El impacto de las amenazas a estudiantes y profesores de la Universidad Eafit

Las amenazas comenzaron a llegar desde el pasado 4 de junio. Panfletos, correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto intimidatorios contra 18 estudiantes y profesores de la Universidad Eafit de Medellín, especialmente de la Escuela de Humanidades en los pregrados de Ciencias Políticas y Derecho. En total han sido por lo menos 11 amenazas, algunas de ellas firmadas por las Águilas Negras, otras por el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y la mayoría por el Comité Anticomunista de Antioquia. La última fue un panfleto difundido el 17 de agosto.

“Hubo un hecho que nos alertó a todos. A uno de los compañeros lo empezaron a seguir y le estaban tomando fotos. Se les encontró en muchos sitios e hizo el reporte a la Policía. Él salió de Medellín antes que los demás. El 15 de junio nos llegó un segundo panfleto en el que nos mencionaban a los mismos del primero (11 personas) y nos daban 72 horas para salir de la ciudad. En ese momento la mayoría tomamos la decisión de salir de Medellín, aunque me fui desde antes porque estábamos asustados”, relata Camilo*, uno de los estudiantes víctimas de las intimidaciones.

Los mensajes eran contundentes e incluían a estudiantes y docentes: “Ustedes huelen a muerto (...) pero no se han muerto porque la bala que les vamos a poner en la cabeza no vale lo que vale su vida”, rezaba uno. “Adoctrinadores del terrorismo”, “traidores a su clase”, “lavadores de cerebros y promotores del vandalismo”, señalaba otro. En general, todos incluían amenazas de destripamiento y descuartizamiento y hasta invitación a honras fúnebres. En la comunidad académica comenzaron a reinar la zozobra y la desesperanza, asegura Helena*, una de las profesoras amenazadas.

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Las razones de estos hostigamientos están ligadas, según las víctimas, a las actividades que realizaron en la universidad en el marco del paro nacional 2021. Sin embargo, aseguran que el movimiento estudiantil y algunos de sus miembros venían siendo estigmatizados a través de redes sociales incluso antes de la protesta. “Lo tolerábamos porque sabíamos el ambiente en el que estábamos. Nunca habíamos llegado al punto de que la mayoría de los que ejercían esos liderazgos estuviéramos amenazados junto con el decano y dos profesoras más”, asegura Camilo.

El papel de la comunidad estudiantil en las jornadas de protesta del paro se centró en impulsar la participación en las movilizaciones, el cese de actividades de una semana en la Escuela de Humanidades, crear una línea de atención jurídica con miembros de Eafit y apoyar con insumos las labores de primeros auxilios. “La academia tiene el deber de explicar los contextos, analizar las posiciones, dar elementos de juicio para esclarecer los hechos y las decisiones de otros. No todos los amenazados (estudiantes y profesores) participamos del mismo modo. Pero fuese cual fuera la posición de cada uno no hay ningún motivo para que se amenace a alguien por estar a favor o en contra de una movilización social, cualesquiera que sean las reivindicaciones que esta persiga”, sostiene Helena.

Se trata de la primera vez que se registran amenazas contra la comunidad educativa de la Universidad Eafit, privada y una de las más costosas de la ciudad. El episodio preocupa, sobre todo si se tienen en cuenta los hechos históricos de ataques contra la universidad pública en la ciudad, que tuvieron su episodio más crítico en los sucesos que se registraron entre julio y diciembre de 1987, cuando hombres bajo el mando de Carlos Castaño asesinaron a 17 profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, junto con líderes, defensores de derechos humanos y dirigentes representativos de la Unión Patriótica y la Juventud Comunista.

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“La persecución al movimiento estudiantil y en general al movimiento social no es algo de ahora. Durante décadas la alianza paraestatal, llamémoslo así, ha perseguido el movimiento social y asesinado a muchos de sus líderes, a otros los han silenciado o exiliado. En el escenario estudiantil estas amenazas buscan desestabilizarlo, impedir que se consolide un movimiento, en este caso el de Eafit. Eso rompe con la democracia, porque imagínese un país donde no se pueda protestar, pensar diferente. Los estudiantes están tratando de mostrar una forma diferente de construir país y hay unos sectores que quieren evitarlo”, explica Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la paz y el Desarrollo Social (Corpades).

La situación es tan preocupante, que la universidad radicó ante la Fiscalía una denuncia el pasado 4 de junio por el delito de amenazas contra el personal de la institución. Eafit ha sido también el enlace entre las víctimas y diferentes instituciones, como la Policía y la Personería, y ha rechazado abiertamente “las amenazas que han venido recibiendo algunos miembros de Eafit por sus posiciones, y que pretenden acallar sus voces y negar su derecho a participar de una vida universitaria en libertad”. A través de un comunicado, la institución además hizo un llamado a las autoridades para que se adelanten las investigaciones pertinentes con prontitud y diligencia: “Se han hecho las denuncias correspondientes y creemos en la eficacia de la justicia para devolver la confianza a nuestra comunidad”.

