El 2020 dejó graves violaciones a DDHH y DIH en Antioquia: informe de dos ONG

La Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Sumapaz, con apoyo del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, lanzaron esta semana el informe “La Paz Confinada” que da cuenta de la situación de derechos humanos, derecho internacional humanitario y vulneraciones contra los defensores en Antioquia durante 2020.

El informe señala que el año pasado se cometieron 24 masacres en el departamento, lo que lo ubicó en el primer lugar a nivel nacional. “Los municipios de Cáceres (7), Caucasia (5) y Tarazá (4) fueron los más afectados en la subregión del Bajo Cauca, (...) también preocupan las ocho masacres cometidas en la subregión del Suroeste: dos en Andes, dos en Salgar, una en Betania, una en Támesis, una en Ciudad Bolívar y una en Venecia”, apuntan los investigadores.

Al respecto, el documento señala que las 24 masacres fueron perpetradas por los grupos paramilitares que hacen presencia en la región como el Clan del Golfo, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), los Caparrapos —disidencia del Clan del Golfo— y la Oficina del Valle de Aburrá y pide investigar “la posible responsabilidad por acción u omisión de la fuerza pública en estos hechos acontecidos”, ya que en la zona hacen presencia más de 5.000 hombres del Ejército Nacional y la Policía.

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Además, advierten, que si bien el gobierno insiste que estas masacres (el gobierno las ha denominado homicidios colectivos) son producto de las economías ilegales, las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que estas se deben a tres razones: el control territorial de los grupos armados, “la connivencia de agentes de la fuerza pública y civiles con estructuras paramilitares”, y el no cumplimiento de los acuerdos de paz. Resaltan que, a pesar de los anuncios del gobierno nacional, en lo corrido del 2021 se han perpetrado nueve masacres en el departamento.

Sobre los homicidios, el informe señala que hubo un descenso en la tasa departamental respecto al 2019: paso de 36,15 por cada 100.000 habitantes a 30,20 en el 2020. De los 2012 homicidios reportados el año pasado, en el 98% de los casos las víctimas fueron hombres, mientras que en el 2% restante fueron mujeres. Los investigadores advierten sobre la situación en la subregión del Bajo Cauca antioqueño donde, a pesar de presentar una disminución en la tasa, esta sigue siendo cuatro veces más alta que la departamental: 122 homicidios por cada 100.000 habitantes.

En lo que respecta a desplazamiento forzado, Antioquia fue el segundo departamento del país con el mayor número de personas afectadas por este delito, solo detrás de Nariño. 6412 personas fueron desplazadas según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), que presentan en el informe. Entre las causas de estos desplazamientos, señalan los investigadores, estarían “la fuerte presencia, control territorial y combates de los grupos paramilitares e insurgencias. En el caso del Norte y Bajo Cauca también está asociado con la búsqueda de control de la zona del Nudo del Paramillo, los bienes comunes, la minería y los cultivos de coca”.

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“Paz Confianada” también da cuenta de un posible caso de ejecución extrajudicial, también denominados falsos positivos. Tiene que ver con el asesinato del campesino Ariolfo Sánchez en medio de un operativo adelantado por la Fuerza Pública para dar de baja a alias Cabullo, comandante del frente 36 de las disidencias de las Farc. Los investigadores detallan que el Ejército Nacional quería hacer pasar a Sánchez como alias Cabullo, pero la intervención de la comunidad evitó que trasladaran el cuerpo.

397 vulneraciones al DIH en Antioquia durante el 2020

Del total de acciones que vulneran el Derecho Internacional Humanitario, 87 fueron combates, 83 amenazas, 38 homicidios intencionales contra persona protegida, 24 masacres, 20 enfrentamientos entre actores no estatales, 19 restricciones a la movilidad y obstrucción de acceso a servicios y asistencia por parte de las poblaciones. Además, se reportaron 18 secuestros, mismo número de accidentes por mina antipersonal, 17 accidentes con artefacto explosivo improvisado e igual número de casos de atentados. Entre otras vulneraciones, se registraron nueve reclutamientos forzados de menores de edad.

“Este alto número de acciones bélicas se puede explicar porque Antioquia continúa siendo un laboratorio de la guerra en la que la presencia de actores armados paramilitares, guerrillas, disidencias y otros, se disputan los territorios para dominarlo palmo a palmo. A la vez que la Fuerza Pública infringe el DIH y viola los derechos humanos, generando un panorama de mayor riesgo para las comunidades”, explica el informe, donde advierten de la presencia de más de 11 estructuras armadas en el departamento.

