finca de su propiedad en el municipio de Sasaima (Cundinamarca), el esmeraldero y amigo incondicional de Carranza, Gilberto Molina Moreno. Las autoridades comprobaron que la muerte de Molina junto a 18 personas más, fue perpetrada por hombres al mando de Gonzalo Rodríguez Gacha. Así lo relató en su momento Carranza: “Rodríguez Gacha manejó a Gilberto como si fuera su amigo, pero lo engañó y lo mató”.

La muerte de Gilberto Molina en la finca La Paz del municipio de Sasaima, en un episodio en el que también murió su jefe de seguridad, el coronel ® Julio César Jiménez y 17 personas más, incrementó la violencia en la región esmeraldífera. Entre tanto, en Bogotá, en su propósito de dejar al descubierto los tentáculos de la mafia con el paramilitarismo, el Departamentos Administrativo de Seguridad (DAS), desarrolló un operativo que puso en aprietos a Víctor Carranza, quien a través de otro de sus socios, Ángel Gaitán Mahecha, también libraba la “guerra verde”.

La acción del DAS tuvo lugar el 4 de abril de 1989, cuando fue ocupado un inmueble en el barrio Marsella en Bogotá y fueron capturados 10 sicarios. Uno de ellos, identificado como Camilo Zamora Guzmán, alias “Travolta”, decidió colaborar con la justicia. Por esos mismos días se entregó a las autoridades el sujeto William Góngora, quien al igual que “Travolta” optó por colaborar con el gobierno y develar los alcances del paramilitarismo y la mafia en el departamento del Meta. Las confesiones de estos individuos sacaron de su relativo anonimato al “Zar de las esmeraldas”.

Góngora y “Travolta” guiaron a la justicia hasta las fincas San Pablo, La Reforma y La Ginebra, situadas en el municipio de Puerto López (Meta) y encontraron una fosa con cadáveres de personas asesinadas días atrás y reportadas como desaparecidas. En particular en la llamada finca La Sesenta, fue descubierto un sofisticado centro de adiestramiento de mercenarios con capacidad de alojamiento para 100 personas. Además, se encontró un poderoso arsenal integrado por fusiles, ametralladoras, granadas, escopetas y municiones.

Como quiera que, además, Góngora y “Travolta” confesaron que esta extensión del paramilitarismo era responsable de múltiples asesinatos de líderes de la Unión Patriótica en la región, entre ellos Luis Eduardo Yaya Cristancho y Carlos Kovacs, la justicia decidió abrir investigación contra 32 personas. Entre los encausados apareció por primera vez en prontuarios judiciales el nombre de Víctor Carranza Niño. En otras palabras, al tiempo que el “Zar de las esmeraldas” protagonizaba en la “guerra verde”, comenzaba a librar una lucha aparte con la justicia.

No obstante, el poder judicial perdió su primer lance con Carranza. En momentos en que un juzgado de Villavicencio promovía acciones judiciales por los hallazgos en Puerto López en bienes presuntamente de propiedad de Carranza, de manera sorpresiva la entonces jueza cuarta de orden público de Villavicencio, Marcela Fernández Castañeda, pidió el envío de las pesquisas realizadas por uno de sus colegas, con el argumento de que ella ya tenía avances al respecto. De esta manera quedó entablada una colisión de competencia entre dos juzgados.

A finales de ese 1989, el Tribunal Superior de Orden Público desató el conflicto y le entregó el caso a la jueza Marcela Fernández. Cinco meses después, la funcionaria absolvió a Carranza y a todos los detenidos del operativo de abril. Según ella las versiones que incriminaban a Carranza con los grupos paramilitares no pasaban de ser rumores, y las confesiones de Góngora y “Travolta” comentarios de mitómanos falseando la verdad. En total, 32 acusados de concierto para delinquir y homicidios con fines terroristas fueron amparados por la absolución.

