Lo que se discute de la venta de acciones en Tigo-Une en el Concejo de Medellín
Este próximo sábado 17 de agosto, el Concejo de Medellín comienza la discusión del proyecto de acuerdo para la enajenación de las acciones de EPM en Tigo-Une.
Esta semana se instalaron las sesiones extraordinarias en el Concejo de Medellín, en las que estuvo presente el alcalde Federico Gutiérrez, que presentó como una de sus principales apuestas sacar adelante la enajenación de las acciones que tiene EPM en Tigo-Une, es decir, que se le permita a la alcaldía vender su participación accionaria.
La discusión estuvo marcada por los abucheos que recibió el alcalde Federico Gutiérrez, en medio de su intervención, por parte de asistentes que le gritaron “pícaro” y “Fícaro”. En respuesta, el mandatario aseguró que los verdaderos pícaros son otros. “¿Quieren encontrar pícaros? Ustedes los conocen, los que los trajeron acá y todos los de atrás que se robaron a Medellín (...), ¿quieren encontrar pícaros? Están en el Gobierno nacional que ustedes defienden y proclaman”.
Más allá de la pelea, lo que por estos días acapara la atención en el Concejo es el inicio de las discusiones de la enajenación, que aunque fue promovida en cuatro ocasiones por la alcaldía de Daniel Quintero, no logró salir adelante. Ahora, parece que Fico Gutiérrez, a diferencia de su antecesor, tiene un mejor camino. ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué se busca con la venta de las acciones?
¿Por qué se quieren vender las acciones de Tigo-Une?
Para entender lo que pasa es necesario recordar que en 2014, durante la administración de Aníbal Gaviria, EPM (Empresas Públicas de Medellín) y Millicom firmaron un acuerdo para fusionar al operador público de Medellín UNE y el privado Tigo, con la condición de que EPM se quedaría con el 50 % de las acciones más uno, mientras que el privado se encargaría de toda la parte administrativa.
La idea de enajenar las acciones surgió en 2017, luego de que se recibieron recomendaciones de dos firmas consultoras con respecto a las inversiones en el sector de las telecomunicaciones de EPM. Por un lado, el consultor Oliver Wyman consideró que la mejor opción era “salir íntegramente del negocio”, mientras que la firma McKinsey recomendó enfocarse en los proyectos propios de su objetivo empresarial, es decir, los servicios públicos y la generación de energía.
En palabras de John Maya, gerente de EPM, lo que desde ese momento se ha considerado es que: “esta industria de las telecomunicaciones es una muy intensiva en capital, la tecnología cambia muy rápidamente y eso implica que todo el sistema sea necesario casi que cambiarlo y esa intensidad en capital arrastra a los servicios. Lo que EPM hace, como la prestación de servicios domiciliarios en términos de generación de energía, distribución, agua, gas; habría que destinarlos para las telecomunicaciones”, lo que no lo haría del negocio rentable.
La cláusula de protección
El afán por vender las acciones tiene una justificación. Dentro del acuerdo que se estableció con Millicom hay una cláusula con la que se busca proteger el patrimonio público, que primero iba hasta diciembre de 2024, pero que se extendió hasta diciembre de 2026, luego de que se acordó la capitalización por $600 mil millones, en la que EPM entregaría la mitad de la inversión. Lo que permite esa cláusula es que la entidad pública pueda vender su parte accionaria sin consultar al privado, pero si eso no se da en el tiempo establecido, la única salida sería vender toda la compañía y Millicom ya ha dicho que no está interesada en ello.
La alcaldía se apega de la cláusula para poner en venta sus acciones, pero no es un proceso fácil, pues puede tardar más de dos años (el tiempo que queda para que se venza la cláusula), ya que EPM debe ofrecer primero las acciones al sector solidario (trabajadores, extrabajadores, pensionados y sindicatos entre otros) y luego al público general, antes de ofrecer a Millicom la parte accionaria restante.
Sumado a esto, John Maya, gerente de EPM, señala que es necesario acelerar la enajenación, dado que el precio de las acciones se ha deteriorado. “El valor en libros de las acciones que tenía EPM en el año 2022 están por el orden de $2.3 billones. En ese mismo año hubo un deterioro declarado de esas acciones que valieron más o menos $1 billón. Eso es lo que hace es que ya el valor en libros con ese deterioro que se dio en el año 22 quedara en $1.3 billones, sin embargo, a finales del año 2023 hubo una capitalización hacia UNE de $600.000 millones, de los cuales 300.000 le correspondían a EPM como participante en ese 50%, entonces el valor en libros que se tiene en este momento es de 1.6 billones de pesos”.
