En la mañana de este martes 21 de febrero se conoció la renuncia de la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, a quien una juez ordenó detención domiciliaria, en medio de un proceso penal en su contra por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos con la Corporación Colombia Avanza. Pese a que el alcalde Daniel Quintero le pidió mantenerse en el cargo, ella aclaró que se va para pedir su libertad y continuar con su defensa.
La investigación no es únicamente contra ella. En el proceso también se incluyó a la exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, Lina María Gil, a quien también le dieron casa por cárcel, y al exrepresentante legal de Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez. ¿Pero qué es lo que hay detrás del caso?
La imputación
Luego del aplazamiento de dos audiencias, finalmente la Fiscalía logró imputar la semana pasada a los tres funcionarios por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros.
Esto se debe a presuntas irregularidades detectadas en dos contratos que se hicieron con la Corporación Colombia Avanza para prestar los servicios del componente familiar del programa Buen Comienzo, que atiende a menores de cinco años y sus madres, y para el suministro de paquetes alimentarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la pandemia.
¿Qué pasó con el programa Buen Comienzo?
El primer contrato se firmó en marzo de 2020 y se subió a Secop solo hasta junio. En este se invirtieron alrededor de $16.000 millones para la prestación de servicios para la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes de la modalidad entorno familiar del programa Buen Comienzo, pero además se le hicieron dos adiciones en las que sumaron alrededor de $4.000 millones.
Su importancia radica en que es uno de los programas insignia de la alcaldía de Medellín. Existe desde 2004 para la atención de menores de cinco años con vulnerabilidades y divide su atención en tres módulos: institucional, familiar y la ludoteca.
En este caso, el contrato era para la modalidad familiar, que anteriormente se había adjudicado por invitación pública. Lo que cuestiona la Fiscalía es que se hizo por prestación de servicios directamente con la Corporación Colombia Avanza, sin que hubiera fundamento técnico o legal para hacer ese cambio en la forma de contratar.
Sumado a esto, el ente de control cuestiona que se hayan hecho modificaciones a las condiciones de los oferentes, como la exigencia de que hicieran parte del Banco Nacional de Oferentes del ICBF (al que ingresó Colombia Avanza tres meses antes de la adjudicación del contrato con bajas calificaciones financieras y en operatividad) o la variación con respecto a la experiencia, que pasó de cinco a tres años.
Los audios
Esto no fue lo único. La Fiscalía señaló en la audiencia que además de un posible detrimento, porque no hubo contraprestaciones de Colombia Avanza al Estado pese a que tuvieron ganancias cercanas al 8%, al parecer, en medio de la investigación, hubo intentos por entorpecer el proceso dado que de la Corporación habría desaparecido la contabilidad y la Secretaría de Educación solo entregó soportes globales de los contratos.
Como argumento, el ente de investigación presentó audios en los que se evidenciaría que habría personas encargadas de deshacerse de pruebas. Por ejemplo, en un diálogo entre un hombre identificado como Carlos Mario Henao y una mujer llamada Astrid, ella le dice: “Lo que estamos haciendo aquí, sacando todas las áreas que tienen que ver con otras empresas, pero las hijueputas cámaras están prendidas (…) Necesito que borres los pedazos donde estamos sacando las cosas”.
Las cifras
De acuerdo con el concejal Daniel Duque (Alianza Verde), dentro del programa el Distrito cuenta con jardines infantiles propios, pero también tiene contratos con ong y externos para la administración de centros infantiles, mientras que las ludotecas se eliminaron este año.
“Nos empezaron a buscar muchos de los centros infantiles, directoras, pero también profes, nutricionistas y un montón de gente que eran contratadas con esas organizaciones y estaban preocupadas porque no les iban a renovar el contrato. Cada vez había menos profesionales y muchas de ellas estaban preocupadas porque estos niños necesitan atención especial”, indicó el cabildante.
Esto va a que a las denuncias por las irregularidades en la contratación se extenderían a la operación del programa, ya que las quejas no solo vienen de funcionarios y beneficiarios, sino que además hay cifras que corroboran el decrecimiento en calidad y beneficiados de Buen Comienzo.
