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El problema de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Antioquia vuelve a estar en el foco nacional. El director seccional de fiscalías de Medellín, Raúl González, informó sobre la situación que se vive en los calabozos del búnker de la Fiscalía.
Según el director esto ha ocasionado que reclusos tengan que ser detenidos incluso en los distintos salones de la institución, pues el búnker cuenta con una capacidad de 40 personas y en la actualidad hay más de 90.
“La semana pasada desarrollamos una jornada contra el delito sexual de menores, donde el objetivo era capturar 45 personas. Logramos la captura de 23 y tuvimos que frenar la operatividad en ese momento porque no nos cabía un detenido más”, dijo el director a El Colombiano.
Asimismo, manifestó que si bien los procedimientos judiciales no han parado, el hacinamiento sí afecta el desarrollo de las operaciones. “Es abrumador y se vuelve un problema de seguridad nacional. Va a llegar el momento en que no tengamos la posibilidad de adelantar las investigaciones hasta que no se resuelva el tema carcelario”, agregó.
En los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Antioquia hay un hacinamiento del 82 %. En los 19 centros de reclusión del departamento se supera ampliamente el promedio nacional que es del 50 %.
“Esta situación está afectando el servicio de la Policía. Nosotros tenemos 1.500 personas recluidas en las diferentes estaciones de la institución, sitios transitorios, donde no tenemos unidades sanitarias adecuadas y tampoco espacios para brindar alimentación. Si bien es cierto que han cometido delitos, sí merecen unas condiciones mínimas”, afirmó el general Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana.
En el Valle de Aburrá los sitios están calificados para retener a las personas máximo 72 horas, pero hay internos que llevan más de un año.
Cabe recordar que el pasado 1 de abril la Procuraduría abrió una indagación contra 28 alcaldes del país por presunta falta de diligencia y efectividad en la toma de medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo para proteger los derechos de la población carcelaria.