Lo paradójico es que el testigo William Góngora apareció asesinado días después, y la misma suerte terminó corriendo el administrador de la finca La Sesenta. En cuanto a “Travolta”, nunca volvió a saberse de su paradero. La jueza Marcela Fernández fue procesada por la Procuraduría General de la Nación y destituida de su cargo en 1992. Ya para entonces, Víctor Carranza había logrado con ésta dos victorias: su absolución por la justicia y el protagonismo de convertirse en un gestor de paz, en un inédito proceso de negociación que se llevó a cabo en la región esmeraldífera.

El gran promotor de la paz en el occidente de Boyacá terminó siendo el obispo de Chiquinquirá, Álvaro Jarro. Lo hizo meses después de que Gonzalo Rodríguez Gacha cayera abatido por la Policía cerca al municipio de Tolú en el departamento de Sucre. Uno de los firmantes de esa paz fue precisamente Víctor Carranza. De esta manera se puso fin a la ola de violencia en la región. No obstante, al “Zar de las Esmeraldas” no le duro mucho la tranquilidad. En 1993, la Fiscalía Regional de Bogotá ordenó su detención, bajo los cargos de la conformación de grupos paramilitares.

Era la época en que tomaba forma la Fiscalía General de la Nación, y sus investigadores creían tener la certeza de poder imputar cargos a Carranza, no solo por el tema del paramilitarismo sino también por enriquecimiento ilícito, porte ilegal de armas y narcotráfico. Ya no era por violencia en el occidente de Boyacá sino por conexiones con el paramilitarismo en el departamento del Cesar y, en especial, en el departamento del Meta. Paradójicamente, en esta región también había llegado a consolidar un verdadero imperio criminal el extinto capo Gonzalo Rodríguez Gacha.

Como en el primer proceso, en pocos meses ya Carranza a través de sus abogados había sorteado de nuevo su lance con la justicia. Si mayores enemigos a la vista, absuelto de todo cargo, para su vida vinieron varios meses de relativa tranquilidad. Se consolidó como exportador de esmeraldas y varias veces fue invitado por dirigentes políticos para hacer parte de reuniones en las cuales se estaba tratando de visualizar un proceso de paz para Colombia. Eran los tiempos de Ernesto Samper y proliferaban múltiples iniciativas de paz. Carranza posaba de interlocutor.

Uno de los episodios más sonados en ese momento fue el de su presencia en las iniciativas de paz promovida por el entonces director de la fundación Buen Gobierno, Juan Manuel Santos. El “Zar de las esmeraldas” explicó así que fue lo que sucedió: “el doctor Juan Manuel buscaba parar el derramamiento de sangre y por mi experiencia del proceso que tuvimos en Boyacá, me buscaron. Me preguntaron si podía conseguir un contacto con Carlos Castaño. Les dije que no pero que sí sabía que algunos ganaderos de Córdoba podían hacerlo. Conocí así también al doctor Álvaro Leyva y fuimos a la reunión con Castaño”.

En la citada entrevista con El Espectador de febrero de 2010, Carranza explicó que en esa reunión hubo al menos 25 personas y que él solo conocía a Carlos Castaño, a Juan Manuel Santo y Álvaro Leyva. El encuentro duró más de tres horas. Con el tiempo trascendió que lo que se buscaba era una fórmula para llegar a la paz y que gestiones similares se habían realizado con la guerrilla. Carranza agregó: “Después de eso nunca volví a tener una reunión personal con Juan Manuel. Dicen que soy su amigo, pero es mentira. Le tengo aprecio y respeto. Sí me tocara votar por él, lo haría con gusto”.

En 1997, volvieron sus apremios. Un fiscal sin rostro de Barranquilla dictó un auto de detención en su contra por conformación de grupos de justicia privada en el departamento del Cesar, más exactamente en la zona de Pelaya. La orden de captura se hizo efectiva en febrero de 1998, cuando el “Zar de las esmeraldas” fue capturado en la Hacienda Cantarrana situada al nororiente de Bogotá. Oficiaba como fiscal Alfonso Gómez Méndez y esta vez se creía que finalmente Víctor Carranza iba a responder por los múltiples señalamientos en su contra, ya formalizados a través de un apelativo para su presunto grupo armado: “Los Carranceros”.

