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La paz tiene sus desafíos, aún más si los proyectos se tienen que desarrollar en medio de las condiciones atípicas de la pandemia. Tras cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, hay dos versiones de la implementación: la del Gobierno y la de las organizaciones sociales en el territorio, así lo describe Juan Carlos Garzón, director del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Además, la llegada del coronavirus trajo dificultades en los procesos de participación, supuso un aumento del control de grupos armados en los territorios - especialmente en zonas como el sur de Córdoba y el Bajo Cauca - y cambió las prioridades del Gobierno.
“En términos de pobreza estamos retrocediendo dos décadas y si el acuerdo se trata de transformar el territorio, esto nos pone pasos atrás del punto en el que iniciamos”, señala Garzón. Magaly Belalcazar, integrante de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas del Caquetá, considera que “la pandemia ha sido la mejor excusa del Estado para no avanzar en la implementación”, esta idea la comparten otros líderes que denuncian demoras en los planes y falta de voluntad política por parte del Gobierno. Sin embargo, Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, sostiene que la implementación - aún en medio de la pandemia - ha avanzado de manera oportuna. La sustitución de cultivos de uso ilícito, los avances de las obras en municipios PDET y la protección de líderes sociales son algunos de los puntos del debate.
Los avances y las dudas frente a la sustitución de cultivos
Garzón cuenta que, basándose en los informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se evidencia cumplimiento al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS- en las tres zonas. Asimismo, según la Agencia de Renovación del Territorio en Antioquia, por ejemplo, el 62,2% de las familias ya recibieron la totalidad del pago por asistencia alimentaria inmediata; el 47,3% en Caquetá y el 40.8% en Córdoba. En cuanto a la asistencia técnica, en Caquetá llega al 59,8%, en Antioquia al 65,1% y en Córdoba solo al 42%.
Sin embargo, los reclamos de las organizaciones señalan que se ha avanzado poco en los proyectos productivos. Córdoba no tiene ninguno, en Caquetá hay 59 familias con proyectos en convenio con Fedecacao y en Antioquia, el departamento más avanzado en este componente, ya los tienen 1.040 familias. La articulación del PNIS con los demás componentes del Acuerdo, en especial con la Reforma Rural Integral, es otra de las preocupaciones. “Se ha hecho la erradicación voluntaria, pero las familias todavía no ven la sustitución”, sostiene Garzón, recordando que el cronograma inicial apuntaba a que esto se realizaría en dos años, pero después se amplió a cuatro y algunas familias todavía no cuentan con una alternativa sostenible.
En Caquetá hay 12.959 familias vinculadas en nueve municipios, la Consejería estima que se han invertido $146.042 millones representados en asistencia técnica, asistencia alimentaria inmediata, proyectos productivos, obras de interés comunitario y huertas caseras. En total se han sustituido 6.354 hectáreas. “Estamos seguros de que este programa tiene un potencial transformador. Recoge las experiencias, fortalezas y evita las debilidades de los 13 procesos de sustitución que lo antecedieron”, manifiesta Rigoberto Abello, coordinador departamental de las organizaciones sociales, ambientales y Campesinas del Caquetá (Coordosac). Aunque las comunidades que se inscribieron a los acuerdos colectivos en 2017 están cumpliendo, el líder dice que ese mismo compromiso no se evidencia en el Gobierno, pues solo se está ejecutando el plan de acción inmediata, dejando por fuera temas como la recuperación ambiental tras décadas de aspersión con glifosato.
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“Durante la pandemia los mecanismos municipales de participación se han debilitado”, señaló Abello. En esto coincide William Muñoz, de la Asociación Campesina del Bajo Cauca (ASOCBAC). Para él las instancias en las que antes participaban se han vuelto solamente informativas y el programa está perdiendo credibilidad. Las organizaciones también cuestionan que, siendo más barata la sustitución, se insista en la erradicación forzada. En Antioquia hay 11.567 familias en el PNIS, entre Anorí, Ituango, Cáceres, Briceño y Tarazá. En el departamento ya han sustituido 4.738 hectáreas de coca, tras una inversión de $157.451 millones.