Cifras de Medellín Cómo Vamos demuestran que en 2021 se utilizaron $200.000 millones para atender a 93.000 niños, mientras que, en 2019, con $38.000 millones menos, se atendieron a 97.000 menores de edad. Algo similar ocurre con los educadores, ya que, en 2019, un profesor tenía a su cargo 25 estudiantes y para el 2021 el promedio subió a 36.
“Estadísticas de la administración indican que el presupuesto pasó de $450 mil millones a $800 mil millones. En debates logramos evidenciar que tuvimos menos días de atención, menos niños atendidos, menos profesores y personal que brindara atención integral”, señaló Duque.
El PAE
El segundo contrato es por $7.168 millones y es del Programa de Alimentación Escolar. Se hizo directo para el suministro de alimentos durante la pandemia, pero lo que cuestiona la Fiscalía en este caso es que Colombia Avanza no tenía bodega de almacenamiento, por lo que la alcaldía tuvo que invertir $830 millones más para contratar al Inder, Plaza Mayor y la Secretaría de Inclusión Social para entregar los paquetes.
Ahí no acaban los cuestionamientos. La Fiscalía critica que las cotizaciones se hicieron sobre los costos de los productos al detal y en supermercados reconocidos, además se habría inflado los precios, ya que estarían por encima de los indicados por el DANE, a lo que se suma que el presupuesto se hizo sobre un valor global y no por el costo de cada producto, lo que le permitió a la Corporación sacar o cambiar por marcas de menor calidad los alimentos que iban dentro de cada paquete.
La defensa
Durante la audiencia, la defensa de los tres acusados presentaron diferentes argumentos con respecto a lo presentado por la Fiscalía. Por ejemplo, la defensa del representante legal de Colombia Avanza alegó que en los dos contratos los paquetes fueron entregados como se establecia en el acuerdo y que la acusación por inflar precios no es válida porque la comparación de precios se basaría en un regulador de precios del mercado campesino, que es diferente al que se maneja en las ciudades.
Por su parte, la defensa de las funcionarias públicas recalcó que los procesos se hicieron dentro de los marcos legales establecidos por el Estado para el momento que se hicieron, es decir, bajo el régimen especial que se estableció por la pandemia, mientras que sobre la condición de que los participantes de la licitación se encuentren dentro del Banco Nacional Oferentes señaló que Colombia Avanza no era el único que cumplía esta función.
Por otra parte, el abogado de Agudelo indicó que ella no tenía injerencia dentro de los procesos de contratación mencionados, dado que son encargados a las subdirecciones y resaltó que prefería enfrentar un proceso por la forma en que se hicieron los contratos y no por la desatención de los niños en pandemia.
¿Por qué enviaron a la cárcel a la exsecretaria de Educación?
La jueza 39 municipal de Medellín indicó que acogía la solicitud de enviar a la funcionaria a detención domiciliaria, teniendo en cuenta que, pese a que se le imputaron cargos, no renunció al cargo público, por lo que había un riesgo de reiteración. “Cuando uno analiza que son funcionarias públicas, que lo que se está protegiendo es el patrimonio y el interés estatal, estos delitos que afectan la administración de justicia son graves porque la prestación del servicio es para la comunidad de la primera infancia, madres lactantes y estudiantes”, argumentó la jueza.
Por eso, con la renuncia oficializada este 21 de febrero, lo que busca Agudelo es que en la apelación de la medida de aseguramiento, le puedan dar la libertad, teniendo en cuenta que ya no trabaja con la alcaldía de Medellín.
¿Qué viene?
Para dentro de ocho días se definió la audiencia de apelación de la medida de aseguramiento. Una vez se resuelva, se continuará el proceso contra los tres imputados. Por lo pronto, se nombró como nuevo secretario de Educación a Juan David Agudelo, que se desempeñaba como subsecretario administrativo y financiero de la misma cartera.