Asamblea de Antioquia debatirá implementación de impuesto en el recibo de energía
El gobernador Andrés Julián Rendón busca recaudar 1,2 billones de pesos para seguridad, pero enfrenta cuestionamientos legales y rechazo de gremios, alcaldes y EPM.
La Asamblea de Antioquia anunció que debatirá el proyecto de ordenanza presentado por el gobernador Andrés Julián Rendón para implementar un impuesto en los servicios públicos, específicamente en la factura de energía, destinado a financiar la seguridad en el departamento. Sin embargo, la propuesta ha generado un amplio rechazo por parte de diputados, alcaldes, gremios empresariales e incluso Empresas Públicas de Medellín (EPM), que cuestionaron su viabilidad jurídica.
Lea: Un muerto y un desaparecido dejó tragedia en playas de Puerto Colombia
El gobernador propuso implementar un impuesto, que recaería solo sobre los estratos 4, 5 y 6, así como sería para pequeños y grandes comercios, para la inversión en Seguridad. Según el mandatario, la idea sería recoger alrededor de $1,2 billones que se requieren para infraestructura, dotación para la Fuerza Pública, la construcción de una cárcel departamental y la mejora de escenarios deportivos en Antioquia.
La propuesta ha generado todo tipo de críticas. Las más recientes fueron las del alcalde Gustavo Petro, quien calificó la propuesta como regresiva y perjudicial para los trabajadores y sectores más vulnerables. Rendón respondió que es necesaria para suplir los déficits en seguridad y atención que, según él, han sido desatendidos por el Gobierno nacional.
Le puede interesar: Falleció Sandra Aguilar, segunda víctima de ataque a dos mujeres en Landázuri
Por su parte, el gerente de EPM, John Maya, en respuesta a un cuestionario de la Asamblea, señaló que el proyecto presenta problemas legales, porque no existe una ley habilitante que permita este tipo de cobros en Colombia, lo cual podría acarrear la nulidad de la disposición. “Entre los posibles riesgos legales y normativos asociados a la implementación del recaudo se encuentra la vulneración del principio de legalidad tributaria, lo cual podría derivar en inseguridad jurídica tanto para EPM como para los usuarios”.
El impuesto también ha sido criticado por no alinearse con la regulación de servicios públicos domiciliarios. Según explicó a Blu el abogado Carlos Mario Patiño, magíster en Derecho Económico del Externado de Colombia, la Asamblea no tendría competencia para aprobar un gravamen de este tipo, ya que, si bien la ley 2272 permite la continuidad de impuestos preexistentes en las entidades territoriales, no queda claro que Antioquia pueda crear uno nuevo bajo las condiciones actuales.
Al respecto, los diputados del movimiento político Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresaron su oposición. En un comunicado señalaron que el impuesto podría afectar la cultura de pago en el departamento y pidieron al gobernador explorar otras alternativas para financiar la seguridad. Entre las propuestas sugeridas por Creemos está el fortalecimiento del modelo de obras por impuestos, alianzas público-privadas y la venta de activos improductivos del departamento.
La Asamblea de Antioquia anunció que debatirá el proyecto de ordenanza presentado por el gobernador Andrés Julián Rendón para implementar un impuesto en los servicios públicos, específicamente en la factura de energía, destinado a financiar la seguridad en el departamento. Sin embargo, la propuesta ha generado un amplio rechazo por parte de diputados, alcaldes, gremios empresariales e incluso Empresas Públicas de Medellín (EPM), que cuestionaron su viabilidad jurídica.
Lea: Un muerto y un desaparecido dejó tragedia en playas de Puerto Colombia
El gobernador propuso implementar un impuesto, que recaería solo sobre los estratos 4, 5 y 6, así como sería para pequeños y grandes comercios, para la inversión en Seguridad. Según el mandatario, la idea sería recoger alrededor de $1,2 billones que se requieren para infraestructura, dotación para la Fuerza Pública, la construcción de una cárcel departamental y la mejora de escenarios deportivos en Antioquia.
La propuesta ha generado todo tipo de críticas. Las más recientes fueron las del alcalde Gustavo Petro, quien calificó la propuesta como regresiva y perjudicial para los trabajadores y sectores más vulnerables. Rendón respondió que es necesaria para suplir los déficits en seguridad y atención que, según él, han sido desatendidos por el Gobierno nacional.
Le puede interesar: Falleció Sandra Aguilar, segunda víctima de ataque a dos mujeres en Landázuri
Por su parte, el gerente de EPM, John Maya, en respuesta a un cuestionario de la Asamblea, señaló que el proyecto presenta problemas legales, porque no existe una ley habilitante que permita este tipo de cobros en Colombia, lo cual podría acarrear la nulidad de la disposición. “Entre los posibles riesgos legales y normativos asociados a la implementación del recaudo se encuentra la vulneración del principio de legalidad tributaria, lo cual podría derivar en inseguridad jurídica tanto para EPM como para los usuarios”.
El impuesto también ha sido criticado por no alinearse con la regulación de servicios públicos domiciliarios. Según explicó a Blu el abogado Carlos Mario Patiño, magíster en Derecho Económico del Externado de Colombia, la Asamblea no tendría competencia para aprobar un gravamen de este tipo, ya que, si bien la ley 2272 permite la continuidad de impuestos preexistentes en las entidades territoriales, no queda claro que Antioquia pueda crear uno nuevo bajo las condiciones actuales.
Al respecto, los diputados del movimiento político Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresaron su oposición. En un comunicado señalaron que el impuesto podría afectar la cultura de pago en el departamento y pidieron al gobernador explorar otras alternativas para financiar la seguridad. Entre las propuestas sugeridas por Creemos está el fortalecimiento del modelo de obras por impuestos, alianzas público-privadas y la venta de activos improductivos del departamento.