Arnobis Zapata, coordinador general de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, asegura que en 2020 no se hizo nada, aunque se ha entregado la asistencia alimentaria, los proyectos productivos están en veremos. “La gente está decepcionada. Los campesinos dijeron que esperaban hasta el fin de año para que el Gobierno implementara el proyecto productivo de $19 millones, sino volverían a sembrar coca porque no pueden seguir aguantando hambre”, dijo. De acuerdo con las cifras entregadas por la Consejería, en el departamento se han invertido $78.796 millones. En Montelíbano, Tierralta, Puerto Libertador y San José de Uré hay 6.353 familias vinculadas al PNIS y se han sustituido 2.489 hectáreas. El consejero Archila recuerda que en el caso de este departamento el Gobierno se encontró con un cronograma irreal, por eso se ajustó, pero sostiene que desde entonces le han cumplido a las familias.
Los municipios que quedaron por fuera del programa y tienen cultivos de uso ilícito también piden atención. Abello destaca que en Caquetá han hecho derechos de petición solicitando una solución efectiva para cinco municipios que se inscribieron y no fueron incluidos. “El Estado ha dicho que los va a atender, pero todavía no se ha dicho cuándo”, afirma. Garzón explica que muchas de las familias que quedaron por fuera del PNIS, pidieron que este se ampliara, como no fue posible, en algunas zonas se crearon planes alternativos como “Antioquia Libre de Coca” y “Hecho a la medida”. La inconformidad sigue existiendo, pues estos planes no cuentan con los mismos beneficios.
Concertación en la pandemia y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Zapata afirma que la implementación de los PDET se ha limitado a las obras de pequeña infraestructura, que son importantes, pero no traen verdaderas transformaciones para el territorio. “En los PDET hay cosas de gran envergadura que no se han hecho, estamos con pañitos de agua tibia”, afirma. En medio de la pandemia es más difícil concertar, por eso hasta ahora solo hay una hoja de ruta: la del Catatumbo.
Archila recuerda que los PDET buscan cerrar la brecha de los 170 municipios seleccionados. Para él sí se ha avanzado y de manera contundente. “La pandemia ha supuesto exigencias, pero el 2021 será un buen año para la paz con legalidad”, dice. Para la Consejería los PDET no se han suspendido por la ausencia de una hoja de ruta, en cada región se realizó planeación con la participación de más de 50 entidades y en cada uno de los ocho pilares de las 16 regiones identificaron los proyectos que deben cumplirse a diciembre para que el proceso sea irreversible, son cerca de 8.000. “Para cada uno de estos proyectos estamos trabajando en un cronograma de estructuración, financiación, contratación y ejecución”, manifiesta.
Además, el Consejero señala que antes no había ninguna fuente de recursos focalizada en el cumplimiento de los PDET: “cambiamos la reglas para que hasta el 50% del impuesto a la renta permita cumplir la expectativa de las comunidades; hicimos un cambio en la forma en la que se invierte el 7% de las regalías en el OCAD Paz, trabajamos con cooperación internacional e incluimos el marcador presupuestal. Si sumamos todo eso, tenemos aprobados 4.9 billones de pesos”, señala. Hasta el momento se han entregado 1.100 obras y, según el Gobierno, todas están articuladas y cumplen un objetivo dentro de la planeación general a 15 años.
El consejero asegura que no hay demoras y que, por el contrario, están adelantando acciones para avanzar rápidamente. Entre muchos ejemplos asegura que este año el Ministerio de Agricultura tendrá el presupuesto más alto que ha tenido en la historia y la mayoría está destinado para los programas del acuerdo, igualmente la Unidad de Víctimas contará con presupuesto de 1 billón para las reparaciones individuales.
Frente a los avances hay varias opiniones. En Antioquia ya se han entregado 95 proyectos por un valor de $13.657 millones. Muñoz, de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, considera que los avances se han dado gracias a la exigencia constante de las comunidades, aunque todavía hacen falta grandes infraestructuras. Por su parte, la lideresa Belalcázar dice que “los PDET están en el papel y no responden a las realidades más sentidas de las comunidades”. Desde su punto de vista el Gobierno se ha concentrado en realizar obras, sin abordar temas estructurales como la distribución de la tierra. Su organización concluye que las mujeres no están siendo incluidas de manera efectiva: “en Caquetá una vaca tiene más derechos que una mujer, ellas tienen dos o tres hectáreas de tierra y una mujer campesina, rural, víctima no tiene nada”.
