¿Cómo y cuándo cobrarán la tasa de seguridad en Antioquia?

La nueva tasa de seguridad que aprobó la asamblea de Antioquia, con la que la gobernación busca conseguir más de un billón de pesos para invertir en dicho sector, comenzará a cobrarse a partir del primero de enero de 2025 y estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2027.

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El cobro, según explicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no se realizará a través de Empresas Públicas de Medellín (EPM) como se había planteado inicialmente, sino que estará a cargo de Valor+, una filial del IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) con experiencia en estos procesos.

El mandatario explicó que la reglamentación para el cobro de la tasa es el resultado de un trabajo conjunto entre equipos técnicos, jurídicos y operativos, asegurando que la decisión de contratar a Valor+ responde a su capacidad para asegurar un proceso de recaudo eficiente y transparente. “Estamos trabajando para que este mecanismo sea claro, funcional y accesible para todas las partes″, explicó el mandatario a El Colombiano.

En relación con las implicaciones para las empresas, el gobernador anticipó que tendrán la posibilidad de descontar la tasa de seguridad de la base gravable del impuesto de renta, siempre que cumplan con la normativa legal establecida.

Frente a los cuestionamientos del proyecto, el gobernador comentó que aceptaron la propuesta de establecer un techo para el cobro de la tasa a partir de ciertos niveles de consumo energético, una sugerencia formulada por algunos gremios, especialmente de sectores económicos como Fenalco y la Andi, quienes expresaron su preocupación por el impacto financiero del nuevo tributo. Sin embargo, con el ajuste se dejarían de recibir alrededor de $200.000 millones.

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Sumado a esto, Rendón explicó que el objetivo principal de la tasa es atender los desafíos de seguridad en el territorio, e indicó que no teme enfrentar acciones legales para defender su validez. Esto lo señaló en respuesta al mensaje del expresidente Álvaro Uribe, quien expresó que la medida fue aprobada sin la búsqueda de consensos suficientes. “La tasa tiene todo el respaldo legal. Se sustenta en dos leyes y dos sentencias de la Corte Constitucional. No tenemos dudas de su legalidad y su implementación es necesaria para enfrentar las dificultades de seguridad en el departamento”.

Acerca de la tutela promovida por el diputado Luis Peláez, quien busca declarar ilegal el impuesto de seguridad, Rendón expresó que la respuesta de la Gobernación se dio oportunamente y con confianza en la solidez jurídica de la medida. “Nosotros hemos respondido a la tutela y no tenemos ninguna duda sobre la legalidad de la tasa, ya que tiene un sustento legal claro y suficiente”.

Finalmente, el Gobernador enfatizó en que la tasa de seguridad es una herramienta para enfrentar las dificultades en temas de seguridad. “Este es un momento difícil para nuestra región en términos de violencia y falta de recursos para la Fuerza Pública. A través de este mecanismo de recaudo, podremos garantizar más recursos para mejorar la seguridad, la dotación de equipos y la capacidad operativa de nuestras fuerzas”, concluyó Rendón.

La nueva tasa de seguridad que aprobó la asamblea de Antioquia, con la que la gobernación busca conseguir más de un billón de pesos para invertir en dicho sector, comenzará a cobrarse a partir del primero de enero de 2025 y estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2027.

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El cobro, según explicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no se realizará a través de Empresas Públicas de Medellín (EPM) como se había planteado inicialmente, sino que estará a cargo de Valor+, una filial del IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) con experiencia en estos procesos.

El mandatario explicó que la reglamentación para el cobro de la tasa es el resultado de un trabajo conjunto entre equipos técnicos, jurídicos y operativos, asegurando que la decisión de contratar a Valor+ responde a su capacidad para asegurar un proceso de recaudo eficiente y transparente. “Estamos trabajando para que este mecanismo sea claro, funcional y accesible para todas las partes″, explicó el mandatario a El Colombiano.

En relación con las implicaciones para las empresas, el gobernador anticipó que tendrán la posibilidad de descontar la tasa de seguridad de la base gravable del impuesto de renta, siempre que cumplan con la normativa legal establecida.

Frente a los cuestionamientos del proyecto, el gobernador comentó que aceptaron la propuesta de establecer un techo para el cobro de la tasa a partir de ciertos niveles de consumo energético, una sugerencia formulada por algunos gremios, especialmente de sectores económicos como Fenalco y la Andi, quienes expresaron su preocupación por el impacto financiero del nuevo tributo. Sin embargo, con el ajuste se dejarían de recibir alrededor de $200.000 millones.

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Sumado a esto, Rendón explicó que el objetivo principal de la tasa es atender los desafíos de seguridad en el territorio, e indicó que no teme enfrentar acciones legales para defender su validez. Esto lo señaló en respuesta al mensaje del expresidente Álvaro Uribe, quien expresó que la medida fue aprobada sin la búsqueda de consensos suficientes. “La tasa tiene todo el respaldo legal. Se sustenta en dos leyes y dos sentencias de la Corte Constitucional. No tenemos dudas de su legalidad y su implementación es necesaria para enfrentar las dificultades de seguridad en el departamento”.

Acerca de la tutela promovida por el diputado Luis Peláez, quien busca declarar ilegal el impuesto de seguridad, Rendón expresó que la respuesta de la Gobernación se dio oportunamente y con confianza en la solidez jurídica de la medida. “Nosotros hemos respondido a la tutela y no tenemos ninguna duda sobre la legalidad de la tasa, ya que tiene un sustento legal claro y suficiente”.

Finalmente, el Gobernador enfatizó en que la tasa de seguridad es una herramienta para enfrentar las dificultades en temas de seguridad. “Este es un momento difícil para nuestra región en términos de violencia y falta de recursos para la Fuerza Pública. A través de este mecanismo de recaudo, podremos garantizar más recursos para mejorar la seguridad, la dotación de equipos y la capacidad operativa de nuestras fuerzas”, concluyó Rendón.