Conflictos en el Urabá, una bomba de tiempo

Hoy sobrevive —porque hablar de “vivir” sería exagerar— en un territorio colectivo del Urabá entre Chocó y Antioquia, conocido como La Larga-Tumaradó, una compleja mezcla de actores. La encabezan reclamantes de tierras campesinos y afrodescendientes, gente que podría no tener derechos sobre las tierras, campesinos que habían legalizado sus lotes con el Incora antes de que éste fuera declarado un territorio colectivo para comunidades afros, personas que se hacen llamar empresarios pero que en realidad aprovechan la ausencia del Estado para expandirse en terrenos protegidos, miembros de la banda criminal los Urabeños y de las Farc, y entidades estatales que a duras penas hacen presencia.

 

Tantos intereses encontrados en un solo espacio se han convertido en la definición perfecta de una bomba de tiempo. Desde hace unos años, los mismos habitantes de la región se lo han venido diciendo a las autoridades que han querido escucharlos: “El problema allí se ha agudizado porque las entidades responsables no han resuelto el litigio de tierras que hay, que puede causar en cualquier momento una masacre u homicidios”. Y no son sólo los pobladores: el 5 de enero de este año, investigadores de la Fiscalía adscritos al Grupo Investigativo de Desaparición y Desplazamiento Forzados les advirtieron a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía, nivel central, que podría haber “un posible atentado o masacre”.

 

La advertencia de los investigadores se refería, en específico, al riesgo que podían correr “los habitantes de Bijao Onofre, cuenca de Pedeguita Mancilla”, que es un territorio vecino de La Larga-Tumaradó y, como este, también asignado colectivamente a comunidades afros por el Incora desde 2000, “y en especial en contra de los señores Felipe Triana, Orlando Rodríguez y Marlene Benítez”. Palabras que terminaron cumpliéndose, al menos parcialmente. El pasado 18 de marzo, unos 50 hombres encapuchados llegaron a la zona donde Triana y Benítez se asentaron junto con sus familias desde su retorno hace más de 10 años (conocida como Belén de Bajirá, zona rural de Riosucio, Chocó).

 

La información que llegó hasta el Ministerio del Interior fue que entre los agresores se encontraban pobladores de Santa María, que todos iban armados de alguna manera (machetes, armas cortas), que a Triana lo golpearon con palos, lo amarraron y lo cortaron y que a un hijo de Marlene Benítez también lo hirieron, que quemaron sus cultivos. Que la responsabilidad apuntara hacia personas de Santa María, otro poblado de Belén de Bajirá, es un elemento grave: más de mil hectáreas en esa zona las ocupan, desde junio de 2001, 435 familias que se agremiaron a través de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba). Y todo esto importa porque quien estuvo detrás de todo el proyecto de Asoprobeba fue Sor Teresa Gómez.

 

Esta mujer, capturada en octubre de 2013, pertenecía a la casa Castaño y es conocida como la gran despojadora del Urabá. Miles de hectáreas de las que fueron desterrados campesinos de Chocó, Antioquia y Córdoba están relacionadas con ella, que ha sido señalada de haber actuado como testaferra de los hermanos Castaño, de quienes era cuñada. Sobre Asoprobeba también se ha pronunciado el Incoder: en un informe de julio de 2012, esta entidad señaló que la gente había llegado a Santa María promovida por Sor Teresa Gómez y que esas tierras indebidamente ocupadas, con sustento en títulos falsos, “corresponden a los territorios colectivos de Curvaradó y Pedeguita Mancilla”.

 

El asunto, sin embargo, no es fácil de dirimir. En entrevista con el portal Verdad Abierta, Jesús Pérez, presidente de la junta directiva de Asoprobeba, señaló: “Todos entramos en calidad de desplazados. A cada uno nos donaron seis hectáreas en promedio, con el compromiso de que sembráramos plátano de exportación. Todos entramos el 23 de junio de 2001. Estamos metidos en un problema, pero no tenemos nada que ver con el problema, llegamos acá en torno de un proyecto productivo apoyado por el Estado. El Gobierno nos metió en este problema y el Gobierno nos tiene que solucionar, mire que son 435 familias”. En ese mismo artículo, Verdad Abierta concluía lo que hoy se está advirtiendo para La Larga y Pedeguita: “(Es) un problema que requiere urgente atención del Estado para evitar un conflicto mayor”.

