Nombramientos revelan presuntas irregularidades en Contraloría de Bello, Antioquia

Un nombramiento que se habría hecho supuestamente sin los requisitos legales tiene en la mira a varios funcionarios de la Contraloría de Bello, Antioquia, según consta en un informe de la Auditoría General de la República en poder de El Espectador, en donde dicha entidad analiza las cuentas y el desempeño administrativo de la Contraloría Municipal durante las vigencias del 2021 y 2022.

Un nombramiento que se habría hecho supuestamente sin los requisitos legales tiene en la mira a varios funcionarios de la Contraloría de Bello, Antioquia, según consta en un informe de la Auditoría General de la República en poder de El Espectador, en donde dicha entidad analiza las cuentas y el desempeño administrativo de la Contraloría Municipal durante las vigencias del 2021 y 2022.

Las Contralorías son los entes encargados de realizar vigilancia y control fiscal a las entidades públicas, por eso llama la atención que desde esa misma entidad se haya realizado el nombramiento de una funcionaria que, presuntamente, no contaba con los requisitos para el cargo.

Se trata de Susana Palacios, una comunicadora social que fue nombrada como asesora de planeación y jefa de control interno en abril de 2021, pero de acuerdo con el informe de auditoría que conoció este diario “en los documentos soportes suministrados por la Contraloría, no se dio complimiento al total de los requisitos exigidos” y se estaría incurriendo en una presunta “incidencia disciplinaria”, una situación que “se presentó por inadecuados controles y seguimientos a los requisitos de los nombramientos, afectando las disposiciones establecidas en los procedimientos de la Entidad”, según la auditoría.

Palacios no solamente se desempeñó como asesora, sino que ocupó luego otro cargo en la entidad, cuando el 3 de enero de 2022 fue nombrada como subcontralora encargada. La auditoría estableció que este segundo nombramiento tampoco cumplía con los requisitos legales. Para dicho cargo se requiere por ley una experiencia probada de 24 meses en labores relacionadas. La auditoría encontró que “en relación con los soportes de la hoja de vida se evidencia que la funcionaria cumplió con 8 meses de experiencia relacionada”.

Tampoco cumplía con el perfil profesional, pues era requisito para el cargo un título del núcleo básico de conocimiento en administración, contaduría pública financiera o derecho, mientras que la señora Palacios es comunicadora social.

Diego Alejandro Díaz Cadavid, actual subcontralor del municipio de Bello y quien fungía como contralor encargado en enero de 2022, fue quien firmó la resolución de nombramiento de Susana Palacios como subcontralora.

Tanto Díaz Cadavid como Susana Palacios contestaron a este diario que la experiencia estaba acreditada desde el 2016 en la misma Contraloría. “Estoy segura que el ente de control disciplinario una vez conozca mi experiencia laboral y académica cerrará o archivará [la investigación] según su competencia”, dijo Palacios a El Espectador, agregando que asumió ambos cargos “porque cumplía con los requisitos exigidos para cada uno de ellos”.

Palacios adjuntó a este diario su experiencia laboral previa, relacionada, entre otras cosas, con labores de comunicación organizacional y trabajo con comunidades.

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Díaz Cadavid, por su parte, cuestionó el informe de la auditoría que habla de presuntas faltas disciplinarias, diciendo que aunque ese es el “criterio del auditor”, quienes realizaron la auditoría “no tuvieron en cuenta que la carrera de comunicación social y periodismo hace parte de las ciencias sociales y humanas” y por lo tanto, según su opinión, la señora Palacios estaba plenamente facultada para el cargo en el que él la nombró.

“No fue de recibo para el auditor, fue un criterio subjetivo”, agrega Díaz Cadavid, quien asegura tener “toda la tranquilidad del mundo, estoy convencido que es un proceso que no puede prosperar porque no tiene fundamento […] van a tener que archivar si se apertura un proceso disciplinario”. Susana Palacios pasó de la Contraloría a Edunorte, donde se desempeña actualmente como directora de control interno, después de postularse a una convocatoria a la que también había aplicado Díaz Cadavid.

La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Bello (Edunorte), es una empresa del Estado que fue creada en 2021 mediante acuerdo del Concejo municipal por iniciativa del actual alcalde, Óscar Andrés Pérez. Tanto Edunorte como la alcaldía son sujetos de control que deben ser vigilados por parte de la Contraloría, donde antes trabajaba Palacios.

El alcalde de Bello en respuesta a este diario defendió el nombramiento de Palacios en Edunorte con un argumento que, curiosamente, viene a ratificar lo que la Auditoría General de la República había dictaminado sobre los nombramientos anteriores de Palacios en la Contraloría: que no tenía la experiencia necesaria para ser subcontralora.

