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La pelea por el oro en las minas de Buriticá (Antioquia)

El Espectador visitó este municipio para conocer la mina subterránea más grande del país, operada por Zijin Continental Gold. Según la multinacional, la primera etapa del proyecto (Yaraguá) es dominada en un 90 % por mineros ilegales, que confrontan con los formales e informales. Familiares de dos trabajadores muertos acusan a la firma de no proteger sus vidas . (Primera de dos entregas).

Luisa Fernanda Orozco
06 de septiembre de 2022 - 02:00 a. m.
Personal de vigilancia contratado por la multinacional, custodia el interior de la mina.
Personal de vigilancia contratado por la multinacional, custodia el interior de la mina.
Foto: El Espectador - Óscar Pérez
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Entre montañas de neblina y puestos de control, una camioneta blanca 4x4 nos recoge a las 8 de la mañana. Una hora más tarde ingresamos a la mina subterránea más grande del país: está en Buriticá, Antioquia, y es propiedad de la multinacional china Zijin Continental Gold. Allí hay hombres y mujeres que se persignan y rezan en voz alta antes de entrar a los túneles. Quienes ingresan no saben si saldrán con vida o no. Adentro gobiernan el aire caliente, el lodo y el sofoco. Pero además de las condiciones ambientales, hay una situación que ha desencadenado una disputa que casi a diario libran los mineros de la multinacional contra los mineros informales, quienes rompen la montaña e interceptan los túneles de la empresa china para hacer extracciones por su cuenta.

Pero antes de eso hay que recordar: el 4 de agosto los mineros informales Víctor Peña y Jesús Alberto González quedaron atrapados en uno de los socavones por donde extraían minerales. Sus cuerpos sin vida fueron hallados el 30 de agosto. El hecho provocó bloqueos y paros que obligaron a representantes del Estado a hacer presencia en el municipio en búsqueda de diálogo con los manifestantes.

Ese triste episodio puso en el ojo público una problemática que para Buriticá, y sobre todo para mineros tanto legales como ilegales, no es novedad: la disputa por el oro en medio de un territorio que también está controlado por el crimen organizado, entre ellos el Clan del Golfo.

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Viajamos a Buriticá para conocer las múltiples versiones del problema. Comenzamos con la de Zijin, una que algunos de sus trabajadores defienden. Toda la mina está montaña abajo y tiene tres etapas: Yaraguá, Rampa Sur, e Higabra. Una camioneta 4x4 nos lleva hasta una garita que da entrada a la primera, a Yaraguá. Allí la disputa entre mineros formales e informales se ha agudizado desde que la multinacional china le compró en 2020 los títulos mineros a una empresa canadiense que explotaba la tierra.

En la garita hay varias mesas con trajes especiales para entrar a los túneles. Miguel*, un trabajador de Zijin, nos entrega un chaleco antibalas, un casco, un dispositivo que provee oxígeno en caso de accidentes y un par de botas industriales. En conjunto, toda esa indumentaria resulta pesada para quien no tiene costumbre de caminar con ella. Luego una advertencia: “Estén pendientes de las linternas en los cascos de los demás. Asentir es no entrar, hacer círculos es continuar y negar significa detenerse”, nos dice Miguel.

Nos montamos en otro vehículo 4x4, esta vez sin vidrios, manejado por Miguel. Llegamos hasta la boca del túnel donde, en una pequeña oficina, nos entregan una linterna para acompañar el casco. Como cualquier cosa puede pasar, sin tener la certeza de que quien ingresa pueda salir vivo o muerto, no es extraño que Miguel se persigne. Prende las luces, acelera y entramos.

Lodo, piedra y escombros es el escenario que encontramos. El aire se siente denso dentro de los túneles. Por donde se mire hay cuevas o pasadizos a los que no se les ve fin. Las paredes y el techo están bordeados por cables de electricidad y tuberías que conducen agua. La 4x4 se detiene y debemos caminar. Llegamos hasta la boca de un túnel más profundo que tiene un hueco. “De aquí, unos 30 metros hacia abajo, están los mineros explotando los materiales. El aire les llega por este túnel. Cuando los ilegales rompen la montaña para excavar y hacer un nuevo socavón se apropian del pedazo del túnel en el que hacen el hueco. A veces nos bloquean por completo y lanzan explosivos para que nosotros no pasemos. También arrojan basura y heces. Incluso nos han bloqueado tramos fundamentales para que pase el oxígeno que les llega a los muchachos que están trabajando abajo”, dice Antonio*, otro de los hombres que nos acompañan en el recorrido.

