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Una serie de asesinatos que se han presentado en Medellín han alertado a las autoridades. La cuestión es que seis de estos se han cometido contra gais en los últimos tres meses, y en similares circunstancias, lo que ha encendido las alarmas por una posible sistematicidad en los casos.
El primero fue el de Osvaldo Botero, de 45 años, a quien encontraron el 11 de enero muerto en su casa en el barrio La Castellana, con signos de presión en el cuello; el segundo caso es el de Juan David López, de 31 años, a quien hallaron en la mañana del 28 de enero amarrado y con una bolsa en su cabeza, en su casa en San Javier.
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Una semana después, Gustavo Arango Jaramillo, de 52 años, fue hallado dentro de un hotel en el barrio La Candelaria, con varios golpes en su cuerpo, mientras que el 15 de marzo, a Sahmir Javier González, un colombo-venezolano de 38 años, lo encontró su pareja amordazado con una sábana, dentro de su vivienda en el barrio La Castellana, a la que se había trasteado hacía dos semanas.
Los últimos dos asesinatos fueron los de Juan Daniel Bedoya, de 30 años, quien fue encontrado por su mamá, atado y con signos de tortura, dentro de su casa en el barrio Caicedo, y Hernán Macías, caqueteño de 28 años, a quien las autoridades encontraron dentro de una bañera en un hotel del barrio La Candelaria.
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Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, es evidente que no se trata de hechos aislados. “Hay tres características que tienen que ver con una sistematicidad que está dada por el modus operandi, por la manera en la que se manipula la escena de los hechos para hacer creer al investigador que la muerte fue fortuita, por el arma que utilizan y por tratarse de violencia por prejuicio que ocurre por la misma característica, es decir, contra hombres gais en sus domicilios o residencias, después de conocer a su victimario en un espacio de divertimiento, que se presumía como un espacio seguro”.
La organización estableció que en cuatro de estos casos hay tres características en común, que son las agresiones a personas solas en espacios privados, la situación de indefensión en las que son puestas -ya que fueron encontradas atadas- y la asfixia mecánica como método de asesinato. Mientras que en todos los casos se evidencian otros factores, como que no hubo amenazas previas y que se tiene información de que las víctimas estuvieron acompañadas voluntariamente de sus atacantes, lo que demostraría que buscaron ganar su confianza antes de cometer los crímenes.
Esto va de la mano a lo que analiza Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, quien asegura que han monitoreado patrones similares desde 2014 con el asesinato del activista Guillermo Garzón, quien fue encontrado en su vivienda atado y con signos de tortura, y cuyo caso fue declarado con motivante de discriminación, al evidenciar que el crimen no solo estaría relacionado con un hurto, sino además por su orientación sexual y/o trabajo en defensa de la comunidad LGBTI.
“Lo que hemos encontrado es que sí es por robarlos, pero no entendemos por qué terminan asesinándolos, y por eso nuestra pregunta sobre los homicidios LGBTI es cuándo esos homicidios se basan en discriminación, odio o prejuicio, porque en Colombia matan fácil por robar una bicicleta. En el caso de Guillermo, se descubrió que se trataba de una banda que se dedicaba a contactar a hombres gais, a los que llevaban a sus casas, los robaban y los terminaban asesinando. Esa fue la primera condena en la que un juez aplicó como motivante la discriminación”, indicó Sánchez.
Colombia Diversa ha identificado asesinatos similares en otras partes del país, como Bucaramanga y Bogotá; por su parte, Castañeda indica que una oleada similar ya se había presentado en la región en 2017. “En moteles de Medellín, Manizales y Pereira se presentaron casos similares a los de ahora, y de ahí se determinaron dos asuntos: el primero es que los sitios de diversión terminan siendo permeados por delincuentes que se camuflan para encontrar a hombres gais solos; el segundo, que le sirve a la Fiscalía, es que, al igual que hoy se habla de una camioneta que estaría implicada en dos casos, en ese momento existía una banda dedicada a robar a hombres gais, que no tenía motivación asesinarlos, pero sí de reducirlos al considerar que eran ciudadanos más vulnerables”.
Ante estos patrones, la Alcaldía de Medellín anunció una serie de acciones a nivel local que parten del nombramiento de un fiscal especializado en los seis casos reportados este año. “Se crea un equipo especial para el esclarecimiento y el trabajo para la población LGBTI. Para todos los casos de homicidios de esta población pasamos de $40 millones a $80 millones, que es el mismo monto que tenemos para feminicidios”, dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Junto a esto, la Alcaldía establecerá controles de inspección y vigilancia en moteles y residencias de la ciudad, así como el mandatario señaló que se trabajará de la mano con la aplicación Grindr, que está asociada a varios casos, para obtener información de hurtos y asesinatos en la ciudad.
De igual manera, Patricia Llano, gerente de Diversidades Sexuales e Identidades de Género de la Alcaldía de Medellín, explicó a este medio que están haciendo el acompañamiento a las víctimas y, además, se están promoviendo acciones de autocuidado que incluyen compartir la ubicación en tiempo real a amigos o familiares, mientras que si no conocen a la otra persona, evitar llevarlos a la casa. “Tenemos una mesa con la Fiscalía y un Módulo Diverso (línea telefónica). Sobre la aplicación de citas, tenemos una campaña de prevención, que fortalece la línea preventiva, y alertas alrededor de la plataforma, pero más allá de eso queremos abrir una discusión en el país para su regulación, ya que muchas se administran desde otros países.
Para Sánchez, de Colombia Diversa, también deben tomarse acciones nacionales. “Ha habido un estancamiento en la política pública LGBTI, había una mesa de casos donde se reunía la Defensoría, el Ministerio del Interior y la Policía, en la que se analizaban casos urgentes que merecían respuesta y ya no se reúnen. La Fiscalía no ha implementado un protocolo, ni hay condenas efectivas, y preocupa el acceso a la información”.
Por su parte, Castañeda cree que no se deben satanizar las plataformas sociales, pero sí insistir en filtros de seguridad, mientras que con respecto a la justicia en estos casos, advierte que hay un estado de indefensión ante la desconfianza para denunciar y la impunidad. “La cuestión está en activar mecanismos de protección. La Fiscalía debería evaluar casos de estudio en ciudades importantes con mayores violencias y, desde el Ministerio del Interior, generar políticas de prevención, porque mientras no haya resultados el mensaje es que las vidas LGBTI no importan.