La universidad también ha facilitado los procesos de solicitud de medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, muchos estudiantes no las han recibido porque la entidad exige personería jurídica a los líderes del movimiento estudiantil, y ellos no la tienen. “No entendemos cómo les van a exigir a los liderazgos sociales una personería jurídica. Todos mis compañeros están sin protección, aunque yo entré al programa porque puse una tutela y soy militante de la Unión Patriótica, pero ellos apenas las están instaurando. A mí me dieron un esquema de seguridad de emergencia que consta de un escolta y un chaleco, esto es insuficiente para regresar a la ciudad”, reclama Camilo. Según él no hay garantías para retornar ni para ejercer sus derechos de participación política dentro y fuera de la universidad.

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La falta de protección ha hecho que al menos la mitad de los estudiantes permanezcan resguardados fuera de Medellín. Reciben clases virtuales, aunque ya hay presencialidad en el campus, y han detenido todas las actividades que realizaban como líderes. Mientras tanto, los profesores han continuado con las clases, pese a los hostigamientos. “Entra gente extraña a los salones, graban a los profesores amenazados, les toman fotos y se van. Aún no identifican quiénes son. En los panfletos repiten que nos tienen ubicados y saben lo que decimos en los salones y en la universidad”, cuenta Camilo.

Según Quijano, a estas retaliaciones por el paro nacional se le suma el ambiente electoral que empeorará las condiciones de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y demás liderazgos. “Se van a multiplicar las amenazas y los riesgos. ¿Cómo se les va a garantizar la seguridad a los amenazados de Eafit, de otras universidades, a los amenazados de los movimientos sociales y a los que participan en política? ¿Cómo el Estado va a garantizar la seguridad de quienes están en contra de un modelo político y económico como el que tiene hoy Colombia?”, pregunta.

A Camilo también le preocupa que “la protesta social se reactive por las últimas decisiones del Gobierno. Evidentemente, en la universidad van a querer salir a la calle y hacer cosas. Nos preocupa que nos responsabilicen por las acciones que ellos tengan y que los grupos paramilitares asuman que el liderazgo de esas movilizaciones lo tenemos nosotros”.

*Los nombres fueron cambiados por petición de las fuentes.

Las amenazas comenzaron a llegar desde el pasado 4 de junio. Panfletos, correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto intimidatorios contra 18 estudiantes y profesores de la Universidad Eafit de Medellín, especialmente de la Escuela de Humanidades en los pregrados de Ciencias Políticas y Derecho. En total han sido por lo menos 11 amenazas, algunas de ellas firmadas por las Águilas Negras, otras por el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y la mayoría por el Comité Anticomunista de Antioquia. La última fue un panfleto difundido el 17 de agosto.

“Hubo un hecho que nos alertó a todos. A uno de los compañeros lo empezaron a seguir y le estaban tomando fotos. Se les encontró en muchos sitios e hizo el reporte a la Policía. Él salió de Medellín antes que los demás. El 15 de junio nos llegó un segundo panfleto en el que nos mencionaban a los mismos del primero (11 personas) y nos daban 72 horas para salir de la ciudad. En ese momento la mayoría tomamos la decisión de salir de Medellín, aunque me fui desde antes porque estábamos asustados”, relata Camilo*, uno de los estudiantes víctimas de las intimidaciones.

Los mensajes eran contundentes e incluían a estudiantes y docentes: “Ustedes huelen a muerto (...) pero no se han muerto porque la bala que les vamos a poner en la cabeza no vale lo que vale su vida”, rezaba uno. “Adoctrinadores del terrorismo”, “traidores a su clase”, “lavadores de cerebros y promotores del vandalismo”, señalaba otro. En general, todos incluían amenazas de destripamiento y descuartizamiento y hasta invitación a honras fúnebres. En la comunidad académica comenzaron a reinar la zozobra y la desesperanza, asegura Helena*, una de las profesoras amenazadas.

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Las razones de estos hostigamientos están ligadas, según las víctimas, a las actividades que realizaron en la universidad en el marco del paro nacional 2021. Sin embargo, aseguran que el movimiento estudiantil y algunos de sus miembros venían siendo estigmatizados a través de redes sociales incluso antes de la protesta. “Lo tolerábamos porque sabíamos el ambiente en el que estábamos. Nunca habíamos llegado al punto de que la mayoría de los que ejercían esos liderazgos estuviéramos amenazados junto con el decano y dos profesoras más”, asegura Camilo.