Sin embargo, tampoco esta vez pudo la justicia. En 2001, amparado por un recurso de Habeas Corpus, logró quedar libre. Tiempo después fue absuelto. Y no contento con su nueva victoria judicial, decidió demandar al Estado por privación ilícita de su libertad. Esta pelea también terminó ganándola en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Todo parecía indicar que la vida de Carranza, ya por encima de los sesenta años, iba a regresar al mundo empresarial. Pero no contaba con que los jefes paramilitares también le iban a incomodar la vida con sus señalamientos.

En desarrollo del proceso de paz entre los grupos de autodefensa y el gobierno Uribe, pronto se hizo necesario que los jefes del paramilitarismo confesaran sus verdades, entonces, en la medida en que se fue agrietando la negociación, los desmovilizados la emprendieron contra Víctor Carranza. Uno de ellos fue Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, quien aseguró haber sido testigo de varios encuentros del “Zar de las esmeraldas” con Carlos Castaño, y que incluso de esas reuniones salió la propuesta de crear un bloque paramilitar en el departamento de Boyacá.

Con el paso de los años, otro jefe paramilitar, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, también aseguró que Víctor Carranza había sido el promotor a la sombra de las sangrienta guerra librada en los departamentos del Meta y Casanare entre los Urabeños del jefe del bloque Centauro Miguel Arroyave y el jefe de las Autodefensas Unidas del Casanare, Héctor Buitrago, más conocido como Martín Llanos. Así mismo, el jefe paramilitar Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, sostuvo que Carranza realmente era el zar del paramilitarismo y que muchas veces lo vio en Puerto Boyacá.

El extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso agregó a lo dicho que entre 1996 y 1997 habían participado en varias reuniones de planeación de las autodefensas en las cuales había estado Víctor Carranza. Textualmente Mancuso dijo: “Esa fue una reunión citada por Castaño, Carranza llegó en un helicóptero hasta La Rula, en zona montañosa del Urabá. Hablamos de que se necesitaban autodefensas en los Llanos porque la guerrilla estaba enviando refuerzo a esa zona. Según Mancuso la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida en 1997, fue parte de esa estrategia antisubversiva y se hizo con el apoyo de Víctor Carranza”.

A pesar de que estos y otros testimonios de paramilitares los señalaba como uno de sus aliados, nunca la justicia se dispuso a escucharlo. De manera coloquial, Carranza terminó explicando que el mismo fue a la Fiscalía a decir que cuando todos eso personajes del paramilitarismo lo buscaron él les dijo que no estaba interesado y que por eso lo declararon objetivo militar. En cuanto a los “Carranceros” el “Zar de las esmeraldas” explicó que eran los jornaleros de sus fincas, y que él le había dicho a la justicia que esos muchachos se iban formando pero no podía responder por todos.

A sus divergencias con la justicia, pronto se sumaron sus líos de seguridad el 4 de julio de 2009, en la carretera de los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, en el Meta, fue blanco de un atentado en el que murieron dos de sus escoltas. Dos personas más resultaron heridas. En marzo de 2010, fue nuevamente atacado, esta vez en el sector conocido como Pompeya, a 20 km de Villavicencio. Un carrotanque fue atravesado a la caravana de vehículos que escoltaban a Carranza, pero este logró salir ileso. Según las autoridades los atentados venían de Pedro Oliverio alias “Cuchillo” y Daniel “El Loco” Barrera, por la disputa territorial en el departamento.

Carranza insistió una y otra vez que lo que estaba sucediendo era un rebrote de la violencia en la zona esmeraldífera de Boyacá, e incluso le pidió al sector encabezado por un tal Pedro Rincón, más conocido como Pedro Orejas, que contribuyera a impedir que se reactivara la violencia en la zona. En medio de sus apremios, por primera vez apareció un libro concreto sobre la vida y acciones sin investigar de Víctor Carranza. Escrito por el sacerdote Javier Giraldo y el congresista Iván Cepeda, el texto resumió todas las andanzas del polémico personaje, calificando como “asombrosa impunidad que nada hubiera ocurrido en su caso”.

