Violencia en Norte de Santander: tierra de todos y de nadie

En Norte de Santander la pandemia se vive en medio de un preocupante panorama por cuenta del recrudecimiento de la violencia entre grupos armados ilegales. El 18 de enero pasado, por ejemplo, fue asesinado William Antonio Rodríguez Martínez, reconocido líder social de la vereda La Punta, corregimiento Banco de Arena, y el viernes 29 de enero las denuncias sobre una incursión de un grupo de hombres fuertemente armados identificados como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), en una finca a la altura del sector Las Tanquillas, de la vereda Totumito-Carboneras del municipio de Tibú, derivó en momentos de caos y confusión que llevaron a hablar del asesinato de tres campesinos. Un hecho sobre el que todavía no hay claridad y sí versiones encontradas.

De acuerdo con la comunidad, cuando los hombres armados —que portaban uniformes y brazaletes de las Agc— llegaron a la finca reunieron a las personas que estaban en el lugar y les quitaron las cédulas y los celulares. Varios campesinos salieron huyendo y las versiones sobre las personas muertas comenzaron a surgir cuando no se supo nada de algunos habitantes. De hecho, aún se habla de dos personas desaparecidas.

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El Ejército, sin embargo, señaló este sábado que se hizo una visita al terreno y que “las autoridades hallaron a dos de las personas que estaban desaparecidas y que habían sido relacionadas con el supuesto asesinato, las cuales corresponden a los nombres de José Vaca y Adrián Samuel Castillo”.

Wilfredo Cañizares, líder defensor de derechos humanos y director de la Fundación Progresar, organización que el viernes denunció el hecho, aseguró que hoy y mañana estará una comisión en la zona para hablar con la comunidad y verificar que no haya personas muertas. “Las dos personas que dice el Ejército que aparecieron con vida no coinciden con los nombres que nosotros tenemos. Ahí hay un tema complejo y confuso. Lo cierto es que en el lugar en el que la comunidad decía que habían sido asesinadas tres personas no aparecieron cuerpos. Eso sí, esto no quita la gravedad de lo que ocurrió”.

Desde la Fundación Progresar aseguran que la crisis de seguridad en la zona se viene agudizando tras la incursión armada de miembros de las Agc, ocurrida en el área rural de Cúcuta el 14 de diciembre de 2020. Asimismo, insisten en que las autoridades no tomaron acciones contundentes para evitar este tipo de hechos.

Lo había advertido la Defensoría del Pueblo el 12 de enero de 2021, al señalar que existía un riesgo de desplazamiento masivo por enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Tibú. Específicamente en las veredas La Silla, Totumito-Carboneras y El Empalme, debido a la incursión armada de grupos al margen de la ley que se disputan el control territorial por las economías ilícitas. En medio de este panorama, hay algo que mueve y genera el enfrentamiento entre grupos armados ilegales en Norte de Santander: la siembra, producción y comercialización de cultivos ilícitos.

De acuerdo con el informe publicado, en 2019, por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno nacional, Norte de Santander se convirtió en el departamento con más cultivos ilícitos, superando a Nariño, departamento que históricamente encabezaba esa lista. Nariño pasó de 41.903 hectáreas en 2018 a 36.964 en el 2019. En cambio, Norte de Santander pasó de 33.598 hectáreas a 41.711.

Para el 31 de diciembre de 2019, el área sembrada con coca en Colombia alcanzó 154.000 hectáreas. En el informe se muestra que Nariño y Norte de Santander agrupan más del 50 % de toda la coca del país. Y una cuarta parte de toda la coca se concentra en tres municipios: Tibú, en Norte de Santander; Tumaco, en Nariño, y El Tambo, en Cauca.

La Defensoría, en la alerta temprana de agosto de 2020, explicaba que la región del Catatumbo se había configurado como el “escenario de una confrontación violenta sin precedentes en la historia del conflicto armado regional, ya que desde comienzos del año 2018 dos de los grupos insurgentes que por décadas convivieron en la región, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl), protagonizan un enfrentamiento que no cesa y que sobrevino una vez se surtió la desmovilización del frente 33 de las Farc, producto de los Acuerdos de Paz alcanzados entre este grupo insurgente y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos”.

