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Antioquia es el segundo departamento con mayor número de homicidios, después de Valle del Cauca, según el Instituto Popular de Capacitación (IPC), y en el departamento también confluyen múltiples tipos de violaciones a los derechos humanos, principalmente, que atentan contra la vida y libertad de los antioqueños. Las violencias son ejercidas, en su mayoría, por los actores armados ilegales que tienen presencia en el territorio, como disidencias de las Farc, Eln, el Clan del Golfo y estructuras de crimen organizado.
El IPC presentó un balance sobre el panorama en Antioquia, en el que participaron 16 organizaciones tanto del ámbito departamental como regional, y tuvo en cuenta cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, de la Policía y de la sociedad civil, con corte al 31 de octubre de 2021.
El Espectador habló con Andrés Mauricio Soto Taborda, investigador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación, para entender cómo se explican estas cifras en las diferentes dinámicas territoriales y cuáles son las particularidades del departamento.
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¿Cómo definir la situación de derechos humanos en Antioquia este año?
Como una situación de preocupación y alerta. Nosotros como departamento tenemos problemas de violencia estructural, sobre los cuales hay que prestar atención si se quieren superar ciertas lógicas de conflictividad y violencia que se presentan en los territorios. Hay factores de vulneración que permanecen, y si bien hay indicadores como la tasa de homicidios que presentan una pequeña variación, hay otros hechos como las amenazas, la violencia y las desapariciones que nos deben poner en situación de alerta y buscar soluciones.
¿Cómo explicar esas cifras y darles contexto para entender la dinámica del departamento?
Nosotros clasificamos en tres modalidades la presencia y confrontación de actores armados en el territorio. El primer escenario es la confrontación que se da con respecto al posacuerdo, el segundo se trata de una expansión de la conflictividad urbana y el último es el control hegemónico de un actor armado. Por ejemplo, a Ituango lo clasificamos en una dinámica de confrontación derivada del posacuerdo, allá están las disidencias de los frente 36 y 18 de las Farc en una disputa abierta con las Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como el Clan del Golfo) por el control de los corredores del narcotráfico y las rentas ilícitas. Ese también es el caso de Valdivia, donde encontramos presencia no solamente de las Agc, sino también de estructuras armadas del Eln.
En cambio Tarazá el año pasado era un escenario de disputa, pero para 2021 lo hemos clasificado como un escenario de control hegemónico de un actor armado, el Clan del Golfo. Aunque hay un matiz porque en su zona sur todavía hacen presencia las disidencias de las Farc y estructuras del Eln.
¿En cuáles municipios se manifiestan dichas expansiones de las conflictividades urbanas?
El caso de Betania y Ciudad Bolívar lo ponemos en un escenario de expansión de la conflictividad urbana, pues para 2020 hubo una presencia fuerte del grupo del Valle de Aburrá denominado La Oficina. Lo que se está notando es la presencia del Clan del Golfo y a este grupo hay qué hacerle dos lecturas: cuando hace presencia en zonas rurales y los centros poblados dispersos se comporta con las dinámicas propias de una estructura paramilitar, pero su actuación en lo urbano tiene dinámicas de estructuras criminales que derivan rentas de las plazas de vicio, la venta de estupefacientes y el control del microtráfico. Hay que entender cómo esa estructura asume ciertas dinámicas dependiendo de los contextos en los que esté. Este tipo de estructuras que hacen presencia han comenzado a desarrollar otras dinámicas con respecto a la extorsión, y lo que nos preocupa como organización es que se asuma una violencia muy paramilitar, dado que ciertos actores en el territorio para protegerse acuden a estas estructuras, y que haya una dinámica de confrontación.
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¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes denominan conflictividades urbanas y las disputas que se generan tras la firma del Acuerdo de Paz?
A lo que nos referimos como expansión de conflictividad es urbanas, básicamente, nos referimos a las lógicas aprendidas desde los 90 con respecto a los grupos delincuenciales. Los llamamos así porque nos damos cuenta de que estructuras armadas del Valle de Aburrá, combos como popularmente se les denomina, se están comenzando a expandir. Mandan a personas con experiencia a estos municipios para el cobro de extorsión, administración de plazas y que ejercen cierta violencia armada cuando la consideran necesaria. Hay municipios del suroeste, pero también del oriente, del Magdalena Medio y parte del norte y nordeste. Por ejemplo, tenemos claro que la estructura de La Miel, que delinque en el sur del Valle de Aburrá (La Estrella, Caldas), tiene personas que delinquen en el suroeste antioqueño.
En el escenario de confrontación tras el posacuerdo, la lógica del conflicto es diferente. No solo son los grupos guerrilleros, en este caso disidencias de la Farc y el Eln, sino también grupos herederos de las estructuras paramilitares, como los Caparrapos, de los que hay pocos miembros. Pero ahora quedan las Agc, que pese a la captura de Otoniel este año, hemos percibido que su control es muchísimo más fuerte que en 2020, porque los municipios donde han logrado hacerse con el control hegemónico han crecido.
¿Cómo le fue al departamento en materia de homicidios?
Sobre la situación en general de los derechos humanos, en Antioquia, podemos sacar una conclusión de que hay una leve desmejora con respecto al año pasado. Por ejemplo, para este año se han registrado un total de 1.610 homicidios, de los que el 94 % fueron hombres y el 6 %, mujeres, lo que representó un aumento de 110 casos frente a 2020, es un incremento del 5,68 %. Nos preocupa que la violencia vaya subido y que eso esté anudado con factores de conflictividad en los territorios. También preocupa que tanto el año pasado como este hayamos ocupado el segundo lugar, después del Valle del Cauca, respecto a los homicidios en el país.