El libro fue publicado en abril de 2012 y desde entonces comenzaron a crecer las noticias de los quebrantos de salud del “Zar de las esmeraldas”. Al tiempo que se especulaba sobre sus bienes y propiedades y se discutía sobre la posibilidad de que el Incoder interviniera varios de estos inmuebles, se multiplicaron las especulaciones sobre su estado de salud y la forma como iba a repartir su herencia. Hoy terminaron los rumores cuando se formalizó que el cáncer que ya dominaba sus pulmones y su próstata, finalmente terminó con su vida. Murió sin que la justicia pudiera condenarlo, ni sus enemigos precipitar su muerte. Unos lo lloran, otros lo repudian, ha desaparecido otro protagonista de la violencia en Colombia de los últimos cincuenta años.

En personaje central de la violencia colombiana de los últimos 50 años que sobrevivió al menos a tres guerras, a incontables atentados de sus enemigos, y a varios cercos de la justicia, pero que solo pudo ser derrotado por un cáncer de próstata y pulmón. Para algunos un héroe, para otros un genocida. De cualquier manera, un protagonista de la guerra y la paz.

Nacido el 8 de octubre de 1935 en el municipio de Guateque (Boyacá), desde temprana edad su vida empezó a trascurrir en la zona esmeraldífera del occidente del mismo departamento. De hecho, a los 11 años ya escarbaba entre las minas en busca de alguna gema. Por eso, no solo se volvió un experto en la explotación y búsqueda de esmeraldas, sino que fue testigo de excepción de como con el paso de los años la región se fue convirtiendo en un hervidero de violencia. No demoraría en estallar la primera “guerra verde” entre quienes se disputaron el control de las minas.

Fue la época en que desde los municipios de Jesús María, Puente Nacional y La Belleza, en el departamento de Santander, surgió un despiadado bandolero que llegó a imponer su ley en la zona esmeraldífera. Se trataba de Efraín González, quien alentado por la violencia partidista que ya hacía estragos en buena parte de la zona andina colombiana, impuso su imperio criminal junto a su hermano Valentín y otros malhechores. Los años finales de la década de los cincuenta y la primera mitad de los años sesenta dejaron innumerables víctimas en la región.

Durante esta época, según lo recordaba el propio Carranza, mientras Efraín González y sus opositores liberaban una guerra a muerte por el control de las minas en Muzo, Otanche, Quipama o Chiquinquirá, él y sus amigos encontraron al mina “Peñas Blancas”, que les permitió consolidarse económicamente en la zona. Inmerso en el mundo de los túneles, la geología y la búsqueda de las esmeraldas, Víctor Carranza, ya convertido en un audaz negociante, emprendió la búsqueda de la legalización de la actividad minera, sin apartarse de la confrontación armada.

La prueba de una y otra faceta quedó registrada en documentos oficiales. Así como Víctor Carranza, asociado con Juan Beetar, tramitó a principios de los años sesenta su primera licencia para explotar esmeraldas con permiso gubernamental, también por la misma época surgieron las primeras evidencias de su vinculación con acciones ilegales. En concreto, en 1964, el entonces presidente Guillermo León Valencia divulgó una investigación en la cual el nombre de Carranza, junto a Isauro Murcia o Gilberto Molina, apareció asociado a las mafias de las esmeraldas.

En aquel tiempo, luego de la baja de Efraín González en Bogotá tras sus andanzas criminales en varios departamentos, en la región esmeraldífera se impuso un nuevo capo: Humberto Ariza, apodado “El Ganso”. Un antiguo lugarteniente de González que nunca se cansó de apretar el gatillo u ordenar que sus hombres lo hicieran. Con el paso de los años logró ser detenido y condenado por la justicia. Cuando obtuvo su libertad, fue asesinado a tiros en Bogotá. Ya su poder había pasado a otras manos y reinaba otro esquema en la zona esmeraldífera de Boyacá.