 

El Incoder, la Fiscalía, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Fuerza Pública: con La Larga-Tumaradó y Pedeguita Mancilla, todo el mundo tiene que ver. Lo que no garantiza, no obstante, acciones eficaces. Como ya está probado en la historia reciente de este país, la expansión paramilitar en la estratégica zona del Urabá fue promovida por hombres como Vicente y Carlos Castaño Gil, Salvatore Mancuso y Raúl Hasbún en los años 90, lo cual se hizo principalmente a través de los grupos de seguridad privada llamados Convivir. Todo eso ocurrió, sobre todo, entre los años 1995 y 1998. Sin embargo, casi dos décadas después, apenas la justicia empieza a asomarse para determinar qué fue lo que sucedió en este convulsionado territorio.

 

Fuentes de la Fiscalía le contaron a este diario que, a raíz de las investigaciones por los desplazamientos, los asesinatos y las desapariciones que tuvieron lugar en Curvaradó y Jiguamiandó para apoderarse de esos territorios colectivos, se empezó a hacer evidente que en La Larga-Tumaradó y en Pedeguita Mancilla había ocurrido algo muy parecido. Desde el año pasado, la Fiscalía ha empezado a reunir información para documentar casos de desplazamiento, desaparición forzada, homicidios, concierto para delinquir e invasión en áreas ecológicas. “Personas dedicadas a la ganadería extensiva se concertaron con la casa Castaño y se extendieron de Curvaradó a La Larga y a Mancilla y Pedeguita”, expresó una fuente de la Fiscalía.

 

El caso de Curvaradó y Jiguamiandó es, hasta ahora, el más conocido y en el que mayores avances se han visto. El año pasado, 86 personas fueron vinculadas formalmente a las investigaciones y ya se han conseguido 30 condenas en contra de empresarios y servidores públicos que facilitaron los despojos. En esta zona, bien se sabe, tres han sido los grandes intereses económicos: ganadería extensiva, banano y cultivos de palma. “En La Larga y en Pedeguita podemos ver la misma dinámica que con Curvaradó y Jiguamiandó. La Fiscalía no descarta que haya coincidencia de perpetradores”, manifestó la misma fuente de la Fiscalía. En Curvaradó y Jiguamiandó se trataba de 101.057 hectáreas; sus vecinos La Larga y Pedeguita suman una extensión de más de 155.000 hectáreas.

 

Pero si hay un campo en el que la justicia tenga una deuda pendiente con el país, es este. En la tarea de recuperar las tierras que despojaron los paramilitares a punta de armas todo el Estado colombiano ha sido lento, y quienes han sufrido las consecuencias son las víctimas del conflicto, que siguen sin tierra o viven en inminente peligro. Desde por lo menos 2009, la Defensoría del Pueblo viene emitiendo alertas tempranas para poner en evidencia que los territorios de La Larga-Tumaradó y Pedeguita Mancilla, entre otros, están bajo amenaza. La presencia de las Farc y de las Autodefensas Gaitanistas —que provienen del bloque ‘para’ Élmer Cárdenas, uno de los causantes del despojo en los años 90— es especialmente alarmante para los pobladores de la región.

 

El panorama es en extremo difícil. En 2013, los ministerios de Defensa y de Agricultura se reunieron y tomaron la decisión de “evitar a toda costa la solicitud de medidas cautelares”, un mecanismo que ha sido fundamental para los reclamantes de tierras en todo el país. Tal decisión se la comunicaron al director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, el 21 de junio de ese año. En diálogo con este diario, Sabogal aseguró que había sido un acuerdo con el Ministerio de Defensa porque éste “no iba a poder dar abasto” si le ordenaban medidas de protección en varias zonas al mismo tiempo. Quienes manejan casos de tierras en distintas entidades creen que esa decisión fue un retroceso en la ya de por sí dificilísima tarea de acompañar las restituciones.

 

En la URT se está consolidando un equipo especial de trabajo con especialistas de varias ramas (abogados, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos) el cual, dentro de un mes, hará presencia en La Larga para realizar un trabajo de “caracterización”. Eso significa que su misión es identificar plenamente la zona: ¿Quiénes viven allí? ¿Qué empresas hacen presencia? ¿En cuáles y cuántas hectáreas hay cultivos y de qué? Tanto desorden y ausencia estatal, sin embargo, ocurren mientras tienen lugar más y más incidentes (amenazas, destrucción de casas, muerte de animales) entre todos los bandos que se han formado en estos territorios colectivos. La bomba de tiempo está en conteo regresivo.

