Comunidades denuncian desalojos forzados por Hidroituango

El 1 de febrero de 2016 los pobladores de Toledo (Antioquia) denunciaron nuevos desplazamientos de familias por el avance de Hidroituango, cuya construcción inició en 2010 y se espera finalice en diciembre 2018. La comunidad de la Arenera, perteneciente a aquel municipio antioqueño, señaló que con esta acción de la Fuerza Pública, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y funcionarios municipales y departamentales, ya son cerca de 500 familias han sido desplazadas de la cuenca montañosa del rio Cauca. Además advierten que pueden venir más desalojos forzados.

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia manifestó que la planeación y permisos otorgados para la construcción de la represa omitió que el Cañón del río Cauca es un lugar habitado ancestralmente por familias barequeras (mineros artesanales), que en su mayoría no fueron censadas o que con las “irrisorias indemnizaciones” no les ha sido posible sobrevivir y por ello han retornado a su territorio. (Lea: "Dos caras de Hidroituango")

Según lo comunicado por la organización, muchas de estas familias son víctimas del conflicto armado. “(…) el Estado Colombiano se niega garantizar sus derechos y obligar el cumplimiento de principios básicos internacionales para los desalojos forzosos y el desplazamiento por el desarrollo, la especial protección que la Corte Constitucional ha manifestado en estos casos para la población víctima pues entre otros aspectos, no se brinda ninguna opción mucho menos reubicación, mejores condiciones de vida, asistencia letrada, entre otros”, señalaron.

La organización dijo que el alcalde de Toledo, Jhonny Alberto Marín Muñetón, emitió un amparo policivo –el cual fue solicitado por EPM- y procedió al ejercicio de la fuerza contra las familias que viven cerca al megaproyecto. En la acción realizada por la Fuerza Pública, señaló Rios Vivos, también intervinieron empleados de EPM, quienes habrían destruido casas de la comunidad barequera que allí se encontraba. Entre los desalojados están Gregorio Chavarría y Rudy Estela Posada, líderes de Ríos Vivos, quienes desde julio de 2015 han manifestado ser blanco de amenazas. (Lea: "Los mitos de Hidroituango")

EPM le confirmó a este diario que se realizó el desalojo de cinco personas “que ocupaban ilegalmente un predio de propiedad del Proyecto Ituango, situado entre los sectores La Arenera y Los Mangos. Este procedimiento fue ordenado por la Alcaldía del Municipio de Toledo, mediante la Resolución 437 del 12 de diciembre de 2016, con el propósito de cesar la perturbación".

Asimismo, la empresa confirmó que el procedimiento se realizó de manera pacífica y con el acompañamiento de las autoridades de Toledo –quienes aprobaron el desalojo- y con el conocimiento del el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Procuraduría Provincial de Yarumal y la Defensoría Regional del Pueblo en Medellín. Incluso dijeron que los ciudadanos salieron del predio por su propia voluntad y manifestaron dirigirse a sus lugares de residencia en los municipios de San Andrés de Cuerquia, Santa Rosa de Osos, Toledo y Medellín. En la alcaldía de Toledo se pronunció en el mismo sentido: todo se hizo dentro de la legalidad y de manera pacífica.
 

El 1 de febrero de 2016 los pobladores de Toledo (Antioquia) denunciaron nuevos desplazamientos de familias por el avance de Hidroituango, cuya construcción inició en 2010 y se espera finalice en diciembre 2018. La comunidad de la Arenera, perteneciente a aquel municipio antioqueño, señaló que con esta acción de la Fuerza Pública, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y funcionarios municipales y departamentales, ya son cerca de 500 familias han sido desplazadas de la cuenca montañosa del rio Cauca. Además advierten que pueden venir más desalojos forzados.

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia manifestó que la planeación y permisos otorgados para la construcción de la represa omitió que el Cañón del río Cauca es un lugar habitado ancestralmente por familias barequeras (mineros artesanales), que en su mayoría no fueron censadas o que con las “irrisorias indemnizaciones” no les ha sido posible sobrevivir y por ello han retornado a su territorio. (Lea: "Dos caras de Hidroituango")

Según lo comunicado por la organización, muchas de estas familias son víctimas del conflicto armado. “(…) el Estado Colombiano se niega garantizar sus derechos y obligar el cumplimiento de principios básicos internacionales para los desalojos forzosos y el desplazamiento por el desarrollo, la especial protección que la Corte Constitucional ha manifestado en estos casos para la población víctima pues entre otros aspectos, no se brinda ninguna opción mucho menos reubicación, mejores condiciones de vida, asistencia letrada, entre otros”, señalaron.

La organización dijo que el alcalde de Toledo, Jhonny Alberto Marín Muñetón, emitió un amparo policivo –el cual fue solicitado por EPM- y procedió al ejercicio de la fuerza contra las familias que viven cerca al megaproyecto. En la acción realizada por la Fuerza Pública, señaló Rios Vivos, también intervinieron empleados de EPM, quienes habrían destruido casas de la comunidad barequera que allí se encontraba. Entre los desalojados están Gregorio Chavarría y Rudy Estela Posada, líderes de Ríos Vivos, quienes desde julio de 2015 han manifestado ser blanco de amenazas. (Lea: "Los mitos de Hidroituango")

EPM le confirmó a este diario que se realizó el desalojo de cinco personas “que ocupaban ilegalmente un predio de propiedad del Proyecto Ituango, situado entre los sectores La Arenera y Los Mangos. Este procedimiento fue ordenado por la Alcaldía del Municipio de Toledo, mediante la Resolución 437 del 12 de diciembre de 2016, con el propósito de cesar la perturbación".

Asimismo, la empresa confirmó que el procedimiento se realizó de manera pacífica y con el acompañamiento de las autoridades de Toledo –quienes aprobaron el desalojo- y con el conocimiento del el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Procuraduría Provincial de Yarumal y la Defensoría Regional del Pueblo en Medellín. Incluso dijeron que los ciudadanos salieron del predio por su propia voluntad y manifestaron dirigirse a sus lugares de residencia en los municipios de San Andrés de Cuerquia, Santa Rosa de Osos, Toledo y Medellín. En la alcaldía de Toledo se pronunció en el mismo sentido: todo se hizo dentro de la legalidad y de manera pacífica.