¿En qué se usará el dinero de la venta de Tigo-Une?
Uno de los argumentos de Federico Gutiérrez para solicitar la enajenación de acciones es que, según él, a diferencia de la administración de Quintero, se tendrían claro en qué se usarían los recursos. Lo cierto es que dentro de los cuatro artículos que tiene el proyecto de acuerdo no se especifica con claridad la destinación, pero el mandatario ha recalcado que el dinero no saldrá de EPM y se usará para:
-Una actualización de redes que permita integrar colegios y hospitales a la red de fibra óptica de EPM.
-Programas educativos que garanticen becas para aprender idiomas y nuevas tecnologías.
-Un fondo de inversión para start-ups
-La construcción de una estación de transferencia y valorización de residuos para su aprovechamiento
Críticas
Desde la oposición se han cuestionado los tiempos. El concejal Jose Luis Marín, conocido como Aquinoticias ha llamado la atención sobre los tiempos que se tiene para debatir el proyecto, pues se espera que la plenaria haga la votación final el 20 de agosto. “En una semana vamos a debatir y aprobar cinco proyectos que son importantes para Medellín, entre los que está la enajenación de las acciones de Tigo-Une. El argumento no puede ser que en el pasado se discutió mucho. El 90 % del Concejo se renovó”.
A la par, la Veeduría todos por Medellín ha pedido que se tenga mayor claridad con la inversión que se hará de los recursos, dado que a pesar de que la administración ha insistido que el dinero se quedaría dentro de EPM para promover proyectos dentro de la entidad, destacan que uno de los cuatro planes presentado no estaría dentro de la misionalidad de la empresa, mientras dos van a encaminados a cumplir metas del plan de desarrollo de Gutiérrez.
Por último, cuestionan los estudios detrás de la propuesta y mayor claridad con el valor de las acciones, dado que, señala la veeduría, no se tendrían documentos de soporte sobre el deterioro en las acciones en un billón de pesos en dos años.
Por lo pronto, el Concejo programó para el próximo sábado una sesión en la que se continuará con el debate del proyecto, en el que se esperan conocer más posturas y detalles de la propuesta.
Esta semana se instalaron las sesiones extraordinarias en el Concejo de Medellín, en las que estuvo presente el alcalde Federico Gutiérrez, que presentó como una de sus principales apuestas sacar adelante la enajenación de las acciones que tiene EPM en Tigo-Une, es decir, que se le permita a la alcaldía vender su participación accionaria.
La discusión estuvo marcada por los abucheos que recibió el alcalde Federico Gutiérrez, en medio de su intervención, por parte de asistentes que le gritaron “pícaro” y “Fícaro”. En respuesta, el mandatario aseguró que los verdaderos pícaros son otros. “¿Quieren encontrar pícaros? Ustedes los conocen, los que los trajeron acá y todos los de atrás que se robaron a Medellín (...), ¿quieren encontrar pícaros? Están en el Gobierno nacional que ustedes defienden y proclaman”.
Más allá de la pelea, lo que por estos días acapara la atención en el Concejo es el inicio de las discusiones de la enajenación, que aunque fue promovida en cuatro ocasiones por la alcaldía de Daniel Quintero, no logró salir adelante. Ahora, parece que Fico Gutiérrez, a diferencia de su antecesor, tiene un mejor camino. ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué se busca con la venta de las acciones?
¿Por qué se quieren vender las acciones de Tigo-Une?
Para entender lo que pasa es necesario recordar que en 2014, durante la administración de Aníbal Gaviria, EPM (Empresas Públicas de Medellín) y Millicom firmaron un acuerdo para fusionar al operador público de Medellín UNE y el privado Tigo, con la condición de que EPM se quedaría con el 50 % de las acciones más uno, mientras que el privado se encargaría de toda la parte administrativa.
La idea de enajenar las acciones surgió en 2017, luego de que se recibieron recomendaciones de dos firmas consultoras con respecto a las inversiones en el sector de las telecomunicaciones de EPM. Por un lado, el consultor Oliver Wyman consideró que la mejor opción era “salir íntegramente del negocio”, mientras que la firma McKinsey recomendó enfocarse en los proyectos propios de su objetivo empresarial, es decir, los servicios públicos y la generación de energía.