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Respecto al Clan del Golfo, el documento señala que “su presencia se extiende desde el Urabá hacia el resto del departamento hasta consolidarse en al menos 90% de los 125 municipios de Antioquia”, con más de once frentes. “Por su parte el Eln con diferentes frentes de guerra y compañías hace una fuerte presencia en varios municipios de Antioquia ubicados en Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Suroeste, Urabá (límites con Chocó) y Occidente. Las Disidencias de las Farc, siguen avanzando hacia el Nordeste, Norte, Occidente, Bajo Cauca y Magdalena Medio, generando nuevas disputas por el territorio con otros grupos armados”, completan los investigadores sobre los principales grupos armados en la región.

Antioquia, un departamento con muchos riesgos para los defensores y defensoras de derechos humanos

“Durante el año 2020 se presentaron 191 agresiones en el departamento de Antioquia. El 29% fueron amenazas individuales, 14% homicidios, 13% son desplazamientos forzados, 6% amenazas colectivas, 5% detenciones arbitrarias, 5% agresiones colectivas, 4% agresión individual y 4% fueron atentado”, apunta el documento sobre las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento.

El delito que más preocupa es el homicidio, pues, durante el año pasado, 27 defensores/as fueron asesinados. Del total “15 ocurrieron contra liderazgos del sector campesino, seis del sector comunitario, dos del minero, dos de población LGTBI, un docente y un juvenil”. El Clan del Golfo fue responsable de 11 asesinatos, mientras en 9 no se pudo identificar al responsable. Los Caparrapos participaron en cinco y en un caso respectivamente se presume la participación del Clan Isaza y del Ejército Nacional.

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Las subregiones más riesgosas para ser líder social en Antioquia son el Valle de Aburrá, el Bajo Cauca, seguido por la zona norte, el nordeste y Urabá. Medellín, Tarazá, Ituango, Bello y Cáceres son los municipios más hostiles frente a estos liderazgos.

Los investigadores señalan que la crítica situación en materia de derechos humanos en el departamento, así como las graves violaciones a los DDHH y al DIH, se explican por “la decisión del gobierno de Iván Duque de no implementar el Acuerdo de Paz, cerrar el diálogo con el Eln y no desmontar las estructuras paramilitares existentes y sus nexos con agentes estatales. Además, las y los pobladores del departamento en especial de los sectores más empobrecidos, tuvieron que enfrentar la pandemia de la COVID-19 en un confinamiento sin renta básica, esto debido a la negativa del gobierno nacional de entregar una atención de urgencia y digna a las comunidades”.

La Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Sumapaz, con apoyo del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, lanzaron esta semana el informe “La Paz Confinada” que da cuenta de la situación de derechos humanos, derecho internacional humanitario y vulneraciones contra los defensores en Antioquia durante 2020.

El informe señala que el año pasado se cometieron 24 masacres en el departamento, lo que lo ubicó en el primer lugar a nivel nacional. “Los municipios de Cáceres (7), Caucasia (5) y Tarazá (4) fueron los más afectados en la subregión del Bajo Cauca, (...) también preocupan las ocho masacres cometidas en la subregión del Suroeste: dos en Andes, dos en Salgar, una en Betania, una en Támesis, una en Ciudad Bolívar y una en Venecia”, apuntan los investigadores.

Al respecto, el documento señala que las 24 masacres fueron perpetradas por los grupos paramilitares que hacen presencia en la región como el Clan del Golfo, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), los Caparrapos —disidencia del Clan del Golfo— y la Oficina del Valle de Aburrá y pide investigar “la posible responsabilidad por acción u omisión de la fuerza pública en estos hechos acontecidos”, ya que en la zona hacen presencia más de 5.000 hombres del Ejército Nacional y la Policía.

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Además, advierten, que si bien el gobierno insiste que estas masacres (el gobierno las ha denominado homicidios colectivos) son producto de las economías ilegales, las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que estas se deben a tres razones: el control territorial de los grupos armados, “la connivencia de agentes de la fuerza pública y civiles con estructuras paramilitares”, y el no cumplimiento de los acuerdos de paz. Resaltan que, a pesar de los anuncios del gobierno nacional, en lo corrido del 2021 se han perpetrado nueve masacres en el departamento.

Sobre los homicidios, el informe señala que hubo un descenso en la tasa departamental respecto al 2019: paso de 36,15 por cada 100.000 habitantes a 30,20 en el 2020. De los 2012 homicidios reportados el año pasado, en el 98% de los casos las víctimas fueron hombres, mientras que en el 2% restante fueron mujeres. Los investigadores advierten sobre la situación en la subregión del Bajo Cauca antioqueño donde, a pesar de presentar una disminución en la tasa, esta sigue siendo cuatro veces más alta que la departamental: 122 homicidios por cada 100.000 habitantes.