 

Hoy sobrevive —porque hablar de “vivir” sería exagerar— en un territorio colectivo del Urabá entre Chocó y Antioquia, conocido como La Larga-Tumaradó, una compleja mezcla de actores. La encabezan reclamantes de tierras campesinos y afrodescendientes, gente que podría no tener derechos sobre las tierras, campesinos que habían legalizado sus lotes con el Incora antes de que éste fuera declarado un territorio colectivo para comunidades afros, personas que se hacen llamar empresarios pero que en realidad aprovechan la ausencia del Estado para expandirse en terrenos protegidos, miembros de la banda criminal los Urabeños y de las Farc, y entidades estatales que a duras penas hacen presencia.

 

Tantos intereses encontrados en un solo espacio se han convertido en la definición perfecta de una bomba de tiempo. Desde hace unos años, los mismos habitantes de la región se lo han venido diciendo a las autoridades que han querido escucharlos: “El problema allí se ha agudizado porque las entidades responsables no han resuelto el litigio de tierras que hay, que puede causar en cualquier momento una masacre u homicidios”. Y no son sólo los pobladores: el 5 de enero de este año, investigadores de la Fiscalía adscritos al Grupo Investigativo de Desaparición y Desplazamiento Forzados les advirtieron a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía, nivel central, que podría haber “un posible atentado o masacre”.

 

La advertencia de los investigadores se refería, en específico, al riesgo que podían correr “los habitantes de Bijao Onofre, cuenca de Pedeguita Mancilla”, que es un territorio vecino de La Larga-Tumaradó y, como este, también asignado colectivamente a comunidades afros por el Incora desde 2000, “y en especial en contra de los señores Felipe Triana, Orlando Rodríguez y Marlene Benítez”. Palabras que terminaron cumpliéndose, al menos parcialmente. El pasado 18 de marzo, unos 50 hombres encapuchados llegaron a la zona donde Triana y Benítez se asentaron junto con sus familias desde su retorno hace más de 10 años (conocida como Belén de Bajirá, zona rural de Riosucio, Chocó).

 

La información que llegó hasta el Ministerio del Interior fue que entre los agresores se encontraban pobladores de Santa María, que todos iban armados de alguna manera (machetes, armas cortas), que a Triana lo golpearon con palos, lo amarraron y lo cortaron y que a un hijo de Marlene Benítez también lo hirieron, que quemaron sus cultivos. Que la responsabilidad apuntara hacia personas de Santa María, otro poblado de Belén de Bajirá, es un elemento grave: más de mil hectáreas en esa zona las ocupan, desde junio de 2001, 435 familias que se agremiaron a través de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba). Y todo esto importa porque quien estuvo detrás de todo el proyecto de Asoprobeba fue Sor Teresa Gómez.

 

Esta mujer, capturada en octubre de 2013, pertenecía a la casa Castaño y es conocida como la gran despojadora del Urabá. Miles de hectáreas de las que fueron desterrados campesinos de Chocó, Antioquia y Córdoba están relacionadas con ella, que ha sido señalada de haber actuado como testaferra de los hermanos Castaño, de quienes era cuñada. Sobre Asoprobeba también se ha pronunciado el Incoder: en un informe de julio de 2012, esta entidad señaló que la gente había llegado a Santa María promovida por Sor Teresa Gómez y que esas tierras indebidamente ocupadas, con sustento en títulos falsos, “corresponden a los territorios colectivos de Curvaradó y Pedeguita Mancilla”.

 

El asunto, sin embargo, no es fácil de dirimir. En entrevista con el portal Verdad Abierta, Jesús Pérez, presidente de la junta directiva de Asoprobeba, señaló: “Todos entramos en calidad de desplazados. A cada uno nos donaron seis hectáreas en promedio, con el compromiso de que sembráramos plátano de exportación. Todos entramos el 23 de junio de 2001. Estamos metidos en un problema, pero no tenemos nada que ver con el problema, llegamos acá en torno de un proyecto productivo apoyado por el Estado. El Gobierno nos metió en este problema y el Gobierno nos tiene que solucionar, mire que son 435 familias”. En ese mismo artículo, Verdad Abierta concluía lo que hoy se está advirtiendo para La Larga y Pedeguita: “(Es) un problema que requiere urgente atención del Estado para evitar un conflicto mayor”.