En efecto, durante el gobierno de Misael Pastrana, el ejecutivo decidió poner reglas claras en la región y promovió una licitación pública para distribuir las zonas de explotación de gemas. Una de las beneficiarias de esta iniciativa gubernamental fue la empresa Tecminas, de propiedad de Víctor Carranza. A través de este procedimiento, el “zar de las esmeraldas” logró hacerse a concesiones para monopolizar el negocio en varias minas de Muzo y Quipama. El esquema resultó eficaz durante algunos años, pero a la vuelta de la esquina ya se asomaban nuevos factores de violencia.

Mientras en otras regiones del territorio nacional, los grupos guerrilleros y las nacientes organizaciones de autodefensas empezaban a configurar su guerra aparte, en la región esmeraldífera todo parecía controlado. Sin embargo, desde sus propias entrañas, por iniciativa de algunos de los mandamás de la región, comenzó a abrirse paso una nueva actividad: combinar la búsqueda, comercialización y exportación de esmeraldas con la producción de cocaína. De esta manera, se fueron formando nuevas bandas de asesinos, esta vez pugnando por el control de ambos negocios.

Inicialmente, al margen de la actividad minera de Víctor Carranza, su amigo Gilberto Molina, también de enorme influencia en la región, decidió mezclarle coca a su proyección económica. Y en este giro mucho tuvo que ver otro personaje que llegó a la región como un simple ayudante de bus intermunicipal o comerciante y llegó a convertirse en un verdadero capo. Se trataba de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, un personaje oriundo de Pacho (Cundinamarca) que llegó a ser uno de los principales capos del denominado cartel de Medellín.

En una entrevista concedida al periódico El Espectador en febrero de 2010, el propio Carranza manifestó que “El Mexicano” llegó a la región esmeraldífera de Boyacá por razones estratégicas. Según él ya estaba asociado con los grupos de autodefensa y al negocio de la cocaína. Apareció por el municipio de La Dorada, donde le había comprado una finca a Gilberto Molina, pero en ese tiempo andaba tranquilamente con la Policía y las autoridades civiles. Lo cierto es que pronto se convirtió en el capo de la región aunque Carranza sostuvo que ni él ni Molina aceptaron que fuera su socio en actividad alguna.
Lo cierto es que a mediados de los años ochenta, según Carranza por su negativa para entrar en tratos con Rodríguez Gacha, estalló una nueva guerra en la zona esmeraldífera. Carranza siempre dijo que él se encerró en sus minas, pero que la guerra de “El Mexicano” contra él y sus socios dejó más de tres mil personas muertas. Una guerra que principalmente se libró en el occidente de Boyacá, pero que pronto se trasladó a las propias calles de Bogotá. La sede de Tecminas fue blanco de un atentado terrorista y un sobrino de Víctor Carranza murió asesinado.

El episodio que puso en alerta a las autoridades sobre las dimensiones que estaba alcanzando esta guerra ocurrió el 27 de febrero de 1989, cuando cayó asesinado en una finca de su propiedad en el municipio de Sasaima (Cundinamarca), el esmeraldero y amigo incondicional de Carranza, Gilberto Molina Moreno. Las autoridades comprobaron que la muerte de Molina junto a 18 personas más, fue perpetrada por hombres al mando de Gonzalo Rodríguez Gacha. Así lo relató en su momento Carranza: “Rodríguez Gacha manejó a Gilberto como si fuera su amigo, pero lo engañó y lo mató”.

La muerte de Gilberto Molina en la finca La Paz del municipio de Sasaima, en un episodio en el que también murió su jefe de seguridad, el coronel ® Julio César Jiménez y 17 personas más, incrementó la violencia en la región esmeraldífera. Entre tanto, en Bogotá, en su propósito de dejar al descubierto los tentáculos de la mafia con el paramilitarismo, el Departamentos Administrativo de Seguridad (DAS), desarrolló un operativo que puso en aprietos a Víctor Carranza, quien a través de otro de sus socios, Ángel Gaitán Mahecha, también libraba la “guerra verde”.