En lo que respecta a desplazamiento forzado, Antioquia fue el segundo departamento del país con el mayor número de personas afectadas por este delito, solo detrás de Nariño. 6412 personas fueron desplazadas según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), que presentan en el informe. Entre las causas de estos desplazamientos, señalan los investigadores, estarían “la fuerte presencia, control territorial y combates de los grupos paramilitares e insurgencias. En el caso del Norte y Bajo Cauca también está asociado con la búsqueda de control de la zona del Nudo del Paramillo, los bienes comunes, la minería y los cultivos de coca”.

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“Paz Confianada” también da cuenta de un posible caso de ejecución extrajudicial, también denominados falsos positivos. Tiene que ver con el asesinato del campesino Ariolfo Sánchez en medio de un operativo adelantado por la Fuerza Pública para dar de baja a alias Cabullo, comandante del frente 36 de las disidencias de las Farc. Los investigadores detallan que el Ejército Nacional quería hacer pasar a Sánchez como alias Cabullo, pero la intervención de la comunidad evitó que trasladaran el cuerpo.

397 vulneraciones al DIH en Antioquia durante el 2020

Del total de acciones que vulneran el Derecho Internacional Humanitario, 87 fueron combates, 83 amenazas, 38 homicidios intencionales contra persona protegida, 24 masacres, 20 enfrentamientos entre actores no estatales, 19 restricciones a la movilidad y obstrucción de acceso a servicios y asistencia por parte de las poblaciones. Además, se reportaron 18 secuestros, mismo número de accidentes por mina antipersonal, 17 accidentes con artefacto explosivo improvisado e igual número de casos de atentados. Entre otras vulneraciones, se registraron nueve reclutamientos forzados de menores de edad.

“Este alto número de acciones bélicas se puede explicar porque Antioquia continúa siendo un laboratorio de la guerra en la que la presencia de actores armados paramilitares, guerrillas, disidencias y otros, se disputan los territorios para dominarlo palmo a palmo. A la vez que la Fuerza Pública infringe el DIH y viola los derechos humanos, generando un panorama de mayor riesgo para las comunidades”, explica el informe, donde advierten de la presencia de más de 11 estructuras armadas en el departamento.

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Respecto al Clan del Golfo, el documento señala que “su presencia se extiende desde el Urabá hacia el resto del departamento hasta consolidarse en al menos 90% de los 125 municipios de Antioquia”, con más de once frentes. “Por su parte el Eln con diferentes frentes de guerra y compañías hace una fuerte presencia en varios municipios de Antioquia ubicados en Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Suroeste, Urabá (límites con Chocó) y Occidente. Las Disidencias de las Farc, siguen avanzando hacia el Nordeste, Norte, Occidente, Bajo Cauca y Magdalena Medio, generando nuevas disputas por el territorio con otros grupos armados”, completan los investigadores sobre los principales grupos armados en la región.

Antioquia, un departamento con muchos riesgos para los defensores y defensoras de derechos humanos

“Durante el año 2020 se presentaron 191 agresiones en el departamento de Antioquia. El 29% fueron amenazas individuales, 14% homicidios, 13% son desplazamientos forzados, 6% amenazas colectivas, 5% detenciones arbitrarias, 5% agresiones colectivas, 4% agresión individual y 4% fueron atentado”, apunta el documento sobre las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento.

El delito que más preocupa es el homicidio, pues, durante el año pasado, 27 defensores/as fueron asesinados. Del total “15 ocurrieron contra liderazgos del sector campesino, seis del sector comunitario, dos del minero, dos de población LGTBI, un docente y un juvenil”. El Clan del Golfo fue responsable de 11 asesinatos, mientras en 9 no se pudo identificar al responsable. Los Caparrapos participaron en cinco y en un caso respectivamente se presume la participación del Clan Isaza y del Ejército Nacional.

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Las subregiones más riesgosas para ser líder social en Antioquia son el Valle de Aburrá, el Bajo Cauca, seguido por la zona norte, el nordeste y Urabá. Medellín, Tarazá, Ituango, Bello y Cáceres son los municipios más hostiles frente a estos liderazgos.

Los investigadores señalan que la crítica situación en materia de derechos humanos en el departamento, así como las graves violaciones a los DDHH y al DIH, se explican por “la decisión del gobierno de Iván Duque de no implementar el Acuerdo de Paz, cerrar el diálogo con el Eln y no desmontar las estructuras paramilitares existentes y sus nexos con agentes estatales. Además, las y los pobladores del departamento en especial de los sectores más empobrecidos, tuvieron que enfrentar la pandemia de la COVID-19 en un confinamiento sin renta básica, esto debido a la negativa del gobierno nacional de entregar una atención de urgencia y digna a las comunidades”.