A Medellín llegaron casi 200 desplazados desde el Carmen de Atrato, Chocó
La Personería de la capital antioqueña aseguró que 196 personas, en su mayoría indígenas, se acercaron a la entidad para ser atendidas con albergues y alimentación.
Desplazamiento forzado y amenazas son las denuncias que hacen las personas que llegan a las instalaciones de la Personería de Medellín y la Procuraduría Regional, desde hace varios meses. La mayoría de ellas pertenecen a grupos étnicos y su lugar de origen es El Carmen de Atrato, en Chocó.
Entre agosto y septiembre de este año 196 indígenas chocoanos han salido de sus territorios y han llegado a la capital antioqueña en búsqueda del Ministerio Público para denunciar los hechos violentos y que inicien la ruta de atención en conjunto con la administración municipal, según Sonia Peña, coordinadora del Grupo Especial de Asuntos Étnicos y de Migrantes de la Personería de Medellín.
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Peña aseguró que una vez las personas exponen su situación se les da atención inmediata y se gestiona lo necesario para cubrir la estadía y la alimentación de las personas en la ciudad. La Personería ha recibido los reportes de 55 personas mientras que la Procuraduría Regional ha atendido otras 141.
Los desplazados pertenecen “a las comunidades del Carmen de Atrato, como lo son Consuelo, La Puria, El 18 y Quebrada Bonita”, agregó Sonia Peña y dijo que para la Personería esta situación es alarmante.
Le puede interesar: El “continuum” de la violencia en Chocó.
Por su parte, el personero de Carmen de Atrato, Adonesis Palacios Rivas, explica que los desplazamientos se dan por tres causas. “Primero, miembros del Eln supuestamente iban a salir a la vía a quemar un bus, luego en el mes de junio se presentó un hostigamiento a la fuerza pública desde el Consuelo, donde se escucharon unos 40 tiros; y después en una de estas madrugadas llegaron hombres armados amenazando a los líderes de la zona”, afirmó Palacios.
La situación de seguridad y la presencia de grupos armados había sido registrada por la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana de Inminencia 049 de 2020 en la que daba cuenta del riesgo en que estaba la comunidad por la presencia de AGC (conocidas como Clan del Golfo) en Boraudo y la posibilidad de que expandieran su presencia hacia corredores estratégicos que comunican con vías interdepartamentales, donde se encuentra el Carmen de Atrato.
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“Estos corredores se despliegan a lo largo de las zonas rurales más dispersas de los municipios de El Carmen de Atrato (que conecta al departamento del Chocó con Antioquía) y Bagadó (al Chocó con Risaralda), donde el ELN ya ostenta un control hegemónico y las AGC no han logrado incursionar. Si esto sucediera, desencadenaría en un contexto de disputa territorial que incrementaría la situación de riesgo para la población civil”, aseguraba la alerta de la Defensoría.
Desplazamiento forzado y amenazas son las denuncias que hacen las personas que llegan a las instalaciones de la Personería de Medellín y la Procuraduría Regional, desde hace varios meses. La mayoría de ellas pertenecen a grupos étnicos y su lugar de origen es El Carmen de Atrato, en Chocó.
Entre agosto y septiembre de este año 196 indígenas chocoanos han salido de sus territorios y han llegado a la capital antioqueña en búsqueda del Ministerio Público para denunciar los hechos violentos y que inicien la ruta de atención en conjunto con la administración municipal, según Sonia Peña, coordinadora del Grupo Especial de Asuntos Étnicos y de Migrantes de la Personería de Medellín.
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Peña aseguró que una vez las personas exponen su situación se les da atención inmediata y se gestiona lo necesario para cubrir la estadía y la alimentación de las personas en la ciudad. La Personería ha recibido los reportes de 55 personas mientras que la Procuraduría Regional ha atendido otras 141.
Los desplazados pertenecen “a las comunidades del Carmen de Atrato, como lo son Consuelo, La Puria, El 18 y Quebrada Bonita”, agregó Sonia Peña y dijo que para la Personería esta situación es alarmante.
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Por su parte, el personero de Carmen de Atrato, Adonesis Palacios Rivas, explica que los desplazamientos se dan por tres causas. “Primero, miembros del Eln supuestamente iban a salir a la vía a quemar un bus, luego en el mes de junio se presentó un hostigamiento a la fuerza pública desde el Consuelo, donde se escucharon unos 40 tiros; y después en una de estas madrugadas llegaron hombres armados amenazando a los líderes de la zona”, afirmó Palacios.
La situación de seguridad y la presencia de grupos armados había sido registrada por la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana de Inminencia 049 de 2020 en la que daba cuenta del riesgo en que estaba la comunidad por la presencia de AGC (conocidas como Clan del Golfo) en Boraudo y la posibilidad de que expandieran su presencia hacia corredores estratégicos que comunican con vías interdepartamentales, donde se encuentra el Carmen de Atrato.
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“Estos corredores se despliegan a lo largo de las zonas rurales más dispersas de los municipios de El Carmen de Atrato (que conecta al departamento del Chocó con Antioquía) y Bagadó (al Chocó con Risaralda), donde el ELN ya ostenta un control hegemónico y las AGC no han logrado incursionar. Si esto sucediera, desencadenaría en un contexto de disputa territorial que incrementaría la situación de riesgo para la población civil”, aseguraba la alerta de la Defensoría.