La acción del DAS tuvo lugar el 4 de abril de 1989, cuando fue ocupado un inmueble en el barrio Marsella en Bogotá y fueron capturados 10 sicarios. Uno de ellos, identificado como Camilo Zamora Guzmán, alias “Travolta”, decidió colaborar con la justicia. Por esos mismos días se entregó a las autoridades el sujeto William Góngora, quien al igual que “Travolta” optó por colaborar con el gobierno y develar los alcances del paramilitarismo y la mafia en el departamento del Meta. Las confesiones de estos individuos sacaron de su relativo anonimato al “Zar de las esmeraldas”.

Góngora y “Travolta” guiaron a la justicia hasta las fincas San Pablo, La Reforma y La Ginebra, situadas en el municipio de Puerto López (Meta) y encontraron una fosa con cadáveres de personas asesinadas días atrás y reportadas como desaparecidas. En particular en la llamada finca La Sesenta, fue descubierto un sofisticado centro de adiestramiento de mercenarios con capacidad de alojamiento para 100 personas. Además, se encontró un poderoso arsenal integrado por fusiles, ametralladoras, granadas, escopetas y municiones.

Como quiera que, además, Góngora y “Travolta” confesaron que esta extensión del paramilitarismo era responsable de múltiples asesinatos de líderes de la Unión Patriótica en la región, entre ellos Luis Eduardo Yaya Cristancho y Carlos Kovacs, la justicia decidió abrir investigación contra 32 personas. Entre los encausados apareció por primera vez en prontuarios judiciales el nombre de Víctor Carranza Niño. En otras palabras, al tiempo que el “Zar de las esmeraldas” protagonizaba en la “guerra verde”, comenzaba a librar una lucha aparte con la justicia.

No obstante, el poder judicial perdió su primer lance con Carranza. En momentos en que un juzgado de Villavicencio promovía acciones judiciales por los hallazgos en Puerto López en bienes presuntamente de propiedad de Carranza, de manera sorpresiva la entonces jueza cuarta de orden público de Villavicencio, Marcela Fernández Castañeda, pidió el envío de las pesquisas realizadas por uno de sus colegas, con el argumento de que ella ya tenía avances al respecto. De esta manera quedó entablada una colisión de competencia entre dos juzgados.

A finales de ese 1989, el Tribunal Superior de Orden Público desató el conflicto y le entregó el caso a la jueza Marcela Fernández. Cinco meses después, la funcionaria absolvió a Carranza y a todos los detenidos del operativo de abril. Según ella las versiones que incriminaban a Carranza con los grupos paramilitares no pasaban de ser rumores, y las confesiones de Góngora y “Travolta” comentarios de mitómanos falseando la verdad. En total, 32 acusados de concierto para delinquir y homicidios con fines terroristas fueron amparados por la absolución.

Lo paradójico es que el testigo William Góngora apareció asesinado días después, y la misma suerte terminó corriendo el administrador de la finca La Sesenta. En cuanto a “Travolta”, nunca volvió a saberse de su paradero. La jueza Marcela Fernández fue procesada por la Procuraduría General de la Nación y destituida de su cargo en 1992. Ya para entonces, Víctor Carranza había logrado con ésta dos victorias: su absolución por la justicia y el protagonismo de convertirse en un gestor de paz, en un inédito proceso de negociación que se llevó a cabo en la región esmeraldífera.

El gran promotor de la paz en el occidente de Boyacá terminó siendo el obispo de Chiquinquirá, Álvaro Jarro. Lo hizo meses después de que Gonzalo Rodríguez Gacha cayera abatido por la Policía cerca al municipio de Tolú en el departamento de Sucre. Uno de los firmantes de esa paz fue precisamente Víctor Carranza. De esta manera se puso fin a la ola de violencia en la región. No obstante, al “Zar de las Esmeraldas” no le duro mucho la tranquilidad. En 1993, la Fiscalía Regional de Bogotá ordenó su detención, bajo los cargos de la conformación de grupos paramilitares.