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Pese a las alertas tempranas que se están emitiendo desde 2018, no se evidencia una respuesta contundente por parte del Gobierno nacional ni del departamental. “La magnitud que alcanzaron estas vulneraciones durante los años 2018 y 2019 situaron al departamento Norte de Santander junto con Antioquia, Cauca, Nariño y Caquetá, como las zonas del país donde más se concentró la violencia asociada al conflicto armado”, explica la Defensoría en la alerta temprana de 2020. La entidad registró, entre 2018 y 2019, 35 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 16.766 personas.

Wilfredo Cañizares habla con El Espectador de la difícil situación que enfrenta el departamento.

¿Cuál es la radiografía del departamento en materia de presencia de grupos armados ilegales?

La situación en general del departamento sigue siendo muy difícil. Al principio de la pandemia, como hasta abril o mayo, todos los índices de violencia habían bajado de manera importante. Pero a partir de mayo empezamos a notar que no solamente estaban subiendo, sino que se estaban disparando. Al cierre de 2020 hubo más de 300 acciones violentas. Hubo seis masacres que dejaron treinta personas muertas. Diez líderes sociales fueron asesinados y alrededor de 3.000 familias fueron desplazadas de manera forzada. A eso se le suman más de sesenta líderes sociales que fueron amenazados y más de veinte personas secuestradas. Realmente las cifras han sido un desastre.

¿Cuáles son las zonas del departamento donde más se ha agudizado el accionar de estos grupos?

Nosotros tenemos dos zonas críticas que tienen sus propias características y dinámicas del conflicto armado, pero que apuntan a la misma generación de violencia y a la violación de derechos humanos: una es el Catatumbo y el otra es el área metropolitana de Cúcuta. Estas dos zonas son las mayores generadoras de violencia en el departamento.

Desde la administración municipal de Cúcuta se percibe la dinámica de la violencia de manera distinta, han señalado que la situación está mejorando...

Aquí tenemos una enorme dificultad y es la inacción de las autoridades. Todo el tiempo están negando lo que está ocurriendo. Y no solamente en los procesos de violencia que están ahí, las víctimas están ahí y no son atendidas. Por ejemplo, hace ocho días llegó un grupo de familias desplazadas desde La Silla a Cúcuta y aún no han sido atendidas por la Personería, la Procuraduría ni la Unidad de Víctimas. Entonces aquí hay toda una estrategia para negar estos hechos (...). Pero ellos les piden a los líderes que hagan las reuniones o llaman a las familias para que les cuenten qué está pasando y no toman acciones.

¿Qué pasa en el área rural de Cúcuta?

La situación es dramática. Hay diez veredas en alto riesgo. Hay confinamientos, desplazamientos y amenazas. Hace más de diez días asesinaron a un líder social de la vereda La Punta. Hay una situación completamente grave sin que haya una respuesta de las autoridades, incluida la Alcaldía de Cúcuta. Las veredas en riesgo son Vigilancia, El 25, La Punta, Banco de Arena, Palmarito, 5 de Mayo, Guaramito, Puerto Villamizar, La Aceituna y El Amparo.

Lea también: Tras dos meses, 65 familias desplazadas no han podido volver a Cáceres (Antioquia)

Ustedes enviaron una acción urgente para alertar sobre una incursión armada en Tibú, Norte de Santander. ¿Cómo es la dinámica de la violencia en esa zona del departamento?

Es la zona sur del municipio de Tibú, que por su cercanía a Cúcuta tiene más relación con el casco urbano de Tibú. Esta es una zona que hace parte de toda esa misma región de las veredas que nosotros llamamos la atención por el riesgo en el que se encuentran. Eso por la presencia de grupos paramilitares como Los Gaitanistas, la guerrilla del Eln y la presencia también de la fuerza pública. Eso es un corredor estratégico. Ahí está la frontera cercana con Venezuela y hay 3.000 hectáreas de coca. Por ahí funcionan las más grandes rutas del contrabando y las autoridades no se dan cuenta. Desde aquí se organizan secuestros, extorsiones y amenazas a ganaderos, arroceros y comerciantes. Es una zona compleja que no ha tenido una respuesta adecuada por parte de las autoridades ni de la Alcaldía.

