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Uno de los grandes retos del Acuerdo de Paz entre las antiguas Farc y el Gobierno Nacional ha sido su implementación. En el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Étnico y Territorial (PDET), por ejemplo, nació un concurso de méritos para seleccionar a cerca de 6.000 docentes interesados en trabajar en zonas afectadas por el conflicto. En Antioquia y Córdoba fueron seleccionados 1.733 maestros, entre docentes y directivos docentes. Sin embargo, parte de esa población hoy está siendo blanco de amenazas por parte de grupos armados ilegales.
Las amenazas tienen un común denominador: se difunden por medio de un panfleto y aparecen firmadas por presuntos miembros de las disidencias de las Farc. En el caso puntual de Antioquia, el riesgo se agudiza en Ituango, donde oficialmente la Secretaría de Educación de ese departamento confirmó las intimidaciones de las que son víctimas los más de 120 nuevos docentes que fueron seleccionados para las plazas de la zona rural. En un principio, las amenazas fueron hechas de manera general. Sin embargo, a medida que los maestros llegan al territorio las amenazas se están individualizando.
Luz Aída Rendón, subsecretaria de Educación de Antioquia, explica que para atender esta situación está el comité de amenazas -conformado por la Defensoría del Pueblo, la Policía, la Unidad Nacional de Protección, la Asociación de Institutores de Antioquia y la Secretaría de Educación-, donde se exponen los casos puntuales de amenazas. “Nosotros elevamos 48 casos de amenazas a docentes, pero de esa cifra solo acogieron a seis profesores, porque eran los únicos que tenían amenazas directas. Los seis docentes serán trasladados para zonas posconflicto, pues ellos se presentaron fue para eso y deben pasar un período de prueba de tres meses en el territorio”, detalla Rendón.
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Aunque el traslado de los docentes es una medida inmediata, la subsecretaria de Educación de Antioquia considera que no es la solución al problema: “Si se trasladan tengo que coger de la lista de elegibles otros 48 profesores, esos 48 también podrían ser amenazados, porque no están amenazando a los profesores por algo individual, sino por ser docentes que llegan a Ituango. Se terminaría convirtiendo el problema en una puerta giratoria, porque docente que llega, docente que se amenaza; entonces llegaría el momento donde la planta no nos va a dar. Buscamos soluciones a fondo”.
El concurso de méritos fue desarrollado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante las convocatorias 601 a 623 de 2018, donde se convocó de manera pública y abierta a la ciudadanía y se inscribieron más de 120.000 aspirantes para las vacantes ofertadas en 119 municipios, de 23 departamentos, golpeados históricamente por el conflicto armado. En Colombia, los territorios PDET están distribuidos en 11.000 veredas de 170 municipios.
En el sur de Córdoba, por ejemplo, hay cinco municipios reconocidos como PDET: Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia. En esa subregión también fueron amenazados los maestros seleccionados para enseñar en los territorios. Ermen Martínez, presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), denunció que hay 633 docentes y directivos docentes en riesgo. “Esta situación comenzó a presentarse desde finales de 2020. En ese momento apareció un primer panfleto amenazando a los maestros. Decían que, como en Ituango, iban a tomar decisiones en Córdoba. No permitirían que los maestros nombrados por concurso de méritos entraran al territorio, porque según iban algunos infiltrados”, detalló Martínez.
Aunque las amenazas se vienen alertando desde hace varias semanas, a las oficinas de la Gobernación de Córdoba llegó la voz hace poco, pues solo hasta el 20 de abril de este año se adelantó un consejo de seguridad para hacerle frente al tema. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, solo dijo que “está en investigación con las autoridades competentes para entender de dónde vienen esas amenazas, para darles a ellos y a todos los docentes las garantías de seguridad”. Entre tanto, los docentes no saben el origen de las amenazas, pues aunque el panfleto está firmado por el frente 18 Román Ruiz, conformado por disidentes de las Farc, nada ha sido confirmado por las autoridades competentes.
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Andrés Aponte, experto en lógicas del conflicto armado en Colombia, dijo a El Espectador que las amenazas no están dándose solo por la particularidad de ser profesores. “Los actores armados en algunas situaciones, y sobre todo en zonas donde se están librando interacciones armadas por el dominio del territorio, no les interesa que llegue gente desconocida al territorio (...) En algunas ocasiones estos grupos armados los pueden interpretar como si fueran agentes vinculados a procesos de inteligencia del Estado para dar golpes armados o que estén vinculados al oponente con el que están luchando el territorio”, explicó Aponte.
Los grupos armados que se encuentran en esas subregiones son: el Clan del Golfo, que tiene mayor predominancia en el sur de Córdoba, y algunas disidencias de las Farc, que se constituyeron luego de la desmovilización de la extinta guerrilla. En el Bajo Cauca están el Clan del Golfo, los llamados Caparros -que anteriormente eran aliados del Clan del Golfo-, y en el último tiempo se ha dado una expansión del Ejército de Liberación Nacional (Eln), desde el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño.
Aponte comentó que Ituango es un corredor estratégico para sacar la droga del Bajo Cauca, y que la presencia de las disidencias de las Farc está más enfocada en las actividades ilícitas y la criminalidad: “Si uno ve ese rearme obedece más a querer mantener el control sobre esa economía ilegal, no tanto a cuestiones ideológicas y políticas, que no quiere decir que las haya. Cuando un actor armado tiene mucho más interés en regular la economía, va a ser más débil en términos de apoyo social, y cuando pasa eso tienden a desplegar más violencia para instaurar un orden”.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), a través de Nelson Alarcón, expresidente y actual miembro ejecutivo, rechazó estos hechos y aseguró que las amenazas también se han registrado en otras regiones como Caquetá y Tolima. Sin embargo, eso no ha sido confirmado en esas regiones. “Si el Gobierno puede reubicar a los maestros, inmediatamente se ve afectada la comunidad educativa, porque se quedan sin profesor. Si no toman medidas rápidas y contundentes para nombrar el docente que requiere la comunidad, entonces también se ve afectada directamente por estas circunstancias. Nosotros rechazamos todo este tipo de violencia. Nos parece atroz lo que viven hoy los maestros y maestras en esas regiones”, agregó Alarcón.