En palabras de John Maya, gerente de EPM, lo que desde ese momento se ha considerado es que: “esta industria de las telecomunicaciones es una muy intensiva en capital, la tecnología cambia muy rápidamente y eso implica que todo el sistema sea necesario casi que cambiarlo y esa intensidad en capital arrastra a los servicios. Lo que EPM hace, como la prestación de servicios domiciliarios en términos de generación de energía, distribución, agua, gas; habría que destinarlos para las telecomunicaciones”, lo que no lo haría del negocio rentable.
La cláusula de protección
El afán por vender las acciones tiene una justificación. Dentro del acuerdo que se estableció con Millicom hay una cláusula con la que se busca proteger el patrimonio público, que primero iba hasta diciembre de 2024, pero que se extendió hasta diciembre de 2026, luego de que se acordó la capitalización por $600 mil millones, en la que EPM entregaría la mitad de la inversión. Lo que permite esa cláusula es que la entidad pública pueda vender su parte accionaria sin consultar al privado, pero si eso no se da en el tiempo establecido, la única salida sería vender toda la compañía y Millicom ya ha dicho que no está interesada en ello.
La alcaldía se apega de la cláusula para poner en venta sus acciones, pero no es un proceso fácil, pues puede tardar más de dos años (el tiempo que queda para que se venza la cláusula), ya que EPM debe ofrecer primero las acciones al sector solidario (trabajadores, extrabajadores, pensionados y sindicatos entre otros) y luego al público general, antes de ofrecer a Millicom la parte accionaria restante.
Sumado a esto, John Maya, gerente de EPM, señala que es necesario acelerar la enajenación, dado que el precio de las acciones se ha deteriorado. “El valor en libros de las acciones que tenía EPM en el año 2022 están por el orden de $2.3 billones. En ese mismo año hubo un deterioro declarado de esas acciones que valieron más o menos $1 billón. Eso es lo que hace es que ya el valor en libros con ese deterioro que se dio en el año 22 quedara en $1.3 billones, sin embargo, a finales del año 2023 hubo una capitalización hacia UNE de $600.000 millones, de los cuales 300.000 le correspondían a EPM como participante en ese 50%, entonces el valor en libros que se tiene en este momento es de 1.6 billones de pesos”.
¿En qué se usará el dinero de la venta de Tigo-Une?
Uno de los argumentos de Federico Gutiérrez para solicitar la enajenación de acciones es que, según él, a diferencia de la administración de Quintero, se tendrían claro en qué se usarían los recursos. Lo cierto es que dentro de los cuatro artículos que tiene el proyecto de acuerdo no se especifica con claridad la destinación, pero el mandatario ha recalcado que el dinero no saldrá de EPM y se usará para:
-Una actualización de redes que permita integrar colegios y hospitales a la red de fibra óptica de EPM.
-Programas educativos que garanticen becas para aprender idiomas y nuevas tecnologías.
-Un fondo de inversión para start-ups
-La construcción de una estación de transferencia y valorización de residuos para su aprovechamiento
Críticas
Desde la oposición se han cuestionado los tiempos. El concejal Jose Luis Marín, conocido como Aquinoticias ha llamado la atención sobre los tiempos que se tiene para debatir el proyecto, pues se espera que la plenaria haga la votación final el 20 de agosto. “En una semana vamos a debatir y aprobar cinco proyectos que son importantes para Medellín, entre los que está la enajenación de las acciones de Tigo-Une. El argumento no puede ser que en el pasado se discutió mucho. El 90 % del Concejo se renovó”.
A la par, la Veeduría todos por Medellín ha pedido que se tenga mayor claridad con la inversión que se hará de los recursos, dado que a pesar de que la administración ha insistido que el dinero se quedaría dentro de EPM para promover proyectos dentro de la entidad, destacan que uno de los cuatro planes presentado no estaría dentro de la misionalidad de la empresa, mientras dos van a encaminados a cumplir metas del plan de desarrollo de Gutiérrez.
Por último, cuestionan los estudios detrás de la propuesta y mayor claridad con el valor de las acciones, dado que, señala la veeduría, no se tendrían documentos de soporte sobre el deterioro en las acciones en un billón de pesos en dos años.
Por lo pronto, el Concejo programó para el próximo sábado una sesión en la que se continuará con el debate del proyecto, en el que se esperan conocer más posturas y detalles de la propuesta.