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Antonio es un oficial retirado de la Marina que ejerció por más de 30 años. No es extraño que la mayoría de personas que son contratadas por la empresa tengan un historial de ejercicio en la Fuerza Pública. “¿Quién más se le va a medir a este trabajo?”, dice Antonio. “Es que da miedo”. Su mirada y gestos dan cuenta de la confianza de quien ha trabajado por largo tiempo dentro de los túneles. Camina sin mirar hacia el suelo y pisa fuerte con las botas, a diferencia de los periodistas que tienen la mirada clavada hacia abajo para evitar una caída en medio del lodo.

Dentro de la mina también hay fronteras: los ilegales ponen cilindros llenos de explosivos y muñecos hechos con uniformes y botas. Eso indica que el territorio deja de estar controlado por Zijin y que pasa a ser de quienes rompen los socavones. Antonio y otros integrantes de la multinacional coinciden en decir que los cuerpos de Víctor Enrique Peña y Jesús Arturo González, ambos de 29 años, fueron encontrados en un socavón ajeno a la compañía. Al preguntarles si Víctor y Jesús eran parte de la minera como contratistas, Antonio responde que no. “Eran ilegales”, explica.

Pero el panorama es mucho más complejo. Si bien hay hombres y mujeres contratados directamente con la Zijin para ejercer de manera legal en todas las actividades que se requieren, hay otras personas que tienen un contrato con ellos y que no están vinculadas directamente con la compañía: son los mineros informales.

Con ellos, según la Zijin, se ha dado un proceso de formalización. Sin embargo, María Maya, docente de la Universidad de Antioquia, afirma que “su posición es muy particular y claramente conflictiva porque están explotando en títulos ajenos, en este caso el de Zijin Continental Gold”.

El panorama se complejiza aún más cuando entran los mineros ilegales. Ese último término, el de “ilegal”, según María, puede confundirse con el papel que cumplen los grupos armados en Buriticá por sus intereses en la minería. “No es un secreto para nadie que esta actividad es atractiva para agrupaciones como el Clan del Golfo (AGC)”, comenta la experta. Por eso algunos mineros, no solo los ilegales, tienen que pagarles vacunas a los integrantes de las AGC por cada porcentaje de material que extraen de la tierra. Ese número, sin embargo, es desconocido.

Ahora, respecto a Víctor y Jesús, su desaparición se reportó el 4 de agosto, cuando compañeros suyos denunciaron que presuntamente los integrantes de la multinacional arrojaron lodo al socavón donde ambos trabajaban y que fue así como quedaron atrapados, una versión que la Fiscalía deberá investigar. La ubicación exacta donde sucedió el accidente solo la saben sus mismos colegas, quienes crearon una cuadrilla de entre 50 y 100 personas para la búsqueda de los cuerpos durante más de 10 días.

Le preguntamos a Antonio por esas acusaciones. Él nos dice que “rellenar los huecos con lodo es un proceso legal que no solo Zijin Continental Gold sino otras minas alrededor del mundo hacen constantemente para subsanar la montaña. Nadie debería estar en esos huecos, o en los llamados socavones que los ilegales hacen cuando nosotros hacemos ese vertimiento“.

Pero otras son las afirmaciones de las familiares de los mineros fallecidos. Ribetsi, la hermana de Víctor, dijo que “eso no es motivo para que ellos se justifiquen. Ellos tenían que verificar si allá adentro había gente de la empresa o no. Si ellos hubiesen echado el lodo con empleados suyos adentro, ¿cómo lo estarían diciendo ahorita? La multinacional tenía que hacer estudios para garantizar que dentro del socavón no había nadie. Ahí fue donde mi hermano y su compañero perdió la vida. Si ellos hubieran echo ese estudio, mi hermano seguiría vivo. Ellos quisieron ayudar cuando se vieron presionados, pero antes no”.

