Por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos indebidos y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, la Fiscalía le imputó cargos cuatro funcionarios de la administración de Daniel Quintero, quienes fueron involucrados en un proceso por irregularidades en un contrato interadministrativo firmado por Metroparques.
Lea: Hallan cuerpos de gemelos de ocho meses de gestación en un basurero en Manizales
Se trata de un convenio por cerca de $7.700 millones con el Área Metropolitana del Valle del Aburrá, que se hizo para el mantenimiento del Parque Metropolitano de las Aguas. Lo que cuestiona la Fiscalía es que Metroparques hizo un subcontrato con Constru Americana S.A.S. en el que se habría dado un presunto detrimento por $243 millones, que se usaron para la construcción de un hangar que no cumplía las condiciones técnicas y corría el riesgo de colapsar.
Por ello, fueron imputados María Eugenia Domínguez Castañeda, quien fue directora general de Metroparques durante la administración de Daniel Quintero; Viviana del Valle Velásquez, jefe de Adquisiciones de la misma entidad; Carlos Augusto Jaramillo Villareal, ex secretario General, y Camilo García Bustamante, contratista supervisor, así como a la representante legal de la empresa contratista Enidia del Carmen Salazar.
Le puede interesar: Las irregularidades en la oficina del Sisbén que denunció el alcalde de Pasto
La investigación fue hecha tras una denuncia que interpuso la veeduría Todos por Medellín, que, además de las irregularidades con el hangar, alertó que para la adjudicación del contrato se invitaron a tres empresas, dos de las cuales están vinculadas entre ellas, pero una no cumplió todos los requisitos.
“Este contrato o esta invitación inicial se llevó a cabo por 550 millones de pesos. Posteriormente, se hace una adición a esa invitación que tuvo por objeto la adecuación de unas obras de infraestructura que en términos generales corresponden a la construcción de un hangar. Pero esa adición, que se llevó a cabo por 243 millones de pesos no cumplía con las condiciones”, indicó a Blu Radio una de las abogadas de la veeduría.