¿Cuáles son los grupos armados ilegales que se disputan el territorio en Norte de Santander?

Están las dos disidencias de las Farc: la Segunda Marquetalia y el Frente 43. Está la guerrilla del Eln, el Ejército de Liberación Popular (Epl); encontramos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Urabeños y Los Rastrojos. Además se suman bandas criminales locales como La Frontera, Los Cebolleros, que también generan hechos de violencia, especialmente en Cúcuta. Y están los carteles transnacionales de la droga como el cartel de Sinaloa y Jalisco de nueva generación.

¿Qué se disputan los grupos armados ilegales en el departamento?

Aquí tenemos un conflicto diverso. Tiene las características del conflicto armado interno, que es la guerra entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública. Pero también hay conflictos como los que tienen el Eln con Los Rastrojos y Los Gaitanistas; o como el que tiene el Epl con el Eln. Hay una guerra desatada entre bandas, sobre todo aquellas que controlan rutas del narcotráfico y aquellas que controlan la distribución de drogas en el área metropolitana de Cúcuta.

¿Geográficamente, cuál es la ruta de ese corredor para el narcotráfico?

La incursión paramilitar del 14 de diciembre de 2020 en zona rural de Cúcuta, que viene expandiéndose hasta Puerto Santander y Tibú, tratando de copar casi medio Catatumbo tiene que ver con apoderarse de ese corredor estratégico que comienza en Puerto Santander y termina en Tibú. Esa es una ruta importante para la ilegalidad.

¿Cuál es el llamado que ustedes hacen al Gobierno nacional?

Nosotros no dejaremos de insistir ante el Gobierno nacional y las autoridades locales y departamentales en la necesidad que hay de darles una respuesta integral a las comunidades que están en alto riesgo, producto de la presencia de todos estos actores armados ilegales. Exigimos a las autoridades que cumplan con su deber, que diseñen estrategias que permitan proteger la vida y la integridad de la población.

En Norte de Santander la pandemia se vive en medio de un preocupante panorama por cuenta del recrudecimiento de la violencia entre grupos armados ilegales. El 18 de enero pasado, por ejemplo, fue asesinado William Antonio Rodríguez Martínez, reconocido líder social de la vereda La Punta, corregimiento Banco de Arena, y el viernes 29 de enero las denuncias sobre una incursión de un grupo de hombres fuertemente armados identificados como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), en una finca a la altura del sector Las Tanquillas, de la vereda Totumito-Carboneras del municipio de Tibú, derivó en momentos de caos y confusión que llevaron a hablar del asesinato de tres campesinos. Un hecho sobre el que todavía no hay claridad y sí versiones encontradas.

De acuerdo con la comunidad, cuando los hombres armados —que portaban uniformes y brazaletes de las Agc— llegaron a la finca reunieron a las personas que estaban en el lugar y les quitaron las cédulas y los celulares. Varios campesinos salieron huyendo y las versiones sobre las personas muertas comenzaron a surgir cuando no se supo nada de algunos habitantes. De hecho, aún se habla de dos personas desaparecidas.

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El Ejército, sin embargo, señaló este sábado que se hizo una visita al terreno y que “las autoridades hallaron a dos de las personas que estaban desaparecidas y que habían sido relacionadas con el supuesto asesinato, las cuales corresponden a los nombres de José Vaca y Adrián Samuel Castillo”.

Wilfredo Cañizares, líder defensor de derechos humanos y director de la Fundación Progresar, organización que el viernes denunció el hecho, aseguró que hoy y mañana estará una comisión en la zona para hablar con la comunidad y verificar que no haya personas muertas. “Las dos personas que dice el Ejército que aparecieron con vida no coinciden con los nombres que nosotros tenemos. Ahí hay un tema complejo y confuso. Lo cierto es que en el lugar en el que la comunidad decía que habían sido asesinadas tres personas no aparecieron cuerpos. Eso sí, esto no quita la gravedad de lo que ocurrió”.

