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Los enfrentamientos que se han presentado en los últimos días entre el Clan del Golfo y las disidencias de Iván Márquez mantienen el terror en la zona rural de Segovia, en Antioquia, donde por lo menos 3.500 personas están confinadas en sus territorios.
La cifra es estimada por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), que alertó difíciles situaciones en las comunidades de Rancho Quemado, El Aguacate, La Manuela, Arenales y los indígenas embera del resguardo Tagual La Po, quienes han sido obligados a permanecer en sus territorios, desde las primeras semanas del 2024, según datos preliminares de OCHA y autoridades locales.
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“Las familias confinadas están viviendo un ciclo de zozobra y temor permanente, sin poder moverse libremente y sin acceder a servicios o bienes básicos como alimentación, educación o salud. Reiteramos nuestro llamado para que todas las partes del conflicto acuerden poner fin a estas prácticas y respeten el Derecho Internacional Humanitario”, dijo Giovanni Rizzo, director país NRC Colombia.
El NRC también indica que la comunidad sobre la que más ha calado el conflicto es el grupo indígena Tagual La Po, a quienes les han restringido la movilidad por el territorio desde junio del 2023. Esta práctica de confinamiento es usada por diferentes grupos armados ilegales para ejercer control sobre territorios y poblaciones completas.
Ante esto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le pidió “al Ejército Nacional que no puede retirar el comando especial que está garantizando la seguridad de la población. (…) Desde la Gobernación vamos a tender a todas las personas que, como consecuencia de estos enfrentamientos, han tenido que desplazarse a Segovia (al casco urbano)”.
La situación que se está presentando ya había sido advertida en la alerta temprana N°023- 2022 de la Defensoría del Pueblo tras el fortalecimiento de las AGC en el territorio, la presencia histórica del ELN en algunos municipios y el ingreso de dos frentes pertenecientes a las disidencias de las FARC-EP, lo que deja expuesta a la población a homicidios selectivos, desplazamientos forzados, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, control social mediante la intimidación y estigmatización de la población civil, entre otros hechos.
“Con la presente Alerta Temprana, una vez más la Defensoría del Pueblo llama la atención en relación con la persistencia del conflicto armado en el nordeste de Antioquia, expresado tanto en la expansión desbordada de las AGC en la subregión, como en el ingreso de facciones disidentes de las FARC-EP con los Frentes 36 y 4º, la presencia histórica del ELN en los municipios de Amalfi, Anorí y su expansión en los municipios de Remedios y Segovia y la más reciente aparición del Bloque Virgilio Peralta Arenas llamados Caparros por la Fuerza Pública” informó la Defensoría del Pueblo.
Para Rizzo, “la situación en Segovia no es un hecho aislado. Los confinamientos forzados continuaron incrementándose en el 2023 y no hay indicios de su disminución en el 2024. Las comunidades remotas que soportan las devastadoras repercusiones de estas restricciones de movimiento merecen el restablecimiento inmediato de sus derechos a la protección y la asistencia humanitaria”.
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Por su parte, el alcalde de Segovia, Edwin Castañeda Vahos, aseguró que “esperamos en los próximos días tener un parte diferente de tranquilidad, no solo para nosotros como encargados de la parte administrativa, sino de nuestras comunidades que hoy están esperando resultados”.
El 19 de septiembre del año pasado, habitantes de Segovia denunciaron desplazamientos masivos, hostigamientos contra la población civil y el asesinato de un firmante de paz como resultado de las incursiones del Clan del Golfo. La comunidad también denunció la quema de motos y de cultivos. En ese momento el conflicto entre el Frente 4 de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo dejó como resultado 260 familias desplazadas y el asesinato de Benicio Beltrán Borja, firmante del acuerdo de paz.