Por la misma línea continuó la madre de Jesús González, quien afirmó que “la empresa debe responder así se quieran lavar las manos. Fueron dos personas, no dos animales, las que murieron. Yo doy fe de que mi hijo luchaba por el sostenimiento de su familia, de su hijo y de sus hermanos. Él estaba pendiente de nosotros siempre”.

Para el rescate de Víctor y Jesús, dos oficiales de la Agencia Nacional de Minería fueron autorizados por la comunidad para que hicieran presencia y verificación. No obstante, no se les permitió participar de las labores.

Dentro de la mina, Antonio nos lleva hasta un tramo del túnel que, a diferencia de los demás, está iluminado por partida doble para demarcar una frontera entre la Zijin y los ilegales. Allí también hay guardias de una empresa de seguridad que trabaja para la multinacional. Son jóvenes uniformados, de casco, que cargan armas en los brazos.

En ese tramo del túnel fueron entregados los cuerpos sin vida de Víctor y Jesús durante la madrugada del 30 de agosto, y después fueron transportados hasta Bogotá para realizar la investigación correspondiente y determinar qué les pasó.

Abundan hipótesis sobre el motivo de su fallecimiento y los dolientes esperan respuestas de las autoridades. Con ese afán viajaron hasta Buriticá para esperar novedades, como fue el caso de Ribetsi Peña, quien hace ocho años llegó desde Venezuela a Colombia junto a su hermano Víctor. Ribetsi llegó desde el Atlántico hasta Buriticá cuando le anunciaron de la desaparición de su hermano.

Al salir de la mina en el vehículo 4x4 nos quitamos el chaleco, el casco y las botas. Los entregamos en la garita de la entrada a Yaraguá, y tanto Miguel como Antonio se despiden dándonos la mano. Pero para ellos la jornada apenas comienza: una que por lo general dura 14 horas diarias para los mineros rasos, quienes entran en la tierra en busca de oro.

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¿Un problema sin solución?

La vía tiene vista al barranco cuando salimos de la mina hacia Buriticá. Se ven carros, motos, camiones cisterna y volquetas que tienen como destino Zijin Continental Gold. La valla que da la bienvenida oficial al pueblo está intervenida con mensajes: “Zijin asesinos”, “Fuera chinos”, “Sin justicia solo hay divisiones, víctimas y opresores”.

A lo largo de la carretera también se observan casas de diferentes tamaños. Algunos de sus muros están cubiertos por lonas verdes, como de construcción. Otras hacen las veces de parqueaderos con decenas de motos parqueadas. Cuando estábamos dentro de la mina, Antonio afirmó que en el interior de esas viviendas se comienzan a excavar los socavones que llegan hasta los túneles de la compañía. “Todas esas motos pertenecen a alrededor de 800 hombres que están adentro, en este momento, explotando la mina de manera ilegal”, cuenta Antonio. De esa información, sin embargo, no hay certeza. Solo la conocen los mineros que probablemente excavaron los huecos.

Pero para David Berrío, exconcejal de Buriticá, el problema va mucho más allá de la diferencia entre los mineros formales, informales e ilegales. “Aquí cada bando tiene argumentos válidos. Por ejemplo, los ilegales, a través de videos, han denunciado hostigamientos de mineros de la multinacional contra ellos y viceversa. Si uno se queda en esa discusión sería una cosa de no acabar “, cuenta David.

Según Berrío, la minería ilegal no va a acabar y el que la Zijin cierre operaciones completamente en el municipio es inviable. “La única opción es que los dos se sienten a conversar, a dialogar y pongan sus requerimientos para llegar a un acuerdo, porque al fin y al cabo estamos hablando de vidas humanas. Ahora, también debe mirarse el tema del crimen organizado. Ese problema cogió ventaja de manera innegable y debe nombrársele como tal para buscar una solución real “, concluye David Berrío.

*Nombres modificados por petición de las fuentes.

Luisa Fernanda Orozco

Por Luisa Fernanda Orozco

Periodista de la Universidad de Antioquia.@luisaorvallorozco@elespectador.com

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