En cuanto a las subregiones, el Valle de Aburrá sigue siendo la región que aporta la mayoría de los casos, con 480 para 2021, lo que es natural si tenemos en cuenta que aquí se concentra más del 60 % de la población del departamento. Luego sigue el suroeste, con 225, y Bajo Cauca, con 178 casos; Urabá, con 168, y norte, con 162. Destacamos en este informe que 43 municipios tienen una tasa por encima de 47,56 homicidios por cada 100.000 habitantes, el doble de la tasa departamental, que es de 23,7. En porcentajes representa un 56 % de los municipios de Antioquia que tienen una tasa de homicidios que dobla la tasa departamental.
¿Cuáles son los municipios que generan mayores alertas con respecto a dicho delito?
Preocupan los municipios que tienen una tasa por encima de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. En los primeros lugares están Tarazá, Valdivia, Betania e Ituango, que son los más complejos en este asunto en el departamento. Ituango también se destaca por haber sido el escenario del mayor desplazamiento que se ha presentado este año, con casi 4.000 personas que fueron hasta el casco urbano. Y es que en estos municipios no solo preocupan los homicidios, sino también la violencia relacionada con las amenazas, los desplazamientos individuales y colectivos, casos de homicidios a defensores y defensoras, líderes y lideresas de derechos humanos.
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¿Cuáles son las cifras relacionadas con los homicidios a líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia?
En Antioquia se registraron este año 21 casos de homicidios a líderes y lideresas, el año pasado fueron 29. Donde más casos hubo fueron tres en Dabeiba y dos en Cáceres y Remedios. Dos fueron indígenas, uno en Murindó y otro en Dabeiba.
El balance que hicieron tuvo un componente de enfoque de género, especialmente por la participación de organizaciones como Vamos Mujer. ¿Qué encontraron relativo al tema, especialmente sobre feminicidios?
En cuento a feminicidios encontramos el poco criterio que tienen diferentes entidades del Estado para unificar las cifras referentes a estos delitos. Las instituciones que hacen las investigaciones sobre las causas de esta vulneración a las mujeres no tienen un criterio de unificación. Para esto miraron las cifras de Medicina Legal y de la Policía Nacional, que presentan diferencias entre sí.
En cuanto a casos de desapariciones, ¿cuál es el balance?
Fueron 578 casos y aumentaron con respecto al año pasado. De ellos, 216 corresponden a mujeres y 363 a hombres, aún 251 permanecen desaparecidos, 284 aparecieron vivos y 44 se encontraron muertos. Caucasia (19), Rionegro (16), San Pedro de los Milagros (5), Cáceres (5), Guarne (5) y Remedios (5) son los municipios con más casos de desaparecidos en Antioquia, sin contar el Valle de Aburrá. Respecto a este, es la subregión con más casos, con 318, también es la de mayor población; le sigue el oriente antioqueño y nuevamente Bajo Cauca. Siempre el Bajo Cauca aparece como una subregión donde la situación de derechos humanos no mejora y permanece con unos niveles de violencia que pueden considerarse estructurales y endémicos.
¿Cuál fue el panorama de los confinamientos y desplazamientos en el territorio?
Hubo confinamientos en Vigía del Fuerte y Dabeiba de 528 y 974 personas, respectivamente. Mientras que los municipios de más desplazamientos fueron son Cáceres Ituango, Dabeiba, Frontino y Peque. Dabeiba tiene una particularidad dado que los desplazamientos y confinamientos que se presentaron allí fueron de población indígena y étnica.
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Los derechos humanos en Antioquia en medio del estallido social
Para hablar de la situación de derechos humanos en Antioquia 2021 es relevante el contexto del estallido social que se vivió con intensidad en el país entre el 28 de abril y el 31 de julio, durante las protestas por el Paro Nacional. Las manifestaciones en el departamento se concentraron principalmente en el Valle de Aburrá y, sobre todo, en Medellín.
El balance del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), con cifras de Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes/as Sociales y Defensores/as de Derechos Humanos en Antioquia, encontró numerosas vulneraciones que se dieron en el marco de la protesta social. “Establecimos que hubo dos asesinatos de manifestantes, 715 privaciones arbitrarias a la libertad y poco más de 186 torturas o tratos crueles y degradantes. También hubo 21 amenazas y 57 judicializaciones”, dice Andrés Mauricio Soto Taborda, investigador de la entidad.
Por otra parte, contra la protesta social hubo 44 hostigamientos, 40 usos inadecuado de armas de menor letalidad, 29 agresiones indiscriminadas. “Nos dimos cuenta de que los picos de desapariciones en el departamento coincidieron con los meses del estallido social”, asegura Soto. Y añadió que “hay una relación entre las manifestaciones, la protesta social y el aumento de las vulneraciones a los derechos humanos, particularmente en Medellín”.
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Además, la entidad informa que se presentaron vulneraciones específicas contra los defensores y defensoras de derechos humanos, seis fueron los casos de torturas y tratos crueles, tres detenciones arbitrarias y 13 casos de obstrucción a su labor. Contra personal médico fueron ocho obstrucciones a labor APH, 12 casos de tortura o tratos crueles y una privación de la libertad. Mientras que los periodistas fueron víctimas de nueve torturas o tratos crueles, seis hostigamientos, tres obstrucciones a la labor y tres privaciones arbitrarias de la libertad.