Desde la Fundación Progresar aseguran que la crisis de seguridad en la zona se viene agudizando tras la incursión armada de miembros de las Agc, ocurrida en el área rural de Cúcuta el 14 de diciembre de 2020. Asimismo, insisten en que las autoridades no tomaron acciones contundentes para evitar este tipo de hechos.

Lo había advertido la Defensoría del Pueblo el 12 de enero de 2021, al señalar que existía un riesgo de desplazamiento masivo por enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Tibú. Específicamente en las veredas La Silla, Totumito-Carboneras y El Empalme, debido a la incursión armada de grupos al margen de la ley que se disputan el control territorial por las economías ilícitas. En medio de este panorama, hay algo que mueve y genera el enfrentamiento entre grupos armados ilegales en Norte de Santander: la siembra, producción y comercialización de cultivos ilícitos.

De acuerdo con el informe publicado, en 2019, por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno nacional, Norte de Santander se convirtió en el departamento con más cultivos ilícitos, superando a Nariño, departamento que históricamente encabezaba esa lista. Nariño pasó de 41.903 hectáreas en 2018 a 36.964 en el 2019. En cambio, Norte de Santander pasó de 33.598 hectáreas a 41.711.

Para el 31 de diciembre de 2019, el área sembrada con coca en Colombia alcanzó 154.000 hectáreas. En el informe se muestra que Nariño y Norte de Santander agrupan más del 50 % de toda la coca del país. Y una cuarta parte de toda la coca se concentra en tres municipios: Tibú, en Norte de Santander; Tumaco, en Nariño, y El Tambo, en Cauca.

La Defensoría, en la alerta temprana de agosto de 2020, explicaba que la región del Catatumbo se había configurado como el “escenario de una confrontación violenta sin precedentes en la historia del conflicto armado regional, ya que desde comienzos del año 2018 dos de los grupos insurgentes que por décadas convivieron en la región, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl), protagonizan un enfrentamiento que no cesa y que sobrevino una vez se surtió la desmovilización del frente 33 de las Farc, producto de los Acuerdos de Paz alcanzados entre este grupo insurgente y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos”.

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Pese a las alertas tempranas que se están emitiendo desde 2018, no se evidencia una respuesta contundente por parte del Gobierno nacional ni del departamental. “La magnitud que alcanzaron estas vulneraciones durante los años 2018 y 2019 situaron al departamento Norte de Santander junto con Antioquia, Cauca, Nariño y Caquetá, como las zonas del país donde más se concentró la violencia asociada al conflicto armado”, explica la Defensoría en la alerta temprana de 2020. La entidad registró, entre 2018 y 2019, 35 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 16.766 personas.

Wilfredo Cañizares habla con El Espectador de la difícil situación que enfrenta el departamento.

¿Cuál es la radiografía del departamento en materia de presencia de grupos armados ilegales?

La situación en general del departamento sigue siendo muy difícil. Al principio de la pandemia, como hasta abril o mayo, todos los índices de violencia habían bajado de manera importante. Pero a partir de mayo empezamos a notar que no solamente estaban subiendo, sino que se estaban disparando. Al cierre de 2020 hubo más de 300 acciones violentas. Hubo seis masacres que dejaron treinta personas muertas. Diez líderes sociales fueron asesinados y alrededor de 3.000 familias fueron desplazadas de manera forzada. A eso se le suman más de sesenta líderes sociales que fueron amenazados y más de veinte personas secuestradas. Realmente las cifras han sido un desastre.

¿Cuáles son las zonas del departamento donde más se ha agudizado el accionar de estos grupos?

Nosotros tenemos dos zonas críticas que tienen sus propias características y dinámicas del conflicto armado, pero que apuntan a la misma generación de violencia y a la violación de derechos humanos: una es el Catatumbo y el otra es el área metropolitana de Cúcuta. Estas dos zonas son las mayores generadoras de violencia en el departamento.

Desde la administración municipal de Cúcuta se percibe la dinámica de la violencia de manera distinta, han señalado que la situación está mejorando...

