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Tras el llamado de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) para exigir el cumplimento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en el municipio de Tarazá, Antioquia, el representante legal de la Asociación, José William Muñoz, manifestó que la principal inconformidad de las familias de Tarazá ha sido el papel de la Organización de Estados Iberoamericanos como entidad operante y la insuficiencia en la inversión y avances.
El PNIS se empezó a implementar en el municipio desde el 1 de septiembre de 2017, inicialmente con 4.120 familias. Al día de hoy, alrededor de 30 han sido suspendidas. Muñoz dice que, durante los cinco años de implementación del plan, se han invertido 13 millones de pesos para los campesinos de Tarazá, cifra que considera insuficiente para las transformaciones que requiere el municipio.
Aunque representantes del programa confirmaron a la Asocbac su asistencia a la reunión que pidió la Asociación para el próximo 28 de febrero, propusieron hacerla virtualmente. Los líderes de Tarazá mantienen su deseo de que sea presencial y están a la espera de la respuesta de los funcionarios. Esto dijo José William Muñoz entrevista con El Espectador.
¿Qué inconformidades ha tenido la Asociación con la OEI?
Con la entidad operante ha habido varias falencias que nos preocupan. La primera es que la ruta metodológica que está dentro del Acuerdo de Paz, que se debe concertar todo con relación a la implementación del programa, no se tuvo en cuenta. El desarrollo del programa de sustitución se debe hacer de una manera integral y concertada y aquí no se hacía ninguna concertación sino que solo se formulaban los planes de sustitución. Lo segundo es que la metodología del desarrollo del programa se ha hecho muy lentamente, no de acuerdo con los tiempos estipulados.
¿Por qué dicen que se ha tomado tanto tiempo implementar el programa?
Por ejemplo, se hizo un convenio que supuestamente terminaría de liquidarse en abril de 2021 y hasta la fecha no ha terminado la entrega de algunos de los elementos. En esa demora se elevó el precio de los artículos a nivel nacional y entonces hubo unas afectaciones que tienen que ver con la carestía. Y nos preocupan varias acciones de la OEI. En el municipio de Ituango, unos compañeros empezaron a denunciar las carestías y posibles corrupciones que había en la implementación del programa. Incluso, hubo un funcionario del PNIS que entró a apoyar a la comunidad y a denunciar y lo despidieron. Nunca se han tenido en cuenta las consideraciones que hemos traído a colación, eso nos da una mala espina.
A modo de balance general, ¿cómo va la implementación del PNIS en Tarazá?
Políticamente el PNIS fue un fracaso en este gobierno. Aquí consideramos que hubo falta de voluntad política. Creo que el Estado siempre ha tenido recursos. Según las estadísticas de expertos, un área de erradicación forzosa cuesta más que la implementación de un programa de sustitución. El gobierno ha mantenido los mecanismos de sustitución forzada e incluso ha vuelto a la aspersión aérea, en lugar de continuar con la sustitución voluntaria.
¿Qué iniciativas están impulsadas dentro de la sustitución de cultivos ilícitos?
Nosotros insistimos que el problema de los cultivos ilícitos se debe solucionar a partir de inversión social en los territorios, dándole garantías a los campesinos para que produzcan y lo puedan comercializar. El PNIS lo está solucionando con pañitos de agua tibia. Si el problema de los cultivos ilícitos es tan gran como considera el gobierno, pues también se le tiene que dar una solución grande. No se puede hacer una inversión de 300 mil pesos.
Después de cinco años de implementación del PNIS, a los campesinos en Tarazá se les ha invertido 13 millones de pesos. Al día de hoy, después de 56 meses que llevamos desde la implementación del primero de septiembre de 2017, si dividimos eso por familia, nos da unos 200 mil pesos mensuales. La pregunta es entonces si se puede vivir en familia con 250 mil pesos mensuales.
¿Qué proyectos se deberían impulsar?
Hay que hacer una recuperación de la cultura de los campesinos. Hace mucho tiempo empezaron los cultivos de uso ilícito y la vocación agrícola se debe recuperar. Durante estos cinco años lo que hemos conseguido son resultados negativos y cuando digo eso me refiero a que durante la implementación del programa hubo una inseguridad en los territorios y no se logró el objetivo. Ahora que la gente está volviendo a su territorio, toca plantear cómo se van a dar garantías para su sostenibilidad.
¿Cuál es la respuesta de las autoridades frente al llamado que hicieron?
Nos confirmaron la reunión para el 28 de febrero, pero proponen hacerla virtual. La reacción de los líderes es que la queremos tener presencialmente. La conclusión que nosotros sacamos como campesinos es que no tenemos respaldo institucional para llegar a los espacios. Los funcionarios públicos tienen todas las garantías para responder. ¿Por qué no pueden venir ellos acá? Seguimos insistiendo en la reunión para el 28, pero queremos que lleguen a Tarazá.
