Hay tensión en Caucasia, Antioquia, luego de que la alcaldía del municipio emitió un decreto en el que ordena comenzar con el desalojo de las cerca de 8.000 personas, que viven en la hacienda Santa Elena que compró en 1988 Juan Gabriel Úsuga Noreña, narcotraficante capturado y extraditado a Estados Unidos en el 2001.
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El lote 378 hectáreas había sido puesto por Úsuga a nombre de la sociedad “Finca Santa Helena S.A.”, que en 2003 entregó la finca a la empresa de transporte de gas y energía, Promigas, en servidumbre por $25 millones. En el 2004, la Fiscalía embargó la propiedad y ahora es la Sociedad de Activos Especiales (SAE) la encargada de administrar el predio.
En marzo de este año, varias personas comenzaron a ocupar la hacienda, si bien al principio no era un gran número, con el paso del tiempo más familias que se encontraban sin tierras y sin vivienda comenzaron a trasladarse al sitio. Desde entonces se han generado tensiones entre la comunidad, la SAE, la alcaldía de Caucasia y la Gobernación de Antioquia, que se han opuesto a la invasión del predio.
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Fue por ello que la alcaldía de Caucasia, a través del decreto 0064 del 27 de mayo de 2024, estableció una serie de medidas para realizar el desalojo, que incluyen la ley seca que irá desde las 10:00 p.m. del lunes 27 de mayo hasta las 9:00 a.m. del viernes 31. También se prohibieron las mudanzas y el tránsito de vehículos con escombros, desechos u otros materiales como llantas o pipetas de gas, entre este martes 28 y el viernes 31.
La Alcaldía también señaló que entre el 28 y el 31 de mayo está prohibida la circulación del parrillero en moto y platones, carrocerías o partes externas de vehículos. Además, se prohibió el uso de drones en el casco urbano y el estacionamiento de vehículos en zonas aledañas a la hacienda Santa Helena.
Pablo Bolaños, uno de los líderes del asentamiento, le dijo a Caracol Radio que “en este momento, se mantiene la zozobra dentro del predio y la gente que ya está viviendo acá. Se tenía entendido de que ya el desalojo no iba porque la SAE, que es la administradora de la finca Santa Elena, había mandado un comunicado escrito para que dieran por archivado ese desalojo”.
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La SAE ya había señalado que hasta la fecha no se tenía conocimiento de ningún arrendatario que pudiera reclamar derechos sobre el predio, por lo que le solicitaba a la Alcaldía de Caucasia y a las autoridades municipales abstenerse de realizar cualquier procedimiento de desalojo en la zona. También indicaron que iniciarían una mesa de diálogo con las comunidades para poder hacer la recuperación del predio sin recurrir al uso de la fuerza.
La SAE como administradora de la propiedad del predio Santa Elena en Caucasia, Antioquia, informa que:
— Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) May 24, 2024
-No existe arrendatario alguno que pueda exigir derechos sobre el predio.
-Solicita a la Inspección de Policía y autoridades locales, suspender cualquier diligencia de… pic.twitter.com/Rn4ndBZt82
En su momento, el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que la decisión de la SAE era un grave antecedente, al avalar las vías de hecho y permitir que la población, que no tiene vivienda, se ubicara en el sitio.
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“Avalar vías, de hecho lo que hace es socavar el Estado de derecho. Tenemos la obligación de dar soluciones sociales para la población vulnerable, pero NO con la violación a la propiedad privada. (...) En articulación con autoridades civiles y de Policía, instalamos un PMU-Puesto de Mando Unificado- en la zona, que nos permitiera caracterizar población, buscar soluciones y devolverle el predio a su dueño, en este caso, la SAE. Pero el Gobierno Nacional no para de sorprendernos: la misma SAE, entidad del orden Nacional, ordenó “desistir” del proceso de recuperación del predio”, señaló Rendón en su cuenta de X.
La Alcaldía de Caucasia también hizo caso omiso de la solicitud de la SAE y comenzó con el operativo de desalojo este martes 28 de mayo. Por su parte, el secretario de Gobierno de Caucasia, José Payares, indicó que la SAE no se había comunicado con la alcaldía para buscarle una solución a la ocupación del predio. Además, señaló que desde que se anunció la orden de desalojo, más personas han llegado al sitio.
“El aumento de la familia se debe a que hay unos rumores de un desalojo y los líderes de la invasión, lo que están haciendo es obligando a las familias a llevar niños, a llevar señoras en embarazo o personas incapacitadas, para evitar cualquier tipo de acción de desalojo”, afirmó Payares.
Desde la alcaldía también se le solicitó a la comunidad no creer las falsas propuestas de venta de lotes en las que, al parecer, s estaría pidiendo entre $200.000 y $2 millones por lote.
Imer Navarro, otro líder de la invasión de Caucasia, indicó a Caracol Radio que “por la necesidad es que esta gente está aquí y para dónde van a acoger 8.600 personas a mitad de la noche o a las seis de la mañana, sin que de pronto haya una solución para ellas. Entonces, ¿de aquí realmente esas 8.600 personas no van a salir?, sino que van a defender, digamos, su derecho”.
Luego de que la Alcaldía anunciara las medidas, algunos congresistas como la senadora Isabel Zuleta señalaron que tomaría acciones legales contra la administración municipal de Caucasia si empleaba la fuerza para desalojar el predio.