Era la época en que tomaba forma la Fiscalía General de la Nación, y sus investigadores creían tener la certeza de poder imputar cargos a Carranza, no solo por el tema del paramilitarismo sino también por enriquecimiento ilícito, porte ilegal de armas y narcotráfico. Ya no era por violencia en el occidente de Boyacá sino por conexiones con el paramilitarismo en el departamento del Cesar y, en especial, en el departamento del Meta. Paradójicamente, en esta región también había llegado a consolidar un verdadero imperio criminal el extinto capo Gonzalo Rodríguez Gacha.

Como en el primer proceso, en pocos meses ya Carranza a través de sus abogados había sorteado de nuevo su lance con la justicia. Si mayores enemigos a la vista, absuelto de todo cargo, para su vida vinieron varios meses de relativa tranquilidad. Se consolidó como exportador de esmeraldas y varias veces fue invitado por dirigentes políticos para hacer parte de reuniones en las cuales se estaba tratando de visualizar un proceso de paz para Colombia. Eran los tiempos de Ernesto Samper y proliferaban múltiples iniciativas de paz. Carranza posaba de interlocutor.

Uno de los episodios más sonados en ese momento fue el de su presencia en las iniciativas de paz promovida por el entonces director de la fundación Buen Gobierno, Juan Manuel Santos. El “Zar de las esmeraldas” explicó así que fue lo que sucedió: “el doctor Juan Manuel buscaba parar el derramamiento de sangre y por mi experiencia del proceso que tuvimos en Boyacá, me buscaron. Me preguntaron si podía conseguir un contacto con Carlos Castaño. Les dije que no pero que sí sabía que algunos ganaderos de Córdoba podían hacerlo. Conocí así también al doctor Álvaro Leyva y fuimos a la reunión con Castaño”.

En la citada entrevista con El Espectador de febrero de 2010, Carranza explicó que en esa reunión hubo al menos 25 personas y que él solo conocía a Carlos Castaño, a Juan Manuel Santo y Álvaro Leyva. El encuentro duró más de tres horas. Con el tiempo trascendió que lo que se buscaba era una fórmula para llegar a la paz y que gestiones similares se habían realizado con la guerrilla. Carranza agregó: “Después de eso nunca volví a tener una reunión personal con Juan Manuel. Dicen que soy su amigo, pero es mentira. Le tengo aprecio y respeto. Sí me tocara votar por él, lo haría con gusto”.

En 1997, volvieron sus apremios. Un fiscal sin rostro de Barranquilla dictó un auto de detención en su contra por conformación de grupos de justicia privada en el departamento del Cesar, más exactamente en la zona de Pelaya. La orden de captura se hizo efectiva en febrero de 1998, cuando el “Zar de las esmeraldas” fue capturado en la Hacienda Cantarrana situada al nororiente de Bogotá. Oficiaba como fiscal Alfonso Gómez Méndez y esta vez se creía que finalmente Víctor Carranza iba a responder por los múltiples señalamientos en su contra, ya formalizados a través de un apelativo para su presunto grupo armado: “Los Carranceros”.

Sin embargo, tampoco esta vez pudo la justicia. En 2001, amparado por un recurso de Habeas Corpus, logró quedar libre. Tiempo después fue absuelto. Y no contento con su nueva victoria judicial, decidió demandar al Estado por privación ilícita de su libertad. Esta pelea también terminó ganándola en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Todo parecía indicar que la vida de Carranza, ya por encima de los sesenta años, iba a regresar al mundo empresarial. Pero no contaba con que los jefes paramilitares también le iban a incomodar la vida con sus señalamientos.

En desarrollo del proceso de paz entre los grupos de autodefensa y el gobierno Uribe, pronto se hizo necesario que los jefes del paramilitarismo confesaran sus verdades, entonces, en la medida en que se fue agrietando la negociación, los desmovilizados la emprendieron contra Víctor Carranza. Uno de ellos fue Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, quien aseguró haber sido testigo de varios encuentros del “Zar de las esmeraldas” con Carlos Castaño, y que incluso de esas reuniones salió la propuesta de crear un bloque paramilitar en el departamento de Boyacá.