El papel de la comunidad estudiantil en las jornadas de protesta del paro se centró en impulsar la participación en las movilizaciones, el cese de actividades de una semana en la Escuela de Humanidades, crear una línea de atención jurídica con miembros de Eafit y apoyar con insumos las labores de primeros auxilios. “La academia tiene el deber de explicar los contextos, analizar las posiciones, dar elementos de juicio para esclarecer los hechos y las decisiones de otros. No todos los amenazados (estudiantes y profesores) participamos del mismo modo. Pero fuese cual fuera la posición de cada uno no hay ningún motivo para que se amenace a alguien por estar a favor o en contra de una movilización social, cualesquiera que sean las reivindicaciones que esta persiga”, sostiene Helena.

Se trata de la primera vez que se registran amenazas contra la comunidad educativa de la Universidad Eafit, privada y una de las más costosas de la ciudad. El episodio preocupa, sobre todo si se tienen en cuenta los hechos históricos de ataques contra la universidad pública en la ciudad, que tuvieron su episodio más crítico en los sucesos que se registraron entre julio y diciembre de 1987, cuando hombres bajo el mando de Carlos Castaño asesinaron a 17 profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, junto con líderes, defensores de derechos humanos y dirigentes representativos de la Unión Patriótica y la Juventud Comunista.

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“La persecución al movimiento estudiantil y en general al movimiento social no es algo de ahora. Durante décadas la alianza paraestatal, llamémoslo así, ha perseguido el movimiento social y asesinado a muchos de sus líderes, a otros los han silenciado o exiliado. En el escenario estudiantil estas amenazas buscan desestabilizarlo, impedir que se consolide un movimiento, en este caso el de Eafit. Eso rompe con la democracia, porque imagínese un país donde no se pueda protestar, pensar diferente. Los estudiantes están tratando de mostrar una forma diferente de construir país y hay unos sectores que quieren evitarlo”, explica Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la paz y el Desarrollo Social (Corpades).

La situación es tan preocupante, que la universidad radicó ante la Fiscalía una denuncia el pasado 4 de junio por el delito de amenazas contra el personal de la institución. Eafit ha sido también el enlace entre las víctimas y diferentes instituciones, como la Policía y la Personería, y ha rechazado abiertamente “las amenazas que han venido recibiendo algunos miembros de Eafit por sus posiciones, y que pretenden acallar sus voces y negar su derecho a participar de una vida universitaria en libertad”. A través de un comunicado, la institución además hizo un llamado a las autoridades para que se adelanten las investigaciones pertinentes con prontitud y diligencia: “Se han hecho las denuncias correspondientes y creemos en la eficacia de la justicia para devolver la confianza a nuestra comunidad”.

La universidad también ha facilitado los procesos de solicitud de medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, muchos estudiantes no las han recibido porque la entidad exige personería jurídica a los líderes del movimiento estudiantil, y ellos no la tienen. “No entendemos cómo les van a exigir a los liderazgos sociales una personería jurídica. Todos mis compañeros están sin protección, aunque yo entré al programa porque puse una tutela y soy militante de la Unión Patriótica, pero ellos apenas las están instaurando. A mí me dieron un esquema de seguridad de emergencia que consta de un escolta y un chaleco, esto es insuficiente para regresar a la ciudad”, reclama Camilo. Según él no hay garantías para retornar ni para ejercer sus derechos de participación política dentro y fuera de la universidad.

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La falta de protección ha hecho que al menos la mitad de los estudiantes permanezcan resguardados fuera de Medellín. Reciben clases virtuales, aunque ya hay presencialidad en el campus, y han detenido todas las actividades que realizaban como líderes. Mientras tanto, los profesores han continuado con las clases, pese a los hostigamientos. “Entra gente extraña a los salones, graban a los profesores amenazados, les toman fotos y se van. Aún no identifican quiénes son. En los panfletos repiten que nos tienen ubicados y saben lo que decimos en los salones y en la universidad”, cuenta Camilo.

Según Quijano, a estas retaliaciones por el paro nacional se le suma el ambiente electoral que empeorará las condiciones de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y demás liderazgos. “Se van a multiplicar las amenazas y los riesgos. ¿Cómo se les va a garantizar la seguridad a los amenazados de Eafit, de otras universidades, a los amenazados de los movimientos sociales y a los que participan en política? ¿Cómo el Estado va a garantizar la seguridad de quienes están en contra de un modelo político y económico como el que tiene hoy Colombia?”, pregunta.

A Camilo también le preocupa que “la protesta social se reactive por las últimas decisiones del Gobierno. Evidentemente, en la universidad van a querer salir a la calle y hacer cosas. Nos preocupa que nos responsabilicen por las acciones que ellos tengan y que los grupos paramilitares asuman que el liderazgo de esas movilizaciones lo tenemos nosotros”.

*Los nombres fueron cambiados por petición de las fuentes.