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El proyecto de ordenanza que propuso el gobernador de Antioquia para imponer un nuevo impuesto de seguridad en uno de los recibos de los servicios públicos, avanza en la Asamblea pese a la polémica y las críticas que han surgido desde diferentes sectores. El pasado martes 26 de noviembre, la comisión primera aprobó la proposición en primer debate, lo que la deja a un paso de volverse realidad.
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La votación se realizó luego de que se resolvió una recusación que se interpuso contra dos diputados del Centro Democrático, así como de la intervención de los integrantes del partido Creemos, quienes mostraron sus argumentos para no apoyar el proyecto. En contraste, el martes pasado, alcaldes de varios municipios de Antioquia, mostraron su apoyo a la iniciativa departamental.
¿En qué consiste el impuesto de seguridad en Antioquia?
El gobernador Andrés Julián Rendón volvió a llevar a la asamblea de Antioquia un proyecto de ordenanza que ya le habían hundido en julio pasado. Se trata de la aplicación de una tasa adicional, para los estratos 4, 5 y 6, así como establecimientos comerciales, en el recibo de energía que cobra EMP. El impuesto se cobraría entre 2025 y 2027, para recaudar alrededor de $1,2 billones, que se invertirían en seguridad.
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Según el mandatario, lo que se busca con este dinero es reforzar el sector, por lo que la mitad del dinero se iría en la adquisición de nuevas cámaras de seguridad; el mejoramiento de placas deportivas en los municipios, así como mecanismo de prevención de delitos; dotación al Ejército y la Policía, con nuevos radios y vehículos, entre otras cosas; la construcción de una cárcel departamental y el mejoramiento de estaciones de Policía y otras estructuras de la Fuerza Pública.
Voces en contra
De primerazo la propuesta fue rechazada por organizaciones como el Comité Intergremial de Antioquia y Fenalco, para los que se trataría de una carga adicional ante el actual contexto económico, además advirtieron que el proyecto no fue lo suficientemente socializado por la gobernación. “No podemos, no aguantamos más impuestos desde las empresas. Aquí ya es bastante difícil ser formal. La invitación es a flexibilizar y minimizar la carga tributaria que ya soportan las unidades productivas del departamento”, dijo María José Bernal, la directora ejecutiva de Fenalco.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que aunque respalda la necesidad de invertir en seguridad, no considera viable incrementar los costos de los servicios públicos para la ciudadanía, especialmente en un contexto de altas tarifas energéticas.
“Yo no puedo estar de acuerdo en que se quiera poner un tributo adicional a la tarifa de energía a través de la cuenta de los servicios públicos cuando ya la gente paga altas tarifas en el tema de la energía. Hay que tener claridad inclusive jurídicamente si EPM podría cobrar ese tributo a través de la cuenta de servicios públicos”, argumentó Gutiérrez.
Lo que se dijo en la comisión primera de la asamblea
El proyecto fue aprobado en primer debate con seis votos a favor, dos en contra y una abstención. En el último debate, el director de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, indicó que con la nueva tasa de seguridad podrían atender problemas no resueltos en seguridad, mientras que el diputado Jonathan Roldán, resaltó que EPM ya cobra impuestos similares en el Valle y ciudades como Sincelejo, por lo que calificó la negativa de la empresa a la proposición, viciada por posturas políticas y no técnicas.
Por su parte, desde el partido Creemos se cuestionó que se critiquen acciones nacionales como las reformas tributarias, pero no medidas similares a nivel local, que no solo impactaría a los estratos más altos, sino también al comercio.
Por lo pronto, se espera que antes de que finalice la semana se cite a sesión plenaria, donde el proyecto contaría con los votos suficientes para, esta vez, sí salir adelante.