Hacinamiento en cárceles de Medellín: no hay dónde meter a más de 450 detenidos
La situación se debe a que los empleados de las penitenciarías no permiten ingreso de internos desde el martes, debido a las condiciones en que se encuentran en dichos lugares.
Redacción Nacional
La decisión del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup) de no permitir desde la mañana del martes el ingreso de internos en las cárceles de Bellavista, Itagüí y El Pedregal, derivó en que más de 450 sindicados en Medellín no hayan podido ser ubicados en las cárceles del Área Metropolitana, y que las estaciones de Policía los reciban como detenidos de manera transitoria. La medida fue tomada por el sindicato debido a que no hubo forma de establecer diálogo con el Gobierno nacional, ni con los administraciones municipales del Valle de Aburrá y tampoco con os altos mandos del Inpec.
Los dragoneantes, quienes aseguraron que agotaron todos los recursos para concertar con el Gobierno, pedían soluciones al alto grado de hacinamiento al interior de las cárceles, el déficit en la prestación de servicios de salud a los reos ni el personal interno por parte de las entidades encargadas, a tal punto que no cuentan con insumos médicos básicos.
El colapso fue confirmado por la directora regional del Inpec, Imelda López Solórzano, quien aseguró que estos centros de reclusión transitorios ya sobrepasaron más del 90 por ciento de su capacidad, que sin embargo dista bastante de la cifra que maneja la Gobernación de (supera el 200 por ciento) y la Defensoría del Pueblo (un 150 por ciento).
"Tenemos al día de hoy 342 internos en las estaciones de policía y tenemos 52 internos en el CTI de la Fiscalía, ellos no deben estar allá porque son lugares transitorios, incluso la misma Corte Constitucional lo ha ratificado a través de varias sentencias donde manifiesta que no son centros de reclusión. Vamos a pasar revista por las estaciones de policía", dijo a Caracol Radio la directora regional del Inpec, quien agregó que en dichas visitas tendrán en cuenta las condiciones judiciales, de salud y de estancia de los reclusos.
La protesta que adelantan los sindicatos de las penitenciarías ha llevado a las autoridades a buscar alternativas, como la que propuso el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien planteó que los privados podrían ayudar a descongestionar el sistema carcelario del departamento, asegurando estas alianzas público-privadas podrían significar mayor eficiencia y eficacia, con lo que se aliviaría parte del problema.
Coincidiendo con la directora regional del Inpec, Pérez también indicó que dentro de su propuesta también entra una revisión a los derechos humanos de los presos, puesto que las oportunidades de formación y reincorporación a la sociedad no son óptimas.
La decisión del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup) de no permitir desde la mañana del martes el ingreso de internos en las cárceles de Bellavista, Itagüí y El Pedregal, derivó en que más de 450 sindicados en Medellín no hayan podido ser ubicados en las cárceles del Área Metropolitana, y que las estaciones de Policía los reciban como detenidos de manera transitoria. La medida fue tomada por el sindicato debido a que no hubo forma de establecer diálogo con el Gobierno nacional, ni con los administraciones municipales del Valle de Aburrá y tampoco con os altos mandos del Inpec.
Los dragoneantes, quienes aseguraron que agotaron todos los recursos para concertar con el Gobierno, pedían soluciones al alto grado de hacinamiento al interior de las cárceles, el déficit en la prestación de servicios de salud a los reos ni el personal interno por parte de las entidades encargadas, a tal punto que no cuentan con insumos médicos básicos.
El colapso fue confirmado por la directora regional del Inpec, Imelda López Solórzano, quien aseguró que estos centros de reclusión transitorios ya sobrepasaron más del 90 por ciento de su capacidad, que sin embargo dista bastante de la cifra que maneja la Gobernación de (supera el 200 por ciento) y la Defensoría del Pueblo (un 150 por ciento).
"Tenemos al día de hoy 342 internos en las estaciones de policía y tenemos 52 internos en el CTI de la Fiscalía, ellos no deben estar allá porque son lugares transitorios, incluso la misma Corte Constitucional lo ha ratificado a través de varias sentencias donde manifiesta que no son centros de reclusión. Vamos a pasar revista por las estaciones de policía", dijo a Caracol Radio la directora regional del Inpec, quien agregó que en dichas visitas tendrán en cuenta las condiciones judiciales, de salud y de estancia de los reclusos.
La protesta que adelantan los sindicatos de las penitenciarías ha llevado a las autoridades a buscar alternativas, como la que propuso el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien planteó que los privados podrían ayudar a descongestionar el sistema carcelario del departamento, asegurando estas alianzas público-privadas podrían significar mayor eficiencia y eficacia, con lo que se aliviaría parte del problema.
Coincidiendo con la directora regional del Inpec, Pérez también indicó que dentro de su propuesta también entra una revisión a los derechos humanos de los presos, puesto que las oportunidades de formación y reincorporación a la sociedad no son óptimas.