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La temporada de lluvias ha causado graves emergencias en Medellín. Este año, según el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo (DAGRD), se han presentado 996 incidentes, de los cuales 362 han sido deslizamientos. Pero esto no es nuevo. En junio de 2021, en el barrio Villatina, un deslizamiento afectó trece viviendas, dañó dos vehículos y dejó a 35 personas sin hogar por el alto riesgo y aunque se establecieron acciones para su regreso, hasta ahora no se ha hecho nada.
En respuesta, el pasado 30 de junio, la comunidad conmemoró, con helados y globos, el primer año de la emergencia para llamar la atención de la Alcaldía, pero la única respuesta del alcalde Daniel Quintero se dio en una sesión del Concejo, en la que culpó a la oposición por la falta de atención, refiriéndose al hundimiento del proyecto que permitía la venta de acciones de UNE.
Al respecto, el concejal Daniel Duque (Alianza Verde) cuestionó el tinte político que le dio el alcalde y la responsabilidad de la administración en cuanto a prevención. “Quintero dice eso porque le hundimos el proyecto de acuerdo que buscaba la enajenación de las acciones de UNE. Lo que no dice es que él ha dicho cuatro posibles destinaciones para los recursos de esa venta: primero para el Plan de Desarrollo, luego para un plan de reactivación para los jóvenes, luego para los sobrecostos de Hidroituango, luego para el plan de inversiones de EPM, y ahora está diciendo que va para la temporada invernal. La plata de la venta de UNE no podría convertirse en plata de bolsillo. Ahora bien, hay factores externos de la temporada invernal que no dependen de la Alcaldía, sino de la crisis climática y las condiciones topográficas de Medellín”.
Para Érika Castro Buitrago, experta en ambiente y ordenamiento territorial, el tema no es solo de recursos. “¿De qué sirve que en Medellín exista una política de protección a moradores, un plan de gestión de riesgo de desastres y uno de acción climática y todavía se atienda a las víctimas como sujetos de solidaridad del Estado? Ellos merecen un trato justo y una reparación de sus derechos”.
Son varios los ejemplos. En las laderas y los bordes de quebradas se han establecido barrios ilegales, que habitan generalmente desplazados del departamento. Para Buitrago, esto es importante, ya que cada año, cuando ocurre una emergencia por lluvias, no se tiene en cuenta la situación de estas familias. “Una de las fallas de la administración está en el diagnóstico de la vulnerabilidad social por desastres y mecanismos de atención que den seguridad jurídica basados en el reconocimiento y la inclusión de las víctimas”.
Por esto, muchos de los damnificados siguen viviendo en Villatina pese al riesgo. “Hoy por hoy, lo único que le pusieron al derrumbe fueron plásticos. Hemos instado a todas las secretarías de Medellín, pero no hemos tenido respuesta”, dijo Wilson Osorio, edil de la comuna 8, en la sesión plenaria del Concejo del 29 de junio.
De la misma forma, aunque el DAGRD ha recomendado 615 evacuaciones, en comunas como Popular, Manrique, Villa Hermosa y corregimientos, estas medidas no son atendidas.
En el caso de la unidad Atavanza, en Rodeo Alto, en el sur de Medellín, los problemas comenzaron desde que recibieron los apartamentos, pero el hecho más grave ocurrió el 2 de marzo de 2021, cuando les tocó evacuar a las 3 a.m. por un derrumbe que afectó la piscina. Hace dos semanas, un nuevo hecho se presentó tras la caída de un muro de contención que taponó la carrera 82, que es la salida de doce unidades residenciales más (Pilar del Rodeo, Dominica, Florence, Jardines del rodeo, Arcoíris, Parques del Rodeo, Colinas del Rodeo, Vereda El Remanso, Vereda El Manzanillo, Parques de la Sierra, Arboleda del Rodeo y Mirador de Arboleda). “Somos 10.000 afectados. Ahora tenemos la vía inhabilitada para transporte público, solo se abrió un carril pequeño para que pasen motos y transeúntes”, cuenta Catalina Echeverry, residente de Atavanza.
Después de la primera emergencia se concluyó que se requerían 48 anclajes para evitar nuevos deslizamientos, pero en lugar de eso, la constructora Covin S.A. hizo un muro de contención de 176 toneladas, que fue el que cayó.
Ese muro ahora debe ser demolido, porque representa un nuevo riesgo. La constructora se comprometió a hacerlo, pero los habitantes temen que sigan incumpliendo. “Estos días el trabajo ha sido lento porque Covin debió traer por lo menos cuatro equipos de demolición y hasta ahora solo hay dos. Una urbanización está en riesgo por esta situación: si el muro se mueve le caería encima”, dijo Diana Duque, líder del Rodeo Alto.
Sobre esto, Echeverry dice que la constructora no quiere responder. “El representante legal nunca aparece y siempre envían ante la Alcaldía a alguien que no puede tomar decisiones. Tampoco se acogen a lo que les dice el DAGRD, que les pidieron dos informes, uno de tránsito y otro de demolición, que no han hecho. La vía no se puede abrir porque no hay un plan estructurado y el DAGRD no los puede obligar, porque es un predio privado”.
La Alcaldía tampoco ha tomado acciones concretas. La movilidad es reducida y temen que haya un nuevo derrumbe, esta vez de alguna de los edificios o entre las torres 2 y 3, donde pusieron plásticos. “Si algo sucede y el terreno se desliza, puede comprometer la estabilidad de ambas torres”, dice Catalina. A la espera de la respuesta de la constructora, que dice que no cuenta con los recursos para hacer las intervenciones, los habitantes de la zona piden acciones urgentes, en especial sobre la vía, ya que el miedo es que, como en Villatina, no lleguen las soluciones y, en cambio, el problema se agrave.