Aquí tenemos una enorme dificultad y es la inacción de las autoridades. Todo el tiempo están negando lo que está ocurriendo. Y no solamente en los procesos de violencia que están ahí, las víctimas están ahí y no son atendidas. Por ejemplo, hace ocho días llegó un grupo de familias desplazadas desde La Silla a Cúcuta y aún no han sido atendidas por la Personería, la Procuraduría ni la Unidad de Víctimas. Entonces aquí hay toda una estrategia para negar estos hechos (...). Pero ellos les piden a los líderes que hagan las reuniones o llaman a las familias para que les cuenten qué está pasando y no toman acciones.

¿Qué pasa en el área rural de Cúcuta?

La situación es dramática. Hay diez veredas en alto riesgo. Hay confinamientos, desplazamientos y amenazas. Hace más de diez días asesinaron a un líder social de la vereda La Punta. Hay una situación completamente grave sin que haya una respuesta de las autoridades, incluida la Alcaldía de Cúcuta. Las veredas en riesgo son Vigilancia, El 25, La Punta, Banco de Arena, Palmarito, 5 de Mayo, Guaramito, Puerto Villamizar, La Aceituna y El Amparo.

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Ustedes enviaron una acción urgente para alertar sobre una incursión armada en Tibú, Norte de Santander. ¿Cómo es la dinámica de la violencia en esa zona del departamento?

Es la zona sur del municipio de Tibú, que por su cercanía a Cúcuta tiene más relación con el casco urbano de Tibú. Esta es una zona que hace parte de toda esa misma región de las veredas que nosotros llamamos la atención por el riesgo en el que se encuentran. Eso por la presencia de grupos paramilitares como Los Gaitanistas, la guerrilla del Eln y la presencia también de la fuerza pública. Eso es un corredor estratégico. Ahí está la frontera cercana con Venezuela y hay 3.000 hectáreas de coca. Por ahí funcionan las más grandes rutas del contrabando y las autoridades no se dan cuenta. Desde aquí se organizan secuestros, extorsiones y amenazas a ganaderos, arroceros y comerciantes. Es una zona compleja que no ha tenido una respuesta adecuada por parte de las autoridades ni de la Alcaldía.

¿Cuáles son los grupos armados ilegales que se disputan el territorio en Norte de Santander?

Están las dos disidencias de las Farc: la Segunda Marquetalia y el Frente 43. Está la guerrilla del Eln, el Ejército de Liberación Popular (Epl); encontramos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Urabeños y Los Rastrojos. Además se suman bandas criminales locales como La Frontera, Los Cebolleros, que también generan hechos de violencia, especialmente en Cúcuta. Y están los carteles transnacionales de la droga como el cartel de Sinaloa y Jalisco de nueva generación.

¿Qué se disputan los grupos armados ilegales en el departamento?

Aquí tenemos un conflicto diverso. Tiene las características del conflicto armado interno, que es la guerra entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública. Pero también hay conflictos como los que tienen el Eln con Los Rastrojos y Los Gaitanistas; o como el que tiene el Epl con el Eln. Hay una guerra desatada entre bandas, sobre todo aquellas que controlan rutas del narcotráfico y aquellas que controlan la distribución de drogas en el área metropolitana de Cúcuta.

¿Geográficamente, cuál es la ruta de ese corredor para el narcotráfico?

La incursión paramilitar del 14 de diciembre de 2020 en zona rural de Cúcuta, que viene expandiéndose hasta Puerto Santander y Tibú, tratando de copar casi medio Catatumbo tiene que ver con apoderarse de ese corredor estratégico que comienza en Puerto Santander y termina en Tibú. Esa es una ruta importante para la ilegalidad.

¿Cuál es el llamado que ustedes hacen al Gobierno nacional?

Nosotros no dejaremos de insistir ante el Gobierno nacional y las autoridades locales y departamentales en la necesidad que hay de darles una respuesta integral a las comunidades que están en alto riesgo, producto de la presencia de todos estos actores armados ilegales. Exigimos a las autoridades que cumplan con su deber, que diseñen estrategias que permitan proteger la vida y la integridad de la población.