De acuerdo con la respuesta del alcalde Pérez “conforme a las certificaciones laborales presentadas por la profesional Susana Palacio López, su experiencia profesional en la Contraloría Municipal de Bello, fue como profesional en el área de comunicaciones y de participación ciudadana y como asesora en planeación y auditoria interna, lo que significa que no tenía funciones de control y auditoría externa, es decir, ningún tipo de incidencia en la vigilancia a los entes descentralizados del municipio”.

Edunorte, ¿otro “contratadero” en Antioquia?

Edunorte también está en la mira de los entes de control, pues un boletín reciente de la Procuraduría alerta que esta empresa podría estar incurriendo en malos manejos administrativos, saltándose normas para la contratación pública con el propósito de adjudicar contratos y proyectos de forma irregular.

Como lo había denunciado este diario, en Itagüí existen denuncias similares que involucran al senador Carlos Andrés Trujillo, con otra empresa descentralizada que ha acaparado la contratación pública en el sur del Valle de Aburrá.

Edunorte depende de la alcaldía municipal de Bello y ha tramitado contratos públicos por más de 200 mil millones de pesos en sus dos años de existencia, según datos de la Agencia Nacional de Contratación Pública, y la misma Procuraduría alertó sobre la ejecución de 96 mil millones de pesos por parte de Edunorte en convenios interadministrativos que, presuntamente, se habrían realizado incumpliendo la ley.

De acuerdo con la Procuraduría “se adelantaron procesos de contratación con normas de derecho privado, seleccionando proveedores por medio procedimientos de competencia restringida e incluso contrataciones directas, excluyendo a posibles competidores o presuntamente incumpliendo los principios de la función administrativa”.

En otras palabras, Edunorte presuntamente sirvió para hacer contratos interadministrativos que terminaron adjudicados a dedo y sin cumplir con todos los requisitos legales. A esto se le conoce en la jerga administrativa como un “contratadero”, es decir, una empresa que se usa como intermediaria para evadir las normas y poder otorgar los dineros públicos de forma directa a contratistas amigos o cercanos a las campañas políticas.

El diario El Colombiano había denunciado que uno de los proyectos más costosos ejecutados por Edunorte, la construcción del parque de artes y oficios de Bello, por un monto que supera los 76 mil millones de pesos, terminó en manos de la empresa IDC Inversiones, detrás de la cual estaría Luis Felipe Agudelo según ese diario. Agudelo es un contratista cercano al exgobernador y barón electoral paisa Luis Pérez.

Entre los contratos que El Espectador encontró gestionados por Edunorte hay desde compras y dotaciones de motos para la Fuerza Pública, pasando por obras de infraestructura y pavimentación en Bello, la citada construcción del parque de artes y oficios en donde antes funcionaron los talleres del ferrocarril de Antioquia, también arreglos y remodelaciones a la choza en la que vivió el ex presidente Marco Fidel Suárez, incluso hay cuantías menores que se ejecutaron en otros municipios antioqueños como Puerto Triunfo y Amagá.

En entrevista con El Espectador el subcontralor de Bello, Diego Alejandro Díaz Cadavid, dijo que esa entidad aún no desarrolla ningún proceso de investigación ni de control fiscal contra Edunorte, pero que están ad portas de hacerle una auditoría por una queja puntual que recibieron. No obstante, le corresponderá a la Procuraduría definir si en efecto hubo procedimientos irregulares relacionados con la Contraloría y Edunorte.

La respuesta del alcalde

El alcalde Óscar Andrés Pérez defendió la creación de Edunorte y adjuntó en su respuesta a este diario un estudio demostrativo realizado por la alcaldía en 2021, en donde se propuso conformar dicha entidad descentralizada, con la justificación de que serviría para “mejorar la prestación de servicios, generar recursos económicos para el municipio que redundan en oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida para todos”.

Pérez agregó que todos los contratos con Edunorte se han ajustado al derecho y desde su despacho se “ha revisado jurídicamente la procedencia de la suscripción de los contratos interadministrativos”. De acuerdo con el alcalde, la creación de Edunorte era una necesidad para el municipio, pues este “se proyecta como una ciudad de gran desarrollo, por consiguiente, se requería una empresa industrial y comercial del Estado de carácter municipal que apoyara con el avance del desarrollo de nuestra ciudad”.

También desestimó algunas de las críticas que desde el consejo municipal se habían hecho a la creación de Edunorte, señalando que generaría más burocracia, pues según él, se trata de una empresa independiente “que ejecuta su objeto social en franca competencia con el sector privado”, argumentando que muchas de las actividades que ejecuta Edunorte no podrían ser realizadas por la alcaldía pues no “se cuenta en la nómina con personal especializado”.

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