Con el paso de los años, otro jefe paramilitar, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, también aseguró que Víctor Carranza había sido el promotor a la sombra de las sangrienta guerra librada en los departamentos del Meta y Casanare entre los Urabeños del jefe del bloque Centauro Miguel Arroyave y el jefe de las Autodefensas Unidas del Casanare, Héctor Buitrago, más conocido como Martín Llanos. Así mismo, el jefe paramilitar Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, sostuvo que Carranza realmente era el zar del paramilitarismo y que muchas veces lo vio en Puerto Boyacá.

El extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso agregó a lo dicho que entre 1996 y 1997 habían participado en varias reuniones de planeación de las autodefensas en las cuales había estado Víctor Carranza. Textualmente Mancuso dijo: “Esa fue una reunión citada por Castaño, Carranza llegó en un helicóptero hasta La Rula, en zona montañosa del Urabá. Hablamos de que se necesitaban autodefensas en los Llanos porque la guerrilla estaba enviando refuerzo a esa zona. Según Mancuso la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida en 1997, fue parte de esa estrategia antisubversiva y se hizo con el apoyo de Víctor Carranza”.

A pesar de que estos y otros testimonios de paramilitares los señalaba como uno de sus aliados, nunca la justicia se dispuso a escucharlo. De manera coloquial, Carranza terminó explicando que el mismo fue a la Fiscalía a decir que cuando todos eso personajes del paramilitarismo lo buscaron él les dijo que no estaba interesado y que por eso lo declararon objetivo militar. En cuanto a los “Carranceros” el “Zar de las esmeraldas” explicó que eran los jornaleros de sus fincas, y que él le había dicho a la justicia que esos muchachos se iban formando pero no podía responder por todos.

A sus divergencias con la justicia, pronto se sumaron sus líos de seguridad el 4 de julio de 2009, en la carretera de los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, en el Meta, fue blanco de un atentado en el que murieron dos de sus escoltas. Dos personas más resultaron heridas. En marzo de 2010, fue nuevamente atacado, esta vez en el sector conocido como Pompeya, a 20 km de Villavicencio. Un carrotanque fue atravesado a la caravana de vehículos que escoltaban a Carranza, pero este logró salir ileso. Según las autoridades los atentados venían de Pedro Oliverio alias “Cuchillo” y Daniel “El Loco” Barrera, por la disputa territorial en el departamento.

Carranza insistió una y otra vez que lo que estaba sucediendo era un rebrote de la violencia en la zona esmeraldífera de Boyacá, e incluso le pidió al sector encabezado por un tal Pedro Rincón, más conocido como Pedro Orejas, que contribuyera a impedir que se reactivara la violencia en la zona. En medio de sus apremios, por primera vez apareció un libro concreto sobre la vida y acciones sin investigar de Víctor Carranza. Escrito por el sacerdote Javier Giraldo y el congresista Iván Cepeda, el texto resumió todas las andanzas del polémico personaje, calificando como “asombrosa impunidad que nada hubiera ocurrido en su caso”.

El libro fue publicado en abril de 2012 y desde entonces comenzaron a crecer las noticias de los quebrantos de salud del “Zar de las esmeraldas”. Al tiempo que se especulaba sobre sus bienes y propiedades y se discutía sobre la posibilidad de que el Incoder interviniera varios de estos inmuebles, se multiplicaron las especulaciones sobre su estado de salud y la forma como iba a repartir su herencia. Hoy terminaron los rumores cuando se formalizó que el cáncer que ya dominaba sus pulmones y su próstata, finalmente terminó con su vida. Murió sin que la justicia pudiera condenarlo, ni sus enemigos precipitar su muerte. Unos lo lloran, otros lo repudian, ha desaparecido otro protagonista de la violencia en Colombia de los últimos cincuenta años.