Para Abello no se han incluido las comunidades afro e indígenas. Sostiene que los planes generaron falsas expectativas y ahora necesitan aumentar la participación de las organizaciones para impedir que las obras se conviertan en elefantes blancos. Por ejemplo, en su departamento (Caquetá) se han hecho centros de acopio para cacao, aunque “los proyectos de cacao han sido un fracaso”. Para él hace falta un enfoque territorial, pues de las cinco líneas productivas que les han propuesto - ganadería, café, cacao, palma de aceite, caña de azúcar- el café es el único que no genera un impacto ambiental en la Amazonia.
Una de las solicitudes que le hacen al Gobierno, es que haya mayor participación de las organizaciones que impulsan las zonas de reserva campesina y que estas se vean como una oportunidad para brindar justicia ambiental a los territorios. Si el acuerdo no funciona, el líder asegura que esta zona biodiversa corre el riesgo de quedar en manos de grupos armados o a disposición de proyectos mineros.
El reto de proteger a los líderes y lideresas
De acuerdo con Indepaz desde la firma del acuerdo más de 1.100 líderes sociales han sido asesinados en el país, además de los 253 excombatientes asesinados. Las organizaciones sociales aseguran que no hay garantías para defender los derechos humanos en Colombia y que quienes lo hacen están en riesgo. En medio de la pandemia el control y la influencia de grupos armados se ha fortalecido. De acuerdo con registros del Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras en Antioquia, los grupos paramilitares cada vez controlan más el departamento y en 2020 hubo 12 masacres, 31 homicidios contra defensores y cerca de 20 desplazamientos forzados.
Garzón explica que en Caquetá las Farc dominaban el territorio, tras su desarme se conformaron varias disidencias, algunas nacieron antes de la firma. Mientras que en el Urabá, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba hubo un proceso anterior de desmovilización de grupos paramilitares; para 2016 ya estaba el Clan del Golfo que sigue ganando influencia, su fragmentación ha provocado enfrentamientos con los llamados Caparros. A este escenario se le han sumado las disidencias de las Farc.
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Frente al asesinato de excombatientes, Archila dice que se han emprendido más de 50 acciones para protegerlos. “El presidente ha sido claro en señalar que más del 77% de los asesinatos son a manos de grupos narcotraficantes, es importante que cumplan con la obligación que se deriva de los acuerdos para desmantelar estas organizaciones”, afirmó. Además señala que en los próximos meses harán presencia en siete territorios para conocer las particularidades de cada uno y adecuar las medidas de seguridad de excombatientes y líderes.
“Los líderes a los que no han matado es porque se quedaron callados o porque se han desplazado”, asevera Arnobis Zapata. Para él las medidas de la Unidad Nacional de Protección no garantizan que los líderes puedan seguir trabajando en el territorio y denunciar a los grupos armados no es una opción, pues es el Estado quien debe investigar, ya que las denuncias los ponen en riesgo y hay desconfianza en las instituciones por la presencia del paramilitarismo en la zona.
Abello estima que desde la firma del acuerdo al menos 15 líderes comunales han sido asesinados en Caquetá, lo que más le preocupa es el silencio de las autoridades. Coordosac tiene un comité de derechos humanos que ha hecho seguimiento de los casos y con apoyo de organizaciones internacionales visibilizan las intimidaciones, por ejemplo, en Cartagena del Chairá la presidenta de Asojuntas, Amparo Bravo, ha recibido amenazas desde 2018.
Desde la FIP han identificado la tensión entre las comunidades y la Fuerza Pública, especialmente en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba. Garzón recuerda el debate alrededor de las Zonas Futuro en estas dos subregiones y como el énfasis en la seguridad fue visto con desconfianza. Por eso para él la seguridad debe entenderse desde una perspectiva más amplia, es fundamental que el Estado mejore su relación con las comunidades, identifique las economías ilegales, y llegue de otra manera a las zonas apartadas.
*Este artículo fue posible gracias al apoyo del pueblo americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de Usaid ni del gobierno de Estados Unidos.