 

El Incoder, la Fiscalía, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Fuerza Pública: con La Larga-Tumaradó y Pedeguita Mancilla, todo el mundo tiene que ver. Lo que no garantiza, no obstante, acciones eficaces. Como ya está probado en la historia reciente de este país, la expansión paramilitar en la estratégica zona del Urabá fue promovida por hombres como Vicente y Carlos Castaño Gil, Salvatore Mancuso y Raúl Hasbún en los años 90, lo cual se hizo principalmente a través de los grupos de seguridad privada llamados Convivir. Todo eso ocurrió, sobre todo, entre los años 1995 y 1998. Sin embargo, casi dos décadas después, apenas la justicia empieza a asomarse para determinar qué fue lo que sucedió en este convulsionado territorio.

 

Fuentes de la Fiscalía le contaron a este diario que, a raíz de las investigaciones por los desplazamientos, los asesinatos y las desapariciones que tuvieron lugar en Curvaradó y Jiguamiandó para apoderarse de esos territorios colectivos, se empezó a hacer evidente que en La Larga-Tumaradó y en Pedeguita Mancilla había ocurrido algo muy parecido. Desde el año pasado, la Fiscalía ha empezado a reunir información para documentar casos de desplazamiento, desaparición forzada, homicidios, concierto para delinquir e invasión en áreas ecológicas. “Personas dedicadas a la ganadería extensiva se concertaron con la casa Castaño y se extendieron de Curvaradó a La Larga y a Mancilla y Pedeguita”, expresó una fuente de la Fiscalía.

 

El caso de Curvaradó y Jiguamiandó es, hasta ahora, el más conocido y en el que mayores avances se han visto. El año pasado, 86 personas fueron vinculadas formalmente a las investigaciones y ya se han conseguido 30 condenas en contra de empresarios y servidores públicos que facilitaron los despojos. En esta zona, bien se sabe, tres han sido los grandes intereses económicos: ganadería extensiva, banano y cultivos de palma. “En La Larga y en Pedeguita podemos ver la misma dinámica que con Curvaradó y Jiguamiandó. La Fiscalía no descarta que haya coincidencia de perpetradores”, manifestó la misma fuente de la Fiscalía. En Curvaradó y Jiguamiandó se trataba de 101.057 hectáreas; sus vecinos La Larga y Pedeguita suman una extensión de más de 155.000 hectáreas.

 

Pero si hay un campo en el que la justicia tenga una deuda pendiente con el país, es este. En la tarea de recuperar las tierras que despojaron los paramilitares a punta de armas todo el Estado colombiano ha sido lento, y quienes han sufrido las consecuencias son las víctimas del conflicto, que siguen sin tierra o viven en inminente peligro. Desde por lo menos 2009, la Defensoría del Pueblo viene emitiendo alertas tempranas para poner en evidencia que los territorios de La Larga-Tumaradó y Pedeguita Mancilla, entre otros, están bajo amenaza. La presencia de las Farc y de las Autodefensas Gaitanistas —que provienen del bloque ‘para’ Élmer Cárdenas, uno de los causantes del despojo en los años 90— es especialmente alarmante para los pobladores de la región.

 

El panorama es en extremo difícil. En 2013, los ministerios de Defensa y de Agricultura se reunieron y tomaron la decisión de “evitar a toda costa la solicitud de medidas cautelares”, un mecanismo que ha sido fundamental para los reclamantes de tierras en todo el país. Tal decisión se la comunicaron al director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, el 21 de junio de ese año. En diálogo con este diario, Sabogal aseguró que había sido un acuerdo con el Ministerio de Defensa porque éste “no iba a poder dar abasto” si le ordenaban medidas de protección en varias zonas al mismo tiempo. Quienes manejan casos de tierras en distintas entidades creen que esa decisión fue un retroceso en la ya de por sí dificilísima tarea de acompañar las restituciones.

 

En la URT se está consolidando un equipo especial de trabajo con especialistas de varias ramas (abogados, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos) el cual, dentro de un mes, hará presencia en La Larga para realizar un trabajo de “caracterización”. Eso significa que su misión es identificar plenamente la zona: ¿Quiénes viven allí? ¿Qué empresas hacen presencia? ¿En cuáles y cuántas hectáreas hay cultivos y de qué? Tanto desorden y ausencia estatal, sin embargo, ocurren mientras tienen lugar más y más incidentes (amenazas, destrucción de casas, muerte de animales) entre todos los bandos que se han formado en estos territorios colectivos. La bomba